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El último secretariado de las antiguas Farc reconoció que reclutó, violó, torturó, asesinó y desapareció a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado del país. Los seis miembros de esa cúpula, hoy comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no solo aceptaron su responsabilidad directa en estos crímenes sino que, por primera vez, pidieron perdón por haberle arrebatado la infancia al país.
A través de una carta, los exguerrilleros admitieron los crímenes que se convirtieron en una práctica frecuente, cruel y dolorosa en todos los territorios del país. Aunque se trata de un hecho histórico, las heridas quedaron y todavía cuesta dimensionar el daño a los niños y niñas.
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El Espectador conoció la carta de cinco páginas que se firmó el pasado 27 de enero de 2026 en la que Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez reconocieron los flagelos a los que sometieron a niños, niñas y adolescentes que se llevaron a la guerra de manera forzada.
Estos siete exjefes guerrilleros fueron imputados por la JEP en el 2024 como máximos responsables dentro del caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto La Sala de Reconocimiento de Verdad detalló los patrones criminales que rompieron la niñez del país.
Reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas. Esas fueron las conductas por las que la JEP determinó que los seis comparecientes, con sus acciones y omisiones, durante su vida activa en la antigua guerrilla de las Farc son responsables de la violencia contra los niños y niñas que engrosaron sus filas.
En total, el tribunal especial determinó que 18.677 menores de edad fueron reclutados y utilizados en la guerra por las Farc entre 1971 y 2016, tiempo en el que estuvo activa esa guerrilla.
En esa línea de tiempo, la JEP identificó particularmente que en el periodo de 1996 a 2016 se registró la mayor recurrencia de los hechos, teniendo picos de reclutamiento en 1999 cuando el conflicto estaba en uno de sus momentos más intensos, se dio inicio a los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, se creó la zona de distensión en San Vicente del Caguán y se aprobó el Plan Colombia; en 2002, cuando se rompieron los diálogos en el Caguán, se impulsó la política de “seguridad democrática” tras la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia y se dio un giro radical de la negociación a la confrontación militar directa; en 2007, cuando hubo un tránsito hacia un debilitamiento progresivo de la guerrilla; y en 2013, cuando el conflicto entró nuevamente en la fase negociada con el gobierno de Juan Manuel Santos y desembocó en el Acuerdo Final de Paz en 2016.
Tras contextualizar los picos de reclutamiento, el tribunal especial destacó que, durante esos periodos de extrema violencia, no solo hubo reclutamiento de menores, sino que la gran mayoría fue víctima de múltiples violencias, en especial las niñas, quienes fueron sometidas a violencia sexual y reproductiva, fueron obligadas a abortar y recibieron malos tratos derivados de estos procedimientos.
En algunos casos, incluso, vivieron el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias. El 19% del universo de víctimas fueron sobrevivientes de esos abortos forzados. A eso se le suma la violencia sexual. Cerca del 18% de las víctimas reclutadas reportaron haber padecido violencias sexuales intrafilas, y el 24% reportaron violencia de género.
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Hasta la actualidad, el 31% de las víctimas reclutadas aún permanecen desaparecidas. La JEP ha escuchado a 761 familias de niñas y niños reclutados que nunca regresaron a casa y que hoy no saben dónde están. La infancia reclutada en esos periodos no alcanzaba ni siquiera los 15 años. El 62% de las víctimas individuales tenían 14 años o menos cuando fueron reclutadas. Gran parte de los niños y niñas pertenecían a población indígena, 9.027 víctimas pertenecían a seis Pueblos Étnicos: Pueblo Koreguaje, en Caquetá; Pueblo Hitnu, en Arauca; Pueblo Barí, en Norte de Santander; Pueblo Sikuani, en Guaviare; Pueblo Cubeo, en Vaupés; y Consafro, ubicado en Valle del Cauca.
“Este fenómeno se dio principalmente en áreas rurales y con altos niveles de pobreza. La sala determinó que los niños y niñas reclutados sufrieron la pérdida de la esencia de la niñez y la anulación de la posibilidad de forjar su propia identidad. El reclutamiento y utilización de niñas y niños pertenecientes a Pueblos Indígenas agravó el riesgo de extinción física y cultural de estos pueblos”, señaló la JEP, que además determinó que las afectaciones más profundas derivan de la exposición permanente a la muerte, así como a la ansiedad y sufrimiento generados por diferentes violencias sufridas dentro de las filas.
Tras la imputación del alto tribunal, en julio de 2025, los siete exintegrantes del último secretariado de la Farc respondieron por escrito a la JEP por medio de una carta en la que aceptaron su responsabilidad en los miles de reclutamientos forzados de menores y los vejámenes cometidos en su contra. “Este reconocimiento de responsabilidades pleno lo afirmamos expresamente y deja sin efecto cualquier afirmación contenida en escritos previos que pudiera interpretarse en un sentido contrario, incluidos los contenidos del escrito de observaciones radicados por nuestra parte el día 7 de julio de 2025 o en fechas posteriores”.
De esa forma, los exjefes guerrilleros reconocen “sin ambigüedades” los patrones criminales que encontró la JEP, en la investigación que lideró la magistrada Lily Rueda Guzmán, sobre esta práctica criminal. Asumimos de manera consciente nuestra responsabilidad como máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera, respecto a los hechos y conductas que se procesan en este expediente del Caso 07. (…) Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluye la carta en manos de la JEP.
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