Muchos demonios del país resumidos en el caso Aguilar

La captura del ahora exsenador Richard Aguilar resume muchos de los demonios que aquejan la administración de justicia en Colombia. El político de Cambio Radical, y quien fue gobernador de Santander, renunció a su curul, un acto necesario por la dignidad del cargo, pero que se lee como una estrategia jurídica para intentar huirle a la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una táctica muy común por parte de los aforados que terminan investigados en el alto tribunal. Adicionalmente, los contratos objeto de investigación ubican los reflectores sobre el grupo político de los Aguilar, que sigue mandando en Santander a pesar de tener sospechas en su contra y un líder condenado por vínculos con el paramilitarismo.

Por supuesto que Richard Aguilar debía renunciar al Senado. En Colombia los funcionarios suelen tener poca consideración por la dignidad del cargo que ostentan. Cuando hay investigaciones que se derivan en capturas o en procesos formales en su contra, por el bien de la legitimidad de las instituciones, la persona involucrada debe retirarse del puesto. ¿Eso viola su presunción de inocencia? No, tiene derecho a defenderse, pero hacerlo sin representar al Estado colombiano y a sus instituciones en el proceso. Es un acto mínimo de respeto por la ciudadanía.

En el caso de Richard Aguilar, por ejemplo, su captura le impide cumplir sus funciones. Pero más allá de eso, que el alto tribunal tenga suficientes pruebas para iniciar el proceso es un golpe a la ya desprestigiada Rama Legislativa. Entonces lo natural es que presentara su carta de renuncia, como lo hizo ayer.

Sin embargo, esa estrategia suele tener consideraciones menos altruistas. Al renunciar, lo que buscan muchos investigados es que la Corte Suprema de Justicia pierda competencia y caer en manos de la Fiscalía. Por qué alguien se sentiría más tranquilo con el ente investigador que con una alta magistratura es una pregunta por resolver. Pero el punto es que una renuncia necesaria y honrosa no debería ser motivo para que la Corte pierda su competencia. El fuero está diseñado para garantizar que los altos cargos sean juzgados por los niveles más altos de la Rama Judicial, ¿por qué interrumpir ese beneficio mediante renuncias que entorpecen los procesos?

Otra consideración merecen los hechos del cargo. Al exsenador se le acusa de pedir coimas para asignar contratos, presionar para que se le contraten a personas cercanas a su familia y concierto para delinquir cuando fue gobernador. Gravísimo. De ser todo probado, ¿dónde quedan las responsabilidades políticas? ¿Cómo responde su partido? ¿Qué pasará en Santander, donde su hermano, Mauricio Aguilar, es el actual gobernador? Su padre, Hugo Aguilar, condenado por vínculos con paramilitares, sigue siendo una figura de alta influencia en el departamento. Los delitos de sangre no existen, muy claro está, pero los réditos políticos sí se heredan. ¿Afectará en el electorado esta noticia?

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