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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro tiene 300 artículos y cuesta $1.154 billones. Una propuesta que su gabinete respalda, mientras otros sectores critican porque consideran que otorga facultades que un jefe de Estado no debe tener. El proyecto es ambicioso, pues plantea cambios como la superación de la pobreza y el hambre, que antes ya había estado en otros planes, y habla sobre justicia ambiental y otros retos que se fijó el actual Gobierno al escuchar los diálogos vinculantes en más de 100 municipios para armar su estrategia de trabajo.
Una inclusión fue lo que buscó el Gobierno Petro, pero en materia de justicia, ¿qué le depara al país durante los próximos cuatro años? Para empezar, el plan de inversión que tiene pronosticado hacer para “la seguridad humana y justicia social”, entre los años 2023 y 2026, tendrá un costo que alcanza los $744 billones. Es decir, casi el 65 % del total de la inversión que se hará en todo el Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa, en esta materia, no es otra cosa que hacer una transformación a la política social para que se proteja la vida con seguridad jurídica, económica y social.
El Espectador le puso la lupa a las propuestas que están consignadas en el articulado. Aquí les contamos cuáles son las más importantes en materia de seguridad y justicia.
1). Traslado de la Policía a otro ministerio: Es una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y, en el PND, ya quedaron planteadas las reglas: su traslado debe garantizar una “nueva arquitectura institucional” y ratificar que su carácter es netamente civil. Esa intención estaba sobre la mesa desde el año pasado, pero se dejó a un lado para darle prioridad a otras reformas. La Policía está a la espera de un traslado y cambios estructurales que hacen volcar su rumbo hacia un ámbito civil. Lo que se dijo es que la intención de Petro es capacitar a los miembros de esa fuerza, eliminar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y dejó claro que debe haber una veeduría ciudadana.
2). Creación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad: Esa tarea la tuvo durante un poco más de cuatro años la Comisión de la Verdad que fue creada tras el Acuerdo de Paz de las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos. La entidad cumplió su ciclo el año pasado y con un informe final de recomendaciones culminó su labor. El mandato Petro, según el PND, pretende crear nuevamente ese escenario.
Aunque el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) juega un papel importante en la labor de dejar plasmada la memoria histórica del conflicto armado en el país, también tendrá, entre sus roles, un mecanismo no judicial que será implementado en los acuerdos de paz y sometimientos a la justicia que adelante este Gobierno.
3). Atención integral a la violencia contra la población LGBTI: Los llamados de atención por parte de los entes de control por este flagelo fue escuchado por el Gobierno Petro que quiere crear un mecanismo para definir las rutas, los procesos y procedimientos de prevención, atención e investigación en casos de violencia contra la población LGBTIQ+.
Los Ministerios de Igualdad, Defensa, Justicia, Interior, Salud y Trabajo, así como la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura tendrán la tarea de adelantar mesas de trabajo con la finalidad de erradicar todo tipo de discriminación y desigualdad contra esta población.
4). Creación del Sistema de Monitoreo de las violencia de género: La intención es centralizar la información de los casos de violencia que existen en el territorio nacional y crear las rutas de prevención para evitar revictimización y hacer seguimiento al punto para que cada caso, si es necesario, llegue a instancias judiciales. La prioridad, además, es que quienes denuncien no se encuentren con barreras para acceder a un proceso judicial digno.
“Se fortalecerá el modelo de atención de las casas de acogida y refugio, así como las capacidades territoriales para implementar medidas de atención y protección con enfoque intersectorial y étnico-territorial”, resalta las bases del documento.
5). Consejo Nacional de Lucha contra deforestación y crímenes ambientales: Desde que empezó campaña, el presidente Gustavo Petro también perfiló sus iniciativas hacia el tema ambiental y el cambio climático. En lo que concierne a este punto, en el PDN dejó claro que se creará un consejo nacional que promueva la defensa por el agua y la biodiversidad. Las acciones que estarán a cargo de los Ministerios de Defensa, Justicia, Agricultura, Salud y la Procuraduría tendrán la finalidad de detener la deforestación e implementar nuevas estrategias para la reforestación.
“El país ha sido incapaz de frenar la pérdida de biodiversidad causada por la deforestación y la ineficiencia en su regeneración, llevando a la inevitable disminución de los servicios ecosistémicos que soportan el aparato productivo y a la sociedad. Durante los próximos años se transitará de la depredación de los recursos naturales a la protección efectiva de la mega diversidad de Colombia”, resalta el documento.
6). Nueva política nacional de drogas: La propuesta será participativa e influyente. Así lo consignó el PND. La pretensión de Petro es fomentar una política con una proyección a 10 años orientada al cuidado de la vida, la protección ambiental, la prevención del consumo, la reducción de riesgos y daños, la regulación justa y responsable, la justicia social, la transformación cultural y el liderazgo internacional.
Según el documento base del Plan, se modificará la legislación vigente en los siguientes temas: regulación de usos alternativos de la planta de coca; uso adulto, producción y comercialización del cannabis; usos para fines medicinales, terapéuticos, industriales y científicos de sustancias psicoactivas; y protección del uso ancestral y popular, priorizando la participación de los campesinos y de las comunidades étnicas.
7). Creación del Sistema de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas: Aunque esa labor la cumple la actual Unidad de Búsqueda que nació del Acuerdo de Paz y aún tiene una vigencia de 15 años, el gobierno Petro busca implementar un Plan Nacional con una política pública integral que dé respuestas integrales sobre el paradero de las personas desaparecidas. La intención estará liderada por la actual Unidad y el Ministerio de Justicia.
“Permitirá el diseño de una política pública integral participativa de protección de derechos de las víctimas para la prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas”, expone el documento.
8). Condiciones de reclusión y resocialización para indígenas: Esta es una de las 14 facultades que el Plan Nacional de Desarrollo otorga para que el presidente promueva, en seis meses, un decreto ley en donde fundamente y deje en firme algunas particularidades de este tema. Muchos han reprochado esa intención porque consideran que le está quitando la competencia al Congreso de realizar las leyes.
En este caso, el gobierno Petro le está poniendo la lupa a la crisis carcelaria. De hecho, una de las más recientes las decisiones de la Corte Constitucional es que en el PND se implementen acciones que permitan superar la vulneración masiva de derechos humanos de la población carcelaria. En este caso, la administración de Petro lo está haciendo con enfoque diferencial.
9). Sistema de defensa jurídica del Estado: La creación de este sistema, según el Gobierno Petro, tiene la finalidad de crear un conjunto de políticas y de rutas de articulación e instrumentos jurídicos orientados a garantizar la política pública de defender jurídicamente el Estado. La iniciativa tiene la intención también de ”propiciar la generación y circulación de buenas prácticas y administrar los recursos que permiten hacer una gestión eficiente del ciclo de defensa jurídica, promoviendo la disminución del impacto fiscal derivado de la litigiosidad”.
El sistema estará liderado por la Agencia Nacional Jurídica del Estado que es la que se encarga de adelantar litigios en contra de la Nación, ya sean nacionales e internacionales.
10). Fortalecer las comisarias de Familia: Durante el Gobierno Duque, el exministro de justicia Wilson Ruiz propuso sacar adelante un proyecto para fortalecer las comisarias de familia, sobre todo en regiones apartadas del país. Esa intención tendrá continuidad con la actual administración. En cabeza del ministro de Justicia, Néstor Osuna, el Gobierno diseñará un plan que promete mejorar los servicios que prestan esta entidades.
En este caso, lo que busca el ejecutivo es que se garantice el enfoque de género, la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la estandarización en los registros de las medidas de protección, las sanciones impuestas y otros datos con el fin de prevenir, proteger, y reparar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género y otras violencias en el contexto de la familia.
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