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No. No son gajes del oficio. No podemos normalizar el acoso judicial, ni el matoneo, ni el hostigamiento, ni la obstrucción, directa o indirecta, al trabajo de los periodistas en nuestro país.
La tutela a María Jimena Duzán por sus valientes y necesarias columnas sobre el caso Odebrecht no solo es sospechosa de origen, sino que se salta todos los referentes del sentido común. Su intención es obvia, ponerle freno, amedrentarla, y de paso a todos los colegas. Como ella, según la FLIP, son 33 reporteros presionados por quienes dicen defender la Constitución y la ley.
Igualmente reprobable es la andanada rabiosa del furibismo y sus bodegas contra la comunicadora Mónica Rodríguez, víctima en el pasado y presente del matoneo en redes sociales, del hostigamiento contra su persona y de la estigmatización por decir lo que piensa, el más sagrado de los derechos que subyacen a nuestros acuerdos sociales. Como ella suman este año 24 colegas víctimas de estigmatización y 30 de hostigamiento, al decir de la FLIP.
Pero ahí no cesa la avanzada. Está de moda que unos funcionarios impidan o les digan a otros qué pueden responderle a la prensa, como el reciente caso del director de la cárcel Modelo al exdirector de la ANI, obstruyendo el acceso a la información de los reporteros y constriñendo la libertad de expresión del exfuncionario.
También parece ser directriz que los funcionarios eviten a los comunicadores, como se dice que pasó con el ministro de Vivienda en Cúcuta y en La Guajira, y como ha pasado en otros casos precedentes, como el ministro Carrasquilla, que muestran la incomodidad del poder con la fiscalización.
La presión o seducción con la pauta publicitaria, la amenaza en sus variadas versiones, el acoso y los ataques viscerales son todos graves atentados contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho ciudadano de estar informados sobre las veleidades del poder. Hace falta más que solidaridad en redes. Están yendo demasiado lejos.
www.mariomorales.info y @marioemorales
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