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Estados Unidos acababa de deportar a más de 200 migrantes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, y el presidente Nayib Bukele dijo que su país estaba ansioso por recibir a más. Se burló de la pregunta de un periodista sobre si liberaría a uno de los hombres que, según un juez federal, había sido deportado por error.
“Quiero decir, no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”, dijo Bukele.
Pero semanas antes, al aterrizar los tres aviones con los deportados, fue el presidente salvadoreño quien expresó discretamente su preocupación.
Como parte del acuerdo con el gobierno de Trump, Bukele había aceptado alojar en la prisión solo a lo que él denominó “delincuentes convictos”. Sin embargo, muchos de los venezolanos etiquetados como pandilleros y terroristas por el gobierno de Estados Unidos no habían sido juzgados.
Bukele quería garantías de Estados Unidos. de que todos los que estaban encerrados en la prisión eran miembros del Tren de Aragua, la banda transnacional con raíces en Venezuela, según personas familiarizadas con la situación y documentos obtenidos por The New York Times.
El asunto era urgente, advirtió un alto funcionario de Estados Unidos a sus colegas poco después de las deportaciones, lo que desencadenó una carrera para conseguir cualquier prueba que pudieran presentar a los salvadoreños.
Las exigencias de Bukele de obtener más información sobre algunos de los deportados, que no se habían dado a conocer anteriormente, profundizan las dudas sobre si el gobierno de Trump evaluó adecuadamente a quienes envió a una prisión extranjera.
The New York Times ha reconstruido el relato más completo hasta la fecha del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador y las deportaciones del 15 de marzo a partir de documentos internos del Gobierno, documentos judiciales y entrevistas con 22 personas familiarizadas con la operación o los recursos legales, muchas de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.
Durante meses, los asesores de Trump habían trabajado para diseñar un nuevo sistema para deportar rápidamente a los migrantes a Centroamérica y Sudamérica, con poca o ninguna supervisión de los tribunales. La estrategia se basaba en utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII y tratar a los migrantes como ciudadanos de un país en guerra con Estados Unidos.
Pero la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que rara vez se utiliza, pareció ser aleatoria, ya que se detuvo a migrantes cuyos familiares insistían en que no eran miembros de pandillas. Los funcionarios del gobierno se apresuraron a reunir documentos que detallaran quiénes habían sido enviados a la prisión y a justificar las deportaciones ante los tribunales. El proceso fue tan caótico que entre los deportados que fueron trasladados a la prisión salvadoreña, un centro exclusivamente masculino, había ocho mujeres, que tuvieron que ser devueltas rápidamente.
Los amigos y familiares de los hombres encerrados en El Salvador luchan ahora por obtener información sobre su destino. La Casa Blanca se encuentra en un punto muerto con los tribunales federales sobre la forma en que ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros, y se espera que la Corte Suprema se pronuncie pronto, lo que podría suponer una prueba significativa para los intentos de Trump de ampliar su poder ejecutivo.
“El presidente tiene derecho a expulsar a los terroristas extranjeros de nuestro país, y estamos absolutamente seguros de que la verdad prevalecerá finalmente en los tribunales”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. “Mientras tanto, el gobierno sigue cumpliendo con todas las órdenes judiciales”.
La prisión de El Salvador, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, proporcionó a Trump un símbolo temible para hacer énfasis en sobre su determinación de realizar deportaciones masivas, así como una instalación fuera del alcance de los abogados estadounidenses y de la responsabilidad del sistema legal de Estados Unidos.
En Bukele, la Casa Blanca tenía un aliado dispuesto, aunque con exigencias específicas, incluida una lista de líderes de alto rango de la MS-13 que quería que fueran devueltos a El Salvador como parte del acuerdo.
Eso despertó la alarma entre algunos funcionarios policiales de Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha pasado años construyendo casos contra los líderes de la MS-13 por actividades delictivas en Estados Unidos, alegando que la pandilla ha sido protegida por el gobierno salvadoreño.
Una vocera de Bukele, quien ha negado esas acusaciones, no respondió a las solicitudes de comentarios.
El secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo que trabajó directamente con el gobierno de El Salvador “para deportar al mayor número posible de pandilleros peligrosos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, ahora también está buscando otros socios extranjeros.
“Tengo la intención de seguir tratando de identificar otros países dispuestos a aceptar y encarcelar a tantos pandilleros como podamos enviarles”, dijo Rubio en un comunicado.
Sean audaces
Stephen Miller, el principal arquitecto de la agenda interna de Trump, tenía un mensaje para otros asesores dentro de las oficinas de transición presidencial en West Palm Beach, Florida: sean audaces. No se preocupen por posibles litigios, especialmente al redactar las medidas de migración de Trump.
Faltaba aproximadamente un mes para la toma de posesión y Miller sabía que tenía que actuar con rapidez para cumplir la promesa electoral de Trump de deportaciones masivas.
Miller llevaba mucho tiempo interesado en la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley aprobada en 1798 que permite al gobierno de Estados Unidos deportar rápidamente a los ciudadanos de un país invasor. Esta ley solo se ha invocado tres veces en el pasado, todas ellas en tiempos de guerra. Él la veía como un arma poderosa para la aplicación de la ley de migración.
La ley “te permite expulsar instantáneamente a cualquier extranjero de un país invasor, mayor de 14 años”, dijo Miller al presentador de pódcast de derecha Charlie Kirk en una entrevista en septiembre de 2023, y añadió: “Eso te permite suspender el debido proceso que normalmente se aplica a un procedimiento de expulsión”.
Los venezolanos habían llegado a Estados Unidos en cifras récord durante los años anteriores, tras el colapso de su economía durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los migrantes venezolanos cruzaron la frontera más de 760.000 veces durante el gobierno de Joe Biden, según el Migration Policy Institute, un centro de estudios independiente. Muchos tenían casos de asilo pendientes.
Entre ellos se encontraba Neri José Alvarado, un antiguo estudiante universitario de Yaracuy, Venezuela, que atravesó la selva del Darién y cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en abril de 2024, con la esperanza de encontrar trabajo y pagar la atención médica de su hermano menor, quien es autista.
Consiguió un trabajo en una panadería en el área de Dallas mientras esperaba que se considerara su solicitud de asilo. En la solicitud que presentó a las autoridades de Estados Unidos, Alvarado dijo que soñaba con convertirse en un “gran psicólogo”. También dijo que temía regresar a Venezuela porque había participado en protestas contra el gobierno de Maduro.
En su país natal, escribió en su solicitud: “Tengo miedo de estar en un país donde no se respetan las garantías constitucionales”.
Según Trump, los venezolanos que llegaban eran principalmente pandilleros y psicópatas. En un mitin tras otro, afirmó sin pruebas que miembros del Tren de Aragua habían cruzado la frontera en masa y se habían apoderado de comunidades estadounidenses.
Su equipo sabía que quería utilizar la autoridad en tiempos de guerra para acelerar las deportaciones. Pero también necesitaban un lugar al que enviar a los migrantes venezolanos, cuyo gobierno no aceptaba regularmente los vuelos de deportación desde Estados Unidos.
Desde el principio, los asesores de Trump identificaron a El Salvador como una opción prometedora. Bukele, quien se ha autodenominado el “dictador más genial” del mundo, había llegado al poder con la promesa de acabar con la delincuencia organizada. Matt Gaetz, quien a finales del año pasado dimitió del Congreso y fue la primera elección de Trump para dirigir el Departamento de Justicia, visitó a Bukele el pasado mes de julio y recorrió su nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una extensa instalación con ocho bloques de celdas con capacidad para 3000 presos cada uno.
Bukele estaba dispuesto a permitir que Estados Unidos utilizara sus prisiones, con condiciones, según le dijo a Rubio y a Mauricio Claver-Carone, el enviado de Trump para América Latina.
No quería acoger a migrantes no criminales; no podía convencer a los salvadoreños de que estaba dando prioridad a sus intereses nacionales si convertía su país en un vertedero para los deportados de Estados Unidos procedentes de otros países, explicó a los asesores de Trump.
Pero sí aceptó acoger a delincuentes violentos, independientemente de su nacionalidad, a cambio de una tarifa que ayudaría a subvencionar el sistema penitenciario del país.
Bukele tenía su propia petición: una lista de los líderes de la MS-13 que quería que fueran liberados de la custodia de Estados Unidos y enviados a El Salvador, donde dijo que podrían ser interrogados por sus agentes de seguridad.
Algunos funcionarios policiales de Estados Unidos se alarmaron ante la posibilidad de devolver a líderes de la MS-13 que ahora enfrentan cargos por presuntos delitos en Estados Unidos. Tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Justicia han acusado al gobierno de Bukele de hacer un pacto secreto con la MS-13, ofreciendo privilegios especiales a sus líderes encarcelados para mantener bajos los índices de homicidios en El Salvador. Bukele ha negado las acusaciones.
“Lo que Bukele quiere desesperadamente es que estos tipos regresen a El Salvador antes de que hablen en los tribunales de Estados Unidos”, dijo Douglas Farah, experto en El Salvador que entre 2018 y 2022 colaboró con el grupo de trabajo “Vulcano” del Departamento de Justicia, que tenía como objetivo a la MS-13, como contratista militar de Estados Unidos.
No obstante, las autoridades estadounidenses acordaron enviar a El Salvador a una decena de miembros de alto rango de la MS-13, entre ellos un alto mando llamado César Humberto López-Larios, que se encontraba bajo custodia estadounidense a la espera de juicio por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo. Hasta ahora, Bukele no ha recibido a todos los que solicitó, pero las autoridades estadounidenses afirman que siguen teniendo la intención de enviarle a otros líderes de pandillas.
Para Trump y sus asesores, el intercambio poco convencional —conseguir que un país extranjero acoja a un grupo de migrantes venezolanos, junto con miembros de la MS-13 nacidos en El Salvador— era un precio muy bajo para llevar a cabo el tipo de deportaciones que buscaban, incluso con los millones que Estados Unidos acordó pagar para alojar a los venezolanos.
El plan se desarrolla
A principios de este año, Alvarado, el solicitante de asilo venezolano, se estaba adaptando a su nueva vida en las afueras de Dallas. El joven de 25 años consiguió un ascenso en la panadería, pasando de asistente a panadero jefe, y enviaba dinero a su país para pagar las citas médicas de su hermano.
Su jefe, Enrique Hernández, dijo que Neri era un chico que ayudaba mucho a su familia y señaló que es un joven sin maldad.
Alvarado por fin tenía fecha y hora para su audiencia de asilo: el 13 de febrero a la 1:00 p. m.
El 4 de febrero, Alvarado se estaba subiendo a su auto frente a su edificio de apartamentos para ir al trabajo cuando se detuvieron tres vehículos con agentes del ICE, según contó más tarde a Hernández. Le dijeron que estaba detenido por entrar ilegalmente en Estados Unidos. Alvarado respondió que estaba en proceso de solicitar asilo y que tenía una audiencia en unos días, según le dijo a su jefe.
Lo detuvieron de todos modos. De camino al centro de detención Bluebonnet, en el norte de Texas, los agentes le preguntaron por sus tatuajes, según contó más tarde Alvarado a su hermana, Izaida Alvarado. Alvarado explicó que el tatuaje de su pierna, una cinta arcoíris formada por piezas de un rompecabezas, era por su hermano autista.
Esa misma semana, a miles de kilómetros de distancia, en El Salvador, Rubio y Bukele discutieron el acuerdo de deportación y dieron un paseo por los jardines de la residencia presidencial. Bukele bromeó sobre el plan de aceptar a “delincuentes convictos” de Estados Unidos, calificando de “obvio” colaborar con Estados Unidos.
Detenido en Bluebonnet, Alvarado se perdió su audiencia de asilo el 13 de febrero y le dijeron que, como resultado, sería deportado, dijo su hermana. Podía apelar, pero estaba agotado, le dijo a su familia, y dispuesto a renunciar a Estados Unidos y regresar a Venezuela.
Alvarado fue uno de los muchos migrantes detenidos en las semanas transcurridas entre la toma de posesión de Trump y mediados de marzo, que posteriormente fueron enviados a la prisión de El Salvador, tras ser arrestados fuera de sus casas, en sus barrios, en redadas, controles de tráfico y en sus citas habituales con el ICE. Algunos ya se habían acogido al procedimiento de asilo o tenían algún tipo de estatus legal. Los funcionarios de migración se centraron en los hombres venezolanos que tenían tatuajes, citando marcas como coronas y relojes como prueba de que eran miembros del Tren de Aragua.
Otros también quedaron atrapados en la red de captura.
El 12 de marzo, agentes federales de migración detuvieron a Kilmar Armando Abrego Garcia mientras conducía por College Park, Maryland, con su hijo de 5 años. Abrego Garcia había llegado ilegalmente a Estados Unidos en 2012 desde El Salvador a los 16 años, huyendo de la violencia de las pandillas, según sus abogados. En 2019, un juez de migración había determinado que no debía ser deportado a El Salvador porque allí podría correr peligro.
Ahora, los agentes le ordenaban que saliera del coche, alegando que su situación migratoria había cambiado. Posteriormente, el gobierno argumentaría que Abrego Garcia era miembro de la pandilla MS-13, una afirmación que un juez federal calificaría de cuestionable.
Al día siguiente, en Texas, Lindsay Toczylowksi, una abogada de migración, descubrió que su cliente, un maquillador venezolano de 31 años llamado Andry Hernández Romero, no se había presentado en el tribunal para una audiencia prevista. Toczylowski no se alarmó inicialmente.
“Me pareció que estábamos en el caos habitual de la migración”, dijo.
Pero no era el caos habitual. El gobierno ya estaba acelerando los planes para la operación en El Salvador, una iniciativa que afectaría a su cliente y a más de 200 personas más.
El 14 de marzo, el gobierno de Trump intercambió notas diplomáticas con El Salvador en las que se establecían las condiciones: el gobierno de Bukele recibiría hasta 300 miembros del Tren de Aragua a cambio de apoyo financiero de Estados Unidos.
Ese mismo día, Trump insinuó las próximas deportaciones durante un discurso en el Departamento de Justicia. Sentado en primera fila se encontraba Miller, quien momentos antes había conversado con Todd Blanche, el fiscal general adjunto, sobre las deportaciones pendientes.
“Hemos capturado a cientos de ellos, la pandilla venezolana, que es lo peor que hay”, dijo Trump a una multitud de fieles. “Y mañana van a leer muchas historias sobre lo que hemos hecho con ellos y van a quedar muy impresionados”.
Ese día, Trump firmó en secreto una orden ejecutiva en la que declaraba que el Tren de Aragua estaba “llevando a cabo una guerra irregular” bajo las órdenes de Venezuela. Pidió la detención y expulsión de todos los venezolanos mayores de 14 años que fueran considerados miembros de la pandilla, invocando formalmente la Ley de Enemigos Extranjeros. Era la primera vez que un presidente de Estados Unidos invocaba esta ley desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para justificar la reclusión de personas de nacionalidad japonesa, italiana y alemana o de ascendencia de esos países.
El gobierno no haría pública la proclamación de Trump hasta el día siguiente, algo que los abogados de migración argumentarían más tarde como un esfuerzo deliberado para evitar una rápida impugnación legal.
Para entonces, el ICE había trasladado a decenas de venezolanos detenidos en todo el país a instalaciones en Texas para preparar la operación. Muchos pensaban que los llevaban de vuelta a casa.
Desde el centro de detención, Alvarado llamó a su familia y les dijo que se prepararan para su llegada a Venezuela. Lo mismo hizo Gustavo Adolfo Aguilera Agüero, de 27 años, otro venezolano que entró en Estados Unidos a través de un programa de la era Biden antes de ser detenido por el ICE cuando Trump llegó al poder.
“Tenga paciencia, vieja, que ya vamos a estar juntos”, le dijo Aguilera a su madre, según recordó ella más tarde. “Llegaron los aviones”.
En el aire
El juez James Boasberg abrió la audiencia virtual a última hora de la tarde del sábado 15 de marzo disculpándose por su atuendo: un suéter oscuro, en lugar de su toga judicial.
“Salí de viaje por el fin de semana y no traje ni toga, ni corbata, ni camisa adecuada”, dijo.
El juez había reunido apresuradamente a abogados del Departamento de Justicia y de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles para examinar una petición de emergencia presentada esa misma mañana por el grupo de defensa liberal, que solicitaba detener la deportación de cinco venezolanos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Boasberg había suspendido rápidamente las deportaciones y estaba considerando si su orden debía extenderse a todos los migrantes venezolanos.
Presionó al Gobierno: ¿había algún vuelo de deportación previsto para El Salvador en los dos días siguientes?
“Sin duda podemos investigar eso e informarle”, dijo Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia.
El juez suspendió la audiencia durante unos 40 minutos para que Ensign pudiera obtener más información. Pero cuando el grupo se reunió de nuevo, Ensign dijo que no podía compartir ningún detalle, alegando posibles cuestiones de seguridad nacional.
Poco antes de las 7:00 p. m., Boasberg amplió su orden para incluir a todos los migrantes que pudieran estar sujetos a la proclamación de Trump invocando la Ley de Enemigos Extranjeros. Cualquier avión en ruta con deportados debía dar media vuelta, dijo.
“Si dan la vuelta a los aviones o no embarcan a nadie en ellos, o a las personas afectadas por esta orden que se encuentren a bordo, lo dejo a vuestro criterio”, dijo Boasberg. “Pero es algo que deben garantizar que se cumpla de inmediato”.
Lo que Boasberg no sabía en ese momento era que, según bases de datos públicas, dos vuelos con migrantes venezolanos habían despegado de Texas mientras se reanudaba la audiencia.
Estaban en el aire cuando Boasberg dictó su orden desde el estrado. Un tercer avión aún se encontraba en tierra en Texas.
En total, había más de 260 personas en los tres aviones, entre ellas 238 venezolanos y casi dos decenas de presuntos miembros de la pandilla MS-13. Se dirigían a El Salvador.
Dentro de la Casa Blanca, altos funcionarios del gobierno discutieron rápidamente la orden y si debían seguir adelante. El equipo de asesores de Trump decidió seguir adelante, creyendo que los aviones se encontraban a salvo en el espacio aéreo internacional y sabiendo muy bien que la batalla legal probablemente terminaría en la Corte Suprema, donde los conservadores tienen mayoría.
A las 7:36 p. m., despegó el tercer vuelo. Más tarde, los funcionarios dirían que los migrantes de ese vuelo no fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, sino a través de procedimientos migratorios normales.
La decisión de la Casa Blanca de seguir adelante, a pesar de la orden del juez Boasberg, planteó dudas sobre si el gobierno estaba desafiando al tribunal. El Departamento de Justicia ha argumentado que un juez federal no puede dictar la política exterior.
En Venezuela, Miriam Aguilera Agüero había estado esperando despierta, preguntándose dónde estaba su hijo. No fue hasta que su nuera le envió imágenes de los deportados venezolanos en El Salvador publicadas en las redes sociales que lo reconoció. Se le encogió el corazón. La imagen mostraba a decenas de prisioneros con camisetas blancas y pantalones cortos sentados con las piernas cruzadas, las manos esposadas y la cabeza gacha. Uno de los detenidos destacaba por su incómoda postura.
El hijo de Aguilera tenía que sentarse así, dijo, debido a los discos dañados en su columna vertebral.
Desaparecidos
En Washington, el gobierno de Trump trabajaba para aclarar la confusión de Bukele sobre quiénes eran las personas que Estados Unidos le había enviado. Ocho mujeres que habían sido enviadas por error fueron rápidamente devueltas.
El presidente salvadoreño quería confirmar que todos los venezolanos eran realmente miembros del Tren de Aragua. Los deportados habituales debían ser recluidos por separado en su prisión.
Públicamente, el gobierno insistió en que los 238 venezolanos deportados eran miembros del Tren de Aragua. Pero pocos tenían vínculos públicos documentados con la pandilla y los funcionarios admitieron que muchos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. “La falta de información específica sobre cada individuo realmente destaca el riesgo que representan”, escribió Robert Cerna, un alto funcionario de deportación, en un documento judicial.
Para determinar su afiliación a la pandilla, el Departamento de Seguridad Nacional había creado una tarjeta de puntuación en la que se asignaban puntos a los hombres según diferentes categorías. Una amplia gama de tatuajes valía cuatro puntos. Una puntuación de ocho puntos se consideraba prueba de pertenencia a la pandilla.
Funcionarios del Departamento de Estado dijeron que proporcionaron a El Salvador la tarjeta de puntuación y otra información de inteligencia que demostraba que los venezolanos eran miembros del Tren de Aragua.
Aun así, dentro del gobierno de Estados Unidos, algunos funcionarios de carrera tenían dudas sobre lo que había sucedido.
Durante una reunión interna del Departamento de Estado sobre cuestiones relacionadas con América Latina, algunos empleados se sintieron consternados al saber que, semanas antes, las agencias de espionaje estadounidenses habían evaluado que el Tren de Aragua no estaba realmente controlado por el gobierno venezolano, lo cual era la premisa para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros.
En el Capitolio, los legisladores demócratas intentaron averiguar más sobre cuánto se estaba pagando a El Salvador por encarcelar a los deportados, una cifra que, según funcionarios del gobierno, ascendió a menos de 5 millones de dólares. El 17 de marzo, el Departamento de Estado comunicó a la Comisión de Asignaciones del Senado que esa suma podría aumentar hasta 15 millones de dólares, pero se negó a proporcionar más detalles.
Luego, el escrutinio de los tribunales federales se intensificó, exactamente el escenario que el gobierno había estado tratando de evitar. La Corte Suprema dictaminó que los venezolanos deben tener una oportunidad significativa de impugnar sus deportaciones, y se espera que el tribunal se pronuncie más sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
En posts públicos y comentarios a los periodistas, Trump ha dejado claro su descontento: los tribunales deben apartarse del camino.
“Vamos a tener un país muy peligroso”, dijo Trump en el Despacho Oval, “si no se nos permite hacer lo que tenemos derecho a hacer”.
Para los familiares y abogados de los hombres encarcelados, quienes han luchado por obtener información sobre ellos de las autoridades de Estados Unidos y El Salvador, los tribunales son su último recurso.
Hernández, el propietario de la panadería que había empleado a Alvarado, acudió a una oficina del ICE para tratar de averiguar qué había sucedido con su empleado, pero no obtuvo respuestas. Ha considerado volar a El Salvador para tratar de negociar su libertad.
Hernández, ciudadano estadounidense que emigró a Estados Unidos desde Venezuela hace 27 años, calificó las acciones de su país de adopción como un “delito”.
“A él no lo investigaron”, dijo. “A él se lo llevaron y no vieron quién era”.
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