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Se llamaba Selene Rodríguez Hernández. Tenía 29 años cuando, en mayo de 2008, llegó a la sala de espera de la Casa Amiga, en Ciudad Juárez, norte de México. Las psicólogas del centro, especializado en atender a mujeres vulnerables en una ciudad que desde 1993 había visto morir asesinadas a más de 400 mujeres, le preguntaron cuál era el motivo de su visita. Selene, maltratada durante ocho años por su esposo, respondió con determinación: “Vine porque en diciembre salí de casa y lo dejé. Creo que eso es lo mejor”.
Ni las psicólogas del centro ni sus amigos ni su madre la vieron nunca meter droga. Pero un mes y medio después su cuerpo sin vida apareció tirado en un lote baldío, con las venas del brazo izquierdo amoratadas. “Murió por sobredosis”, dijo El Diario, de Ciudad Juárez, al otro día. Hasta ahí llegó el caso.
La historia de Selene reposa hoy en algún archivo de las oficinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Forma parte del amicus curiae enviado a esta institución por organizaciones sociales del estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, dentro de la demanda que actualmente analiza un juez interamericano en contra del Estado mexicano. Se trata de un caso histórico: la sentencia, que deberá ser emitida antes de noviembre, sería la primera relacionada con la incapacidad de México para prevenir la violencia de género.
Las muertas y los muertos
Son tiempos cruciales para las mujeres de Ciudad Juárez. “El fallo de la Corte penalizaría a un Estado que se ha preocupado por simular la justicia en vez de impartirla”, explica Irma Casas, directora encargada de Casa Amiga, que desde 1993 registra el número de mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez. Para 2002, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su indagación, 268 “jóvenes mujeres, obreras de las maquiladoras o estudiantes, algunas menores de edad, habían sido violadas, estranguladas o acuchilladas, y sus cadáveres aparecieron abandonados en las inmediaciones de la ciudad”, se lee en el informe de la comisión.
Hoy, sin embargo, algo preocupa a las mujeres en Chihuahua: su estado, especialmente Ciudad Juárez, se ha convertido en un campo de batalla, de múltiples enemigos, que en cuestión de un año y medio hicieron que los asesinatos se dispararan y el terror se convirtiera en pan de cada día. En agosto, 300 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez. El peor mes de su historia en el peor año de su historia: 1.457 muertes desde enero. Con esa tasa, según un informe presentado la semana pasada por la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Ciudad Juárez alcanzó el puesto de la ciudad más violenta del mundo.
¿Y las mujeres de Juárez? Confundidas, perdidas en el mar de tiros y decapitados, mensajes amenazantes y aterrados silencios que deja a su paso la compleja guerra que le declararon el cartel de Sinaloa y el ejército de manera independiente pero simultánea al tradicionalísimo cartel de Juárez.
‘It didn’t begin yesterday’
Desde su oficina en la Universidad de Texas, en El Paso, el profesor Howard Campbell puede ver los techos de Juárez. Por años, mientras enseñaba en la Universidad, escuchaba los tiros de las bandas y las historias de los protagonistas de un negocio que necesariamente compromete ambos lados de la frontera. De tanto ser testigo de excepción de esta historia, terminó estudiándola. En un mes lanza su libro Drug War Zone, un retrato antropológico del ir y venir del narcotráfico entre Juárez y El Paso.
“Ciudad Juárez nació hace un siglo como una ciudad del contrabando”, explica Campbell. Primero fueron las redes de tráfico de alcohol, en tiempos de la prohibición de los años 20; en los 50 llegó la heroína y treinta años después, en un pequeño pueblo que se volvería leyenda, Ojinaga, comenzaron a aterrizar las avionetas cargadas con cocaína colombiana. Entre tanto, narra Campbell, “Ciudad Juárez se convirtió en un espacio de cantinas, un refugio de burdeles por donde siempre pasaban las estrellas”.
En 1994 llegó el TLC con Estados Unidos. Se incrementaron las maquilas y los camiones, llegaron inmigrantes y subió el flujo de la frontera. Desde ese momento aumentaron los crímenes contra las mujeres; sin embargo, con el cartel de Juárez dominando gran parte del Estado, y a excepción de algunas purgas internas, Chihuahua y su ciudades, dominadas por Amado Carrillo Fuentes (el Señor de los Cielos, amo de Juárez) y su familia, respiraron algo de estabilidad. “Aquí todo era tranquilo cuando había sólo un cartel”, se quejó recientemente Fidel Chávez, alcalde de Villa Ahumada, Chihuahua.
Todo era tranquilo antes de marzo de 2008, cuando comenzó la guerra.
La batalla por Juárez
Durante muchos años, Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del cartel de Sinaloa, traficó droga por Chihuahua gracias a un sólido pacto con el cartel de Juárez. Pero una serie de choques entre ambos grupos y la alianza de este último con el clan de los Beltrán Leyva (sus enemigos) desataron su furia. El Chapo, rápidamente, conformó un grupo élite de 500 sicarios-espías que se infiltraron en Juárez y otras ciudades.
En marzo de 2008 El Chapo comenzó a ganar terreno, sin saber que al mismo tiempo otro grupo armado se preparaba a pelear contra el cartel de Juárez: el ejército. Bajo las órdenes del presidente Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas pusieron a marchar el Comando Operativo Chihuahua: 8.800 militares entrarían desde entonces al estado para acabar con la red de corruptela entre la policía estatal, las autoridades y los narcos.
Con la entrada del ejército se ha abierto un nuevo y aún turbio capítulo en esta historia. “Ya no les tenemos miedo sólo a los carteles, ahora estamos entre los militares también. Esta es una guerra contra la gente”, dice Irma Casas. Ella comparte su preocupación con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien, ante el Congreso mexicano, manifestó preocupación por el incremento de denuncias por “varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública en 2007 y 2008”.
Las denuncias llevaron a sectores demócratas en Estados Unidos a pedir que se retenga el 15% de la ayuda antinarcóticos estipulada en el Plan Mérida. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, respaldó a Calderón y a comienzos de agosto afirmó que en México “los carteles de la droga son los mayores violadores de Derechos Humanos”.
Del otro lado de la frontera, donde se respira una calma inquietante, el profesor Howard Campbell se pregunta por qué, mientras que en Juárez se han contabilizado 1.453 asesinatos, en El Paso se registraron sólo 9. “Es la percepción de los narcos”, dice, “tienen una visión demasiado exagerada de nuestra justicia”, y advierte: “Tarde o temprano se van a dar cuenta que en El Paso también pueden delinquir” y entonces “aquí también la violencia se incrementará en el futuro”.
Un presupuesto polémico
El gobierno mexicano presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuestos para el año 2010, que incluye un recorte del gasto y una subida de impuestos para compensar la caída de ingresos. La propuesta del presidente Felipe Calderón no cayó muy bien en muchos sectores que critican al mandatario de enfrascarse en una guerra contra el narcotráfico y descuidar de paso otros frentes importantes del país.
Uno de sus más duros contradictores ha sido Andrés Manuel López Obrador, quien le advirtió al presidente que no permitirá un incremento de impuestos para el próximo año. El gobierno contempla gravar con IVA alimentos y medicinas, así como aumentar las tarifas de la luz, gasolina y gas.
La caída del hombre fuerte
Cuando Felipe Calderón llegó al poder decidió que la lucha contra el narcotráfico sería el eje de su mandato y encargó a dos hombres la difícil misión. A uno, Genaro García Luna, lo puso al frente de la policía; y a otro, Eduardo Medina Mora, lo nombró procurador general de la República. Sin ninguna explicación, Calderón decidió prescindir de Medina Mora. Dicen que el relevo de uno de sus baluartes en la lucha contra el crimen organizado fue la falta de resultados. Las medidas contra el narcotráfico no están alcanzando los resultados acordes con el esfuerzo que su gobierno ha hecho. El próximo, dicen en mentideros políticos, será García Luna.