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Muy puntual y acompañado por media docena de asesores, el canciller Álvaro Leyva asistió este miércoles, desde las 10:00 de la mañana, a un debate de control político citado por la Comisión Segunda del Senado. Eran dos los temas claves: las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Israel y Palestina, y la frustrada licitación para la fabricación y distribución de los pasaportes. Su participación fue tan polémica que terminó en choques con integrantes de la bancada de Gobierno y hasta en el anuncio de una reunión con el fiscal general, tan crítico del presidente y su gestión.
Las cosas arrancaron mal, incluso antes del debate, pues el conservador Mauricio Giraldo, uno de los citantes, se quejó porque, a pesar de haber enviado el cuestionario a la Cancillería una semana antes, las respuestas llegaron la noche anterior. Luego, apenas tres minutos después de iniciar su intervención, el canciller ya tenía en contra a la mayoría de senadores de la Comisión, que manotearon y lo interrumpieron durante toda la sesión.
La molestia se generó porque Leyva les dijo que deberían leer más para hablar del caso de los pasaportes y, además, les sugirió citar debates para hablar de otros temas. “Ustedes no vinieron como Cancillería a hacernos un debate de control político, es al contrario. Le pido respeto, parte del machismo es decirle a la mujer que no está documentada”, le respondió la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico.
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El liberal Lidio García, presidente de la Comisión, le recordó que son varias las citaciones a las que no ha asistido y que las faltas podrían derivar en un debate de moción de censura, situación que ya vivió en la Cámara de Representantes. Leyva pidió excusas por algunas ausencias e intentó retomar su intervención, pero las constantes reprimendas de los senadores, incluso de la coalición de gobierno, se lo impidieron.
En un momento del debate, varios de sus asesores intentaron aplacar las críticas hablando con los congresistas e incluso llegó a reforzarlo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien se sentó a su lado y pidió comprensión sobre el tema de la licitación: “Es bastante probable que no se haga una conciliación y lleguemos a los tribunales. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que digamos, porque si bien es cierto que ustedes tienen derecho a saber todo, cualquier cosa que diga el canciller seguramente será usada en la demanda”.
Tras más de tres horas, el canciller Leyva no logró concretar una respuesta a los interrogantes y los citantes del debate presentaron una proposición de no satisfacción. Sin embargo, entre lo que alcanzó a decir sobresalieron sus cuestionamientos a Martha Lucía Zamora y a la empresa Thomas Greg & Sons, los cuales, según anunció, llegarán a la Fiscalía, al punto que le pedirá una cita al fiscal general, Francisco Barbosa.
De frente contra Martha Lucía Zamora
El canciller se refirió a sus diferencias con Martha Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica, que le recomendó a él y al presidente conciliar con la firma Thomas Greg & Sons ante la alta probabilidad de perder una demanda. Negó haberle gritado y dijo que sus denuncias hacen parte de una “puesta en escena”.
Aseguró que ella no salió del cargo por el caso de los pasaportes, sino que hace meses en Presidencia le “estaban buscando reemplazo”. Además, puso en duda su rol y preguntó si estaba defendiendo intereses particulares. “Cómo la supuesta defensora del Estado puede estar de acuerdo en que se entregue a dedo un contrato millonario vía conciliación (…) ella se fue en contra del presidente y el canciller, por qué hace esto una persona que representa los intereses del Estado y debe seguir la política trazada por el presidente. Muy raro”.
Leyva fue más allá y sugirió que Zamora quiere convertir su salida en un episodio de maltrato, “cuando lo que hay es un trabajo deficiente de su parte e incluso comportamientos contractuales dudosos”. Sobre este último punto, cuestionó dos convenios de la Agencia de Defensa Jurídica, el primero con la firma internacional GBS, en el caso de Ángel Samuel Seda y otros; y el segundo con Latham & Watkins, por el caso de Aris Mining.
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Mientras Leyva se despachaba en la Comisión Segunda, Zamora le respondía a través de su cuenta de X. “El canciller utiliza el ataque infundado a través de una supuesta corrupción de la agencia para defender su propia responsabilidad en el manejo delictivo de la licitación de pasaportes (…) son dos contratos internacionales que tuvieron que ser ampliados porque no preveía desde su inicio una tercera audiencia. Todos los contratos son rigurosamente vigilados”, dijo.
Según el canciller, como los senadores no quisieron escucharlo, estos datos de supuesta contratación irregular, junto a otros como el audio en el que Zamora reconoce la cercanía de un funcionario suyo con Thomas Greg, llegarán a la Fiscalía.
Así mismo, dijo que a él lo pueden investigar cuando quieran y reiteró que Zamora acudió a los medios para armar un escándalo que involucró a su familia en una supuesta irregularidad con la licitación de pasaportes. “Ha debido acudir a las autoridades y no hacer una comedia en los medios; acudió a ellos para causar daño. Esto demuestra su mala intención”. También acusó a la exfuncionaria de haber hecho otro escándalo cuando salió de la Fiscalía por orden del entonces fiscal Eduardo Montealegre.
Cuestionamientos a Thomas Greg & Sons
Durante su intervención, el canciller también habló de la multinacional Thomas Greg & Sons, firma que se enfrenta al Gobierno por la licitación. En un primer punto cuestionó la aparente cercanía entre Juan Pablo Estrada, abogado de la empresa, y el periodista Daniel Coronell, quien ha cubierto el caso y quien, a juicio de Leyva, no contrastó sus reportajes. Este argumento no cayó bien en la Comisión, pues varios senadores aseguraron que no tenía ninguna relación con el debate. Este diario se contactó con el abogado Estrada, quien aseguró que por el momento no se pronunciará sobre el tema.
Leyva aseguró que la compañía en cuestión es una gran contratista del Estado y cuestionó su papel en el diseño del software que contrató la Registraduría para los escrutinios de las elecciones. De hecho, citó varias críticas que el presidente Petro ha hecho sobre el tema.
Según explicó, basado en reportes de prensa, Thomas Greg & Sons ha firmado 473 contratos con más de 100 entidades nacionales y regionales desde 2005, y que ha ganado, a través de uniones temporales, 12 contratos por cerca de $2,5 billones. “Naturalmente eso es algo que hay que revisar”, dijo. Al cierre de esta edición, la empresa no se ha pronunciado sobre las declaraciones del canciller.
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Aunque el tema del canciller y los pasaportes no volverá al Congreso hasta el próximo año, lo cierto es que este último choque escala la polémica al escenario penal, de acuerdo con la promesa de Leyva de llevar sus pruebas a la Fiscalía. Entre tanto, la audiencia de conciliación se mantiene en el aire, pues, además de los aplazamientos, el ministro Velasco dejó claro que hay pocas posibilidades de una salida negociada. Este jueves está citado el comité que debe resolver el tema y hay expectativa sobre la decisión que se tome.
El presidente Gustavo Petro se mantiene al lado del canciller y lo ha respaldado tanto en el choque con Martha Lucía Zamora —ya tiene una lista de candidatos para su reemplazo— como en el pleito con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan la gestión de Leyva y sus reacciones ante los cuestionamientos.
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