¿Coma inducido?

 El Gobierno sostiene que no hay motivo de alarma. Insiste en que el aumento del déficit es el fruto de una deliberada política keynesiana, dirigida a contrarrestar el impacto de la contracción de la economía internacional y la debilidad de la demanda interna. Proclama que, después de la crisis, la situación fiscal volverá, por sí sola, al equilibrio. Plantea, en forma vaga e imprecisa, que el boom de minería y petróleo podría darle cuantiosos recaudos al Gobierno en el mediano y largo plazo.

 La mayoría de los economistas bien informados es menos optimista. Piensa que cuando la economía colombiana vuelva a crecer, la situación no retornará automáticamente a la normalidad. Señala que incluso si el megadéficit fue buscado —como algunos comas inducidos que después se convierten en irreversibles—, la recuperación fiscal no se logrará sin varias cirugías.

Múltiples razones explican por qué la crisis fiscal no se solucionará por sí sola:  (i) sin una eliminación de las generosas exenciones y gabelas tributarias, se prevé una pérdida permanente de los impuestos de renta; (ii) se esperan varios años de estancamiento en la economía mundial, un fenómeno que frenará la recuperación de la actividad económica doméstica y los recaudos tributarios; (iii) los entes territoriales ya están comenzando a generar déficit (Bogotá es el caso más destacado), después de que durante varios años sus  superávit amortiguaron los desequilibrios del Gobierno Central.

  Hay, además, graves presiones sobre el gasto público: (i) el sistema de salud está desbaratado (los problemas de este sector justifican, por sí solos, una reforma); (ii) el régimen público de pensiones tiene boquetes crecientes que todos los años aumentan el déficit; (iii) los egresos del futuro gobierno están hipotecados por las vigencias futuras; (iv) una parte de los gastos de seguridad de largo plazo no está financiada; (v) la Corte Constitucional exige que se realice una serie de nuevos gastos a favor de los desplazados.

 Un indicador de la gravedad del problema es el tamaño del déficit primario, o sea, el exceso del gasto corriente sobre el ingreso corriente, de más del 1% del PIB. El país se está endeudando aceleradamente para pagar una parte de los gastos de funcionamiento y para servir los intereses. La tendencia explosiva de la deuda del Gobierno es alarmante. Del 32% en 2004, llegará a cerca del 40% del PIB al final de este año. A este ritmo podría alcanzar el 50% en 2013.

El mismo FMI, una entidad ahora complaciente con el desarreglo fiscal, señaló que Colombia sólo podría recobrar el grado de inversión si, primero, reduce la relación de su deuda contra el PIB. El corolario es inevitable: si la deuda, en lugar de bajar, sigue subiendo, el país podría, más bien, enfrentar una reducción de su calificación crediticia en los próximos años.

Cualquier gobierno que comience en agosto —independientemente de lo que los candidatos hayan dicho en la campaña— tendrá que hacerle frente a la difícil situación fiscal que heredará. Sin una reforma, el coma podría ser indefinido.