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La Cámara de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este miércoles formalizar la investigación de juicio político (‘impeachment’) contra el presidente Joe Biden, lanzada por los conservadores. Esas pesquisas se habían abierto en septiembre de forma unilateral por el entonces presidente de ese hemiciclo, Kevin McCarthy, y los republicanos esperan ahora que su validación por 221 votos a favor y 212 en contra les facilite el acceso a información, documentos y testimonios.
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“La Casa Blanca está bloqueando testimonios claves”, criticó en el debate parlamentario el presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, James Comer, que está al frente de esa investigación y que calificó a la misma de “importante y necesaria”. Los republicanos tienen en su punto de mira los supuestos negocios de la familia Biden con “adversarios” del país, como China, aprovechando sus lazos políticos.
La oposición acusa al mandatario demócrata de haber utilizado sus influencias, cuando era vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama, para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en unos supuestos negocios irregulares con esos “enemigos”. Comer coordina las pesquisas con los representantes del Comité Judicial, Jim Jordan, y del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith.
En este tiempo, según el ahora presidente de la Cámara, el también republicano Mike Johnson, los comités han concluido que la familia Biden recibió más de US$15 millones de empresas y gobiernos extranjeros de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China, entre 2014 y 2019. Sus socios habrían recibido otros US$9 millones.
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Hunter Biden fue convocado este miércoles para declarar a puerta cerrada al respecto, pero incumplió su citación, alegando que quiere que su testimonio sea público. Según señaló Comer, que planea denunciarlo por desacato, el hecho de que rechazara hablar reforzó la necesidad de que el hemiciclo formalizara la investigación y de que el presidente y su familia “rindan cuentas por su corrupción”.
“Esta gente no trabaja para los estadounidenses, sino para Donald Trump”, lamentó en el debate el congresista demócrata Jim McGovern, para quien la investigación en marcha es una continuación de la “cruzada” emprendida por los republicanos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.
La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede ser destituido de su cargo en un juicio político si cometió “delitos o faltas graves”. Llegado el momento, la Cámara de Representantes debe votar si presenta cargos contra el actual mandatario, pero la potestad de destituir al presidente del país recae posteriormente en el Senado, donde los demócratas tienen actualmente el control.
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