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“No basta que la mujer de César sea honesta, también tiene que parecerlo” es una frase que se le atribuye al emperador Julio César, al dirigirse a su esposa, Pompeya. Él estaba seguro de que ella no le había sido infiel, pero le reprochaba que se sospechara que sí lo había sido.
Algo similar parece estar sucediendo con el ministro de Hacienda y con quienes argumentan que sus actuaciones no fueron ilegales. Es probable que esto sea cierto, y le corresponde a las autoridades competentes determinarlo.
Sin embargo, el debate de moción de censura en el Congreso inevitablemente debe llevarnos a cuestionar el trasfondo ético de las decisiones y actuaciones de los servidores públicos, quienes están llamados a manejar y proteger los bienes y recursos públicos, así como a anteponer el bien general a los intereses particulares. Es decir, debe generar una reflexión sobre la importancia no solo de ser, sino de parecer.
Por ejemplo, si bien el ministro Carrasquilla ya había renunciado a su cargo cuando se pusieron en marcha los llamados bonos de agua que él ideó y, por ende, cuando asesoró su implementación, él más que nadie tenía información privilegiada que lo favoreció a él y a sus socios en la estructuración del negocio.
De otra parte, el hoy ministro y sus defensores aducen que él no tiene la culpa de que los municipios destinatarios de los bonos no hubieran tenido la capacidad de ejecutar los acueductos que se debían haber realizado y de evaluar las implicaciones financieras para sus municipios. ¿Acaso es un secreto que la institucionalidad de muchos de los municipios del país, en especial de los más pequeños, es débil y que con frecuencia sus funcionarios no cuentan con los conocimientos y el personal calificado para implementar ese tipo de proyectos? Si alguien debía saberlo era el ministro encargado de manejar las finanzas públicas. Pero aparentemente lo ignoró.
De otra parte, no todo lo que es legal es legítimo. Con frecuencia los gobernantes y quienes detentan posiciones de poder justifican sus actuaciones que son cuestionadas con el argumento de que son legales y acordes con el marco jurídico. Pero no por ello necesariamente son legítimas, sobre todo si con conocimiento se causan daños a personas y grupos sociales o se comete una injusticia. Algo similar ocurre con los impedimentos de los servidores públicos derivados de sus eventuales conflictos de intereses. Los hay jurídicos, pero también los hay éticos, que son más difíciles de identificar y, en consecuencia, más fáciles de eludir.
Por ejemplo, cuando personas que han representado grandes intereses económicos privados pasan a desempeñar altos cargos públicos en las áreas afines a su anterior gestión, se corre el riesgo de que las políticas públicas inherentes a su cargo sean capturadas por determinados grupos de interés y que haya una incidencia indebida de particulares en las decisiones públicas. O que, una vez se retiren, utilicen o compartan información en beneficio propio o de terceros.
Ellos, más que nadie, no solo deben ser honestos, sino parecerlo.
* Miembro de La Paz Querida.
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