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El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal podría decirse que va a la mitad. La Fiscalía ya presentó en total a sus 37 testigos, dio a conocer grabaciones, imágenes, audios y documentos con los que busca probar ante el Juzgado 44 Penal de Bogotá que el líder natural del Centro Democrático ordenó comprar testimonios a su favor. Esto, dice el ente investigador, con el fin de que lo desvincularan de otros procesos en los que se le señalaba de estar ligado a grupos paramilitares.
Durante los 32 días de audiencias de juicio, que comenzaron el pasado 6 de febrero, y que se vieron suspendidas en un par de ocasiones por las tutelas presentadas por la defensa del exmandatario contra la jueza que lleva el caso, la Fiscalía habló con investigadores, políticos y exparamilitares. En sus pruebas expuso audios de cómo, al parecer, el abogado Diego Cadena, quien fuera defensor de Uribe Vélez, habría sido clave para recolectar testimonios a su favor en diferentes cárceles del país. Según la teoría de la Fiscalía, el denominado “abogangster” ofreció dádivas a los presos para conseguir sus declaraciones.
Ahora el turno es para la defensa, la cual pondrá sobre la mesa al menos 70 testigos, incluidos el propio Uribe Vélez y el abogado Cadena. Para los abogados del exjefe de Estado, el proceso responde a una persecución política y buscan tumbar de tajo la idea de que el exmandatario intentó, a través de emisarios, comprar testimonios. Este lunes 5 de mayo será la defensa quien llame a su primer testigo al estrado, que será el propio Uribe. Pero antes, y dada la etapa en la que se encuentra el proceso, Jaime Granados Peña, abogado titular del también exsenador, habló con El Espectador y dio sus puntos de vista sobre lo actuado hasta ahora y lo que está por venir. Esta entrevista hace parte de una entrega de dos conversaciones, pues este diario también dialogó con el senador Iván Cepeda Castro, víctima acreditada en el expediente.
Ahora que terminan los testigos de la Fiscalía, ¿qué sensación le deja esta primera tanda de declaraciones?
Lo más importante siempre en una defensa es enfrentar el caso de la Fiscalía con las pruebas que trae al juicio, porque aquí no se trata de discursos sino de pruebas. Y lo que encontramos en esta etapa, en la que la Fiscalía se concentró en 37 testimonios y una serie de documentos, es que no hay ni una sola prueba que, en lo más mínimo, comprometa la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en algún acontecer delictivo. No hay ningún testigo en este juicio que haya señalado al expresidente de determinar a alguien para que faltara a la verdad, mintiera o callara, y mucho menos a cambio de dinero o dádivas. Nada de lo que lo acusó la Fiscalía quedó soportado con la evidencia que se trajo a este juicio.
¿El material probatorio, como audios de conversaciones, grabaciones en las prisiones y otras imágenes, puede desmentir algunos testimonios entregados hasta el momento?
En lo absoluto. De hecho, si hubiera un observador desprevenido que estuviera viendo el juicio y no conociera que hay una acusación y que el caso se relaciona a Álvaro Uribe Vélez, podría pensar que es el juicio de Diego Cadena, porque prácticamente todo se relaciona con él, es como el protagonista central. Y no aparece, de ninguna manera, en el proceso contra el expresidente, ninguna indicación o instrucción de él a Cadena en la que le esté diciendo que hay que contactar a un testigo para que falte a la verdad. Se ha pretendido darle importancia a una sola grabación, que además es ilegal, de las 107 que presentó la Fiscalía.
Esa grabación se da luego de una conversación de Diego Cadena con un amigo suyo de nombre Carlos Cruz, con quien conversó sobre un posible entrampamiento a Uribe. En ese momento, Cadena llama al expresidente y le dice que él como abogado se siente facultado de prestarle un apoyo jurídico en estudiar una posible acción de revisión a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Dado que el abogado está facultado para esa gestión, Uribe le dice: ‘Proceda, doctor Cadena, que usted hace las cosas bien’. Eso es todo lo que existe en este juicio.
Ahora que menciona las interceptaciones, ¿qué decir de los audios en los que el propio expresidente reconoce que hay temas muy puntuales que solo puede abordar el abogado Cadena? ¿A qué se refería en esas grabaciones?
En esos audios se escuchan simplemente los reportes que le hacía Diego Cadena a su cliente de lo que estaba haciendo él en su rol de abogado investigador. Y en ninguno de esos reportes que le hizo Diego Cadena a Álvaro Uribe Vélez, que se escuchan ilegalmente, como ya lo he dicho, no aparece algún señalamiento delictivo de ninguna clase. De hecho, podrá verse que el tema más controversial son las ayudas humanitarias, como las llama Cadena, hechas al testigo Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, e incluso los viáticos dados a la testigo Euridice Cortés Velasco, alias Diana. Ninguna de esas ayudas le fueron reportadas a Álvaro Uribe Vélez. No hay ninguna interceptación de comunicaciones que hable de ese reporte y no hay ningún testigo que lo mencione.
En estos tres meses de juicio, en los que la Fiscalía presentó sus pruebas y sus 37 testimonios, y también donde expuso documentos de carácter físico, digital, audios y videos, ninguno contiene algún señalamiento que comprometa la responsabilidad penal de Álvaro Uribe. En eso quiero ser muy enfático, y reto a cualquiera a que me señale uno solo.
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La defensa del senador Iván Cepeda solicitó a la Fiscalía que se impute por falso testimonio a cuatro testigos, incluida alias Diana. ¿Qué opinión le merece esa situación? ¿La defensa del exmandatario también va a pedir imputaciones a algún testigo de la Fiscalía?
En primer lugar, el senador Cepeda no solamente reemplazó a las autoridades investigativas cuando se dedicó a hacer pesquisas en las cárceles, ahora también quiere sustituir a los fiscales y a los jueces, investigando a los testigos que no le favorecen. Y sobre todo, paradójicamente, por algo que él hizo. Porque como ya se pudo ver, y se verá con más fuerza en la teoría de la defensa, cerca de $12 millones le dio la oenegé Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a Juan Guillermo Monsalve y su familia. El senador Cepeda es contribuyente de esa organización. Eso se pudo establecer ante la Corte Suprema, la cual consideró que esos aportes del Comité no eran una conducta delictiva, y eso sigue siendo una decisión que no compartimos. Entonces, ¿él apoyó a la oenegé para que brindara ayudas humanitarias, pero ahora pide una imputación contra alias Diana porque le entregaron $2.000.000 viáticos? Lo que pretenden es intimidar a los testigos, por eso muchos de ellos han guardado silencio, como Enrique Pardo Hasche, que es muy importante para el proceso, quien también está en juicio.
Sobre la segunda pregunta, vamos a esperar a que termine el juicio, ese es el momento oportuno. En los alegatos finales, cuando se hace el balance de toda la prueba, los sujetos procesales podemos solicitarle a la señora juez que, al momento de emitir sentencia, compulse copias contra alguno de los testigos por falso testimonio en concurso con fraude procesal.
¿Cree que puede haber riesgo de prescripción?
Yo creería que alcanzamos a terminar esta primera instancia en algún momento, puede que sea en agosto o septiembre, o incluso antes, pero creo que alcanzamos a terminar y que habrá un fallo de fondo que no dudo que será absolutorio jurídicamente por todo lo que hasta ahora ha llegado y lo que faltará por por llegar.
¿Qué se puede esperar de lo que viene ahora, con la presentación de testigos por parte de la defensa?
A partir del lunes tenemos, además del testimonio de Álvaro Uribe Vélez, otros 70 testigos. Eso permitirá hacer un método reconstructivo, donde se vea cada uno de los episodios y sus protagonistas. Y terminaremos con tres peritos, dos dictámenes ya rendidos que obran la carpeta, y un tercero que se va a descubrir en el momento procesal oportuno, con el cual cerraremos el juicio, y que permitirá establecer lo que hay detrás de este entramado, este complot. Si estuviéramos en Estados Unidos, por ejemplo, se podría aplicar lo que se conoce como absolución perentoria, que significa que el juez podría determinar que la Fiscalía falló en probar su caso y no sería necesaria pasar la prueba de la defensa ni presentar unos alegatos. Pero estamos en Colombia, y la solicitud de absolución perentoria solo se puede presentar luego del turno de la defensa. Y lo digo porque, para mí, este es un claro caso en el que podría aplicar esta figura, porque la Fiscalía no probó su caso.
Las audiencias han sido públicas y la ciudadanía ha podido seguir el juicio día a día. ¿Cree que eso le imprime transparencia al proceso?
La mayor garantía que tiene el debido proceso en una sociedad democrática es la publicidad. Porque gracias a ese ítem, cualquier persona en el mundo puede ver en tiempo real o en diferido lo que pasó, y podrán darse cuenta que lo que digo es cierto: no existe ninguna prueba que comprometa la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a revelar el complot que se fraguó contra el expresidente y cómo se vio involucrado en este proceso con la finalidad de erosionar su caudal político, y no lo lograron, porque fue, en 2018, el senador más votado en la historia de Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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