Otra iniciativa del Gobierno que fracasa por no seguir las normas

Siguiendo con la colección de buenas ideas del Gobierno que se estrellan con instancias judiciales por no cumplir con los trámites democráticos adecuados, el Consejo de Estado acaba de suspender provisionalmente la circular que prohibía contratos de prestación de servicios por más de cuatro meses en el Estado. Se trata de una medida cautelar pendiente de una revisión de fondo, pero llama la atención que el argumento utilizado sea similar al de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia en La Guajira: se está reemplazando la función del legislador. La administración Petro debe insistir en la formalización del empleo público, pero debe incluir en esas consideraciones al Congreso para poder darle solidez y duración en el tiempo al cambio propuesto.

La Circular 100-005-2022 empezó a regir en enero de este año. En el marco del Plan de Formalización del Empleo Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública firmaron esa medida que busca evitar la proliferación de contratos por prestación de servicios en el Estado. Se trata de un cambio ordenado desde Presidencia y uno que respaldamos: no tiene sentido que uno de los mayores empleadores del país funcione desde la precariedad laboral, con miles de personas año a año teniendo que terminar sus contratos y esperando a que los vuelvan a incluir en la nómina. Los gobiernos no pueden ser defensores de las leyes laborales y al mismo tiempo abusar de la prestación de servicios, cuando es claro que la función que cumplen la mayoría de personas que trabajan en el Estado tiene las características de un contrato laboral.

El problema, como ya ha pasado en varias ocasiones durante la administración Petro, es que la solución no se tramitó por las vías adecuadas. Según la medida cautelar del Consejo de Estado, la circular podría violar el artículo 150 de la Constitución, que le da al Congreso la facultad de regular las normas de contratación pública. Es decir que si el Gobierno quiere insistir, debería buscar una reforma en el Legislativo. Aunque, no sobra advertir, falta la decisión de fondo del Consejo de Estado, pero las razones para mantenerse en esa postura son claras.

Un resultado colateral positivo de la suspensión de los efectos de la circular es que los ministerios y las entidades del Estado han tenido problemas para cumplir con la modificación de sus plantas de trabajadores a la brava. Si bien es necesaria una reestructuración profunda, esta toma tiempo, pues el Gobierno lleva muchos años trabajando a punta de prestación de servicios. La otra pregunta que surge es si el estatuto laboral, y la reforma que el gobierno Petro tiene planeado presentar, se ajusta a la realidad de las necesidades de las empresas de los sectores privado y público. ¿La precarización incluso en el Estado nos estará pidiendo una alternativa más allá del contrato laboral como se entiende en la actualidad?

En todo caso, hay que insistir. El Estado debe dar ejemplo, y eso incluye la contratación. En la Casa de Nariño solo deben utilizar las herramientas que la Constitución les da para los cambios que desean.

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