Política social de derechos

La Constitución de 1991 constituyó el avance social más importante del medio siglo. De un lado, se establecieron los derechos fundamentales económicos en términos de salud, educación, vivienda digna y trabajo, y, de otro lado, se estableció como prioridad de la política fiscal el gasto social para garantizar su cumplimiento. Más aún, se adoptaron normas procedimentales como la ampliación de la participación de las transferencias regionales en la salud y la educación, la universalidad de la salud y el acceso de la fuerza de trabajo al sistema pensional.

Sin embargo, no se avanzó en un marco coherente que permitiera configurar la política social alrededor de los derechos. Así, en la misma Constitución se abrió camino a la autonomía del banco central para reducir la inflación, la apertura comercial y las privatizaciones que aumentaron la desocupación y arrasaron el empleo formal. Todavía más lamentable, los gobiernos y el Congreso introdujeron reformas y reglamentaciones que modificaron el espíritu social de la carta.

La primera digresión la realizaron los presidentes Gaviria y Uribe en la Ley 100. En virtud de esta ley, se entregó la salud y las pensiones al lucro individual. Las Empresas Promotoras de Servicio (EPS) quedaron en posición de recibir las cotizaciones y entregar los servicios que les produjeran la mayor ganancia. Por su parte, los fondos privados de pensiones (AFP) quedaron en capacidad de movilizar la principal fuente de ahorro para beneficio de una cúpula. No obstante que las cotizaciones se duplicaron, las pensiones son muy inferiores a las del sistema público y el acceso de los estratos bajos no es ni del 4%.

El golpe más certero provino de la contrarreforma adoptada durante la administración Pastrana, que derogó la norma de incrementar las apropiaciones regionales para la salud y la educación hasta atender la totalidad de las necesidades. En su lugar, se estableció que dichos gastos debían incrementarse en una cuantía igual a la inflación más dos puntos, y como la inflación de los servicios es mayor que la del promedio, en la práctica significó su congelación. Los resultados están a la vista. Entre 1999 y 2010 el gasto en educación en términos de ingreso per cápita bajó de 15 a 12% en primaria, de 17 a 14% en secundaria y de 37 a 26% en educación superior.

Lo grave es que a tiempo que se redujo el gasto por estudiante en los colegios oficiales, se permitió que las dependencias privadas elevaran sus matrículas por encima de la inflación. El sistema educativo se hizo más discriminatorio e ineficaz.

Por otra parte, el bajo crecimiento de los recursos destinados a la salud agravó las contradicciones del sistema. A tiempo que los afiliados al Sisbén aumentaban en forma descontrolada, los recursos disminuían. En la actualidad el gasto asignado a la mayoría de los afiliados del sistema colapsado llega a $150.000 anuales, lo que constituye una afrenta al principio de la universalidad establecido en la Constitución.

En fin, la Constitución suministró las bases para una política social de derechos y le concedió una clara prioridad al gasto social para hacerlo efectivo. Los buenos propósitos se vieron arruinados por las reformas neoliberales y, en particular, por el traslado de la prioridad social del presupuesto al gasto militar y la sostenibilidad fiscal representada en el superávit primario. Al final, se cayó en un asistencialismo de educación y salud de baja calidad y entrega de subsidios a título personal. El acceso del 50% de la población en estado de pobreza al gasto público no llega siquiera a ese porcentaje.

De seguro, ninguno de los candidatos en la contienda propondría un escenario como el descrito. Sin embargo, la historia está llamada a repetirse mientras se mantengan las instituciones y las prioridades neoliberales que predominaron en los últimos veinte años. Por eso, las promesas sociales de campaña no deben ser evaluadas por los ríos de miel de la propaganda, sino por los medios y la voluntad de comprometer los pilares de la economía en su cumplimiento.