«La ley no pretende bajar las penas contra violadores»: Fiscal Camilo Burbano

¿Cómo defiende la Fiscalía la idea de darles rebajas de pena a personas que abusen de los niños?

Existen dos posturas que en últimas quieren lo mismo: que las personas que han atentado contra los niños, sean judicializadas. Una de ella dice que esto se logra a través de lo que actualmente plantea la ley, pero es una postura que no funcionó como lo comprueban los datos. Lo que nosotros proponemos puede parecer en un principio impopular, pero que busca que efectivamente que se judicialicen a esta personas. No se trata de una postura a favor o en contra de los niños, todos pretendemos lo mismo. Existen datos estadísticos que demuestran que desde el momento en que se instauró la prohibición de negociar con estos delincuentes –según lo estableció el Código de Infancia y adolescencia en 2006– empezaron a descender las cifras de condenas por estos delitos.

¿Cuáles son estas estadísticas?

Esa tendencia de judicialización iba subiendo entre 2005 y 2006 cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio, con un porcentaje de un 37% de personas procesadas. Pero cuando la prohibición empezó a regir, el número de personas condenadas y judicializadas disminuyó. En el 2007 baja casi al 20% yen 2014 llegó al 4%. La razón, estamos perdiendo la información que puedan dar estas personas en un proceso de judicialización.

¿Qué busca entonces este proyecto de ley, específicamente en el tema de los delitos en los que menores de edad son víctimas?

Frente a un grupo de delitos, entre los que se incluye en los que son víctimas menores de edad –no solo delitos sexuales–, tener la posibilidad llegar a acuerdos de colaboración con la justicia par que podamos judicializar, no solo a esta persona, sino a todas las que estén involucradas en los hechos investigados. No buscamos impunidad, pero lastimosamente con las concepciones que tiene concebidas la ley lo que se produce es esa situación. Un ejemplo clásico es una red de pornografía infantil, a la que se le capturan quienes venden los productos y no las cabezas de una organización. Eso pasa todos los días y al no poder negociar, la investigación se demorará mucho más. Mientras más tiempo pasa, más víctimas pueden caer.

¿Los reclamos de la directora del ICBF, Cristina Plazas, son justificados? Ella dice que a los violadores deberían pagar cadena perpetua…

Es una discusión mucho más profunda que no es de materia penal sino constitucional. Además de las implicaciones éticas. Lo que sucede es que en Colombia está prohibido la cadena perpetua y la pena de muerte, no solo porque la constitución lo dice, sino que los tratados internacionales firmados por el Estado lo establecen. Para poder hablar de eso no se requiere, ni siquiera, una reforma constitucional, sino deshacer los tratados internacionales que tiene el país, lo que es claramente inconveniente.

Entiendo que esta es una propuesta que presentaron Fiscalía y ministerio de Justicia en conjunto…

El proyecto de ley no pretende bajar peas para violadores. El proyecto es muy amplio que tiene más de 240 artículos que lo que busca es que el sistema penal acusatorio funcione mejor. Eso incluye una gran cantidad de cosas, por ejemplo: la eliminación de audiencias innecesarias en el sistema, que los jueces tengan las herramientas suficientes para evitar la dilación de los procesos, que las investigaciones sean más eficientes.

Estos reclamos son producto de una falta de comunicación entre entidades o por falta de conocimiento del proyecto….

Esto se da porque es un tema sensible. Sabíamos que esto iba a pasar, no es una novedad. Lo que estamos pidiendo, a los medios, a la ciudadanía y a los legisladores, es que las decisiones de política criminal sean fundamentadas en datos y no apasionamientos. Queremos que no se basen en los sentimientos sino en el resultado real de lo que se da en la práctica judicial.

¿Cuál será la estrategia para que esta reforma al Código Penal no se hunda en el Congreso?

En el Congreso hay gente muy capaz que se les puede explicar los datos y fundamentos para que entiendan la propuesta. Todos buscamos lo mismo, que los delincuentes queden presos.

De caerse el proyecto de ley, cuáles serían las consecuencias, porque en éste también se presenta la propuesta de sometimiento de bandas criminales…

Lo que recoge la reforma al Código de Procedimiento Penal tiene el tema de sometimiento de bandas criminales, de pequeñas causas, de la eliminación de la audiencia de imputación, aunque no del acto, los mecanismos de justicia restaurativa. No creo que el proyecto como tal se vaya a caer. De pronto si el Congreso considera que los argumentos son insuficientes para cambiar la política criminal, en este punto específico (delitos contra menores), seguramente que el resto pasará.