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La magistrada Catalina Díaz Gómez es una mujer de palabras pausadas y maneras suaves. Es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa instancia. Es también, probablemente, una de las personas que más ha estudiado la guerra que se cocinó durante al menos dos décadas por la alianza entre militares y paramilitares en el Magdalena Medio. En sus manos está la investigación del subcaso relacionado con esa región, dentro del caso 08 de la justicia transicional.
Durante los últimos años ha recopilado voces y documentos para mapear cómo funcionó entre 1998 y 2000 la llamada toma paramilitar de Barrancabermeja, una serie de crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Escuchó también a 35 exmilitares que se acogieron a la JEP y que serán imputados como máximos responsables por hechos como las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, en Barrancabermeja.
En diálogo con El Espectador, la magistrada Díaz Gómez habló sobre la recta final de la etapa de investigación del subcaso Magdalena Medio y la audiencia de observaciones de las víctimas que presidió los pasados 27 y 28 de febrero en Barrancabermeja. Detalló cómo la JEP busca respuestas para la pregunta que durante años las víctimas se han hecho sobre el rol del Estado en la violencia de la cual fueron blanco las comunidades inocentes. Y manifestó su preocupación porque se agota el tiempo para esclarecer una guerra tan extensa como profunda.
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El subcaso Magdalena Medio está centrado en lo que ustedes han denominado como la “toma paramilitar de Barrancabermeja”. ¿Cómo explicar la serie de hechos entre 1998 y 2000 a los que ustedes les han dado esta denominación?
La historia comienza mucho más atrás, por lo menos entre 1985 y 1986, en todo el territorio del Magdalena Medio, que fue crítico para el surgimiento de los grupos que luego conocimos como paramilitares o de autodefensas. De hecho, escuchando a las víctimas en la audiencia pública de observaciones, hay muchos hechos que identifican como emblemáticos o ilustrativos de lo que aquí ocurrió, perpetrados por los que se conocieron como Los Masetos, que era el mismo MAS (Muerte a Secuestradores).
Sobre este grupo de paramilitares que surgió en Puerto Boyacá (Boyacá), está bastante documentado e investigado lo que hicieron, como la masacre de los 12 bogas, que eran 12 muchachos muy jóvenes, trabajadores del río, aserradores de madera que transportaban maderas desde el río Carare hasta cierto punto donde los recogían embarcaciones más grandes y fueron asesinados por Los Masetos.
Lo que nunca se estableció es cuál fue la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública y de los agentes del Estado en esos crímenes, porque la gente, los campesinos y los líderes de esos territorios siempre dijeron que trabajaban juntos, patrullaban juntos, estaban asociados; unos hacían el trabajo sucio, refiriéndose a los paramilitares. Eso, en realidad, fue muy poco investigado por la justicia ordinaria.
Esta historia luego tiene un punto alto también en 1996. Allí está lo que se conoce como la masacre de la Tata, en Cimitarra (Santander), donde fueron asesinadas varias personas que hacían parte del proceso organizativo de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Ese hecho también es conocido porque allí fue asesinada la periodista Silvia Duzán. Luego, este patrón macrocriminal que ocurre en todo el territorio del Magdalena Medio tiene un hito en lo que se conoce, ahí sí, como la toma paramilitar de Barrancabermeja.
Algunas fuentes refieren cómo Barrancabermeja era un sitio donde operaban las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las Farc. Es un lugar con una historia de movimientos sociales asociados con la industria del petróleo, y aquí fue el surgimiento de la Unión Sindical Obrera (USO), que ya cumple 103 años. Este lugar fue clave para la organización social y causas de justicia social para movimientos de izquierda.
Los paramilitares fueron cercando la ciudad desde distintos flancos hasta que en 1998 entraron a Barrancabermeja. Ya no eran estos grupos andando en territorios muy alejados, en veredas y corregimientos; estaban en la mitad de una ciudad de la importancia de esta. Y en el marco de lo que se conoce como la toma paramilitar de Barrancabermeja, que la Comisión de la Verdad lo nombró así, hay una serie de masacres como la de mayo de 1998, la del 28 de febrero de 1999 y asesinatos selectivos que a lo largo de esos tres años dejaron unas 500 víctimas.
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Pero ese período tan delimitado de lo que fue la toma paramilitar de Barrancabermeja deja por fuera muchos hechos y da cuenta de lo que colegas suyos definen como “el límite de la verdad”. ¿No?
Sí, el marco temporal es el desafío más grande de la JEP, porque hay una demanda enorme de justicia. Lo vimos en la audiencia de observaciones: hay víctimas, cuyos familiares fueron asesinados, desaparecidos entre 1986 y 1988. Ayer una mujer se me acercó al final del día y me dijo: “Magistrada, usted me rompió el corazón al decir que a la JEP se le está acabando el tiempo. A mi papá lo desaparecieron en 1988, yo no he podido obtener ninguna respuesta y tengo la sensación de que la JEP no va a poder priorizar mi caso”. Rompió en lágrimas.
Ese episodio ilustra el drama al que estamos enfrentados, que es dónde concentrar nuestros esfuerzos de investigación, los recursos y el tiempo que tenemos. Porque hemos sido exitosos. Las víctimas ven que donde la JEP empieza a investigar, hay resultados. Entonces otras víctimas, de otros periodos o de otros territorios, empiezan a decir: “Bueno, ¿por qué la toma paramilitar de Barrancabermeja sí y no tan a profundidad, ni con tanto esfuerzo lo que ocurrió en Cimitarra, en San Vicente de Chucurí, en Puerto Berrío o en Yondó?”. Ese es el reto.
La industria del petróleo ha sido clave para la economía de esta región y una de las víctimas acreditadas del caso señaló que “Ecopetrol ha sido un actor importante del conflicto armado”. ¿De qué forma ayudó a configurar la guerra paramilitar en el Magdalena Medio?
Esta ciudad tenía una importancia estratégica fundamental por su posición geográfica, por ser la capital del Magdalena Medio. El río Magdalena es una de las principales arterias del país, es la columna vertebral de nuestro poblamiento y de nuestra historia; une a todas estas poblaciones que tienen, por ejemplo, una importancia en la producción del oro, producción agrícola y, por supuesto, la extracción de petróleo. Este era también un lugar propicio para la extracción de rentas por parte de los distintos actores ilegales. Fue un punto estratégico para el Eln y para las Farc, luego los paramilitares que se propusieron tomarse Barrancabermeja.
También, y esto está bastante documentado en las sentencias de Justicia y Paz, como la extracción ilegal de combustible, lo que se llama el robo del tubo, era una fuente de financiación bien importante en los paramilitares. Sacaban el petróleo, lo vendían en comercios ilegales y de allí sacaban unas rentas bien importantes para financiar las estructuras paramilitares. Y también un actor central es Ecopetrol, que tenía un batallón en la propia refinería. Siempre también contribuyó al fortalecimiento de las unidades militares en todo el territorio.
Y sobre los exfuncionarios de Ecopetrol posiblemente vinculados con los hechos que están investigando, ¿a quiénes han llamado y a quiénes llamarán?
Es uno de los hallazgos importantes de esta investigación. Hemos escuchado a varios comparecientes que fueron antiguos oficiales del Ejército y luego los contrató Ecopetrol, incluso uno de ellos como segundo de la Subdirección de Seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja y otro que hacía parte de ese equipo de seguridad en esta ciudad. Y fueron contratados porque habían sido oficiales y, estando en Ecopetrol, empezaron a vincularse con los paramilitares. Uno de ellos incluso luego terminó enrolándose de manera formal en las filas paramilitares.
Estas personas funcionaban como porque tenían doble camiseta: antiguos oficiales del Ejército y paramilitares. Operaban en los dos mundos, como una bisagra entre el mundo oficial militar, porque allí los conocían, conocían sus procedimientos, las personas, quiénes eran los comandantes, los encargados de inteligencia, de operaciones, quién estaba en qué puesto de control o de vigilancia, cómo se vinculaban con la Policía, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y con la inteligencia.
Ese conocimiento era sumamente valorado por los paramilitares y esas personas fueron parte de la nómina paramilitar. Uno de ellos relató que duró varios años en la nómina de esos grupos, incluso mucho tiempo antes de volverse jefe paramilitar. Y en la mitad de esa historia, era segundo de la Subdirección de Seguridad de Ecopetrol. Nos han relatado cómo desde esos cargos se tomaron decisiones también de infiltrar a la USO, de grabar sus asambleas; incluso nos han relatado sobre listas donde aparecían miembros del sindicato que deberían ser ejecutados.
Alguno de ellos nos dijo que le remordió la conciencia y le avisó a un líder sindical que, según este relato, habría podido salvarse del asesinato por eso. En esa línea, hemos llamado a varias personas y ya la investigación se está cerrando en su fase de acopio de información. Hemos hablado con todos los que están vivos, personas que nos reportaron cómo llegaron a Ecopetrol porque tenían familiares que ocupaban cargos bien importantes, no solo en Barrancabermeja, sino incluso en lo que se llamaba el corporativo de seguridad de Ecopetrol.
Pero esas personas que ocupaban cargos más importantes, todas fallecieron. Eran, de hecho, algunos oficiales de alto rango retirados del Ejército. Entonces, hemos llamado a todas las personas que podrían aportar en esta historia que están vivas y, obviamente, sobre las cuales tenemos competencia en la JEP: antiguos integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que de forma voluntaria se acogieron a la JEP.
En la etapa de investigación, la JEP encontró que dos estructuras paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC), incubaron la guerra en el Magdalena Medio ¿Cómo operaban y qué rol tuvieron en la disputa territorial contra otros grupos ilegales?
Es una historia que se ha investigado muy a profundidad en el Centro Nacional de Memoria Histórica y para las sentencias del proceso penal especial de Justicia y Paz. La JEP ha construido sobre lo que ya tenían esas instancias, la justicia ordinaria y la Comisión de la Verdad. Está profundizando y esclareciendo lo que estaba en casi total impunidad, que era cuál es la responsabilidad de los agentes del Estado.
Justicia y Paz investigó a profundidad a algunos jefes paramilitares y muchos están condenados. Quienes perpetraron, los ejecutores materiales de las masacres de Barrancabermeja, están condenados porque confesaron hace muchos años en Justicia y Paz, como “el Panadero”, “Camilo Morantes” y otros paramilitares de menores rangos. Lo que se había quedado engavetando eran las referencias que hicieron todos esos paramilitares a miembros de los distintos batallones, la brigada, la inteligencia militar, el DAS y la Policía. Eso nunca lo investigó la justicia ordinaria.
Las famosas miles de compulsas de copias se quedaron en los anaqueles, en una información sumamente desorganizada. Las versiones libres de los paramilitares no tienen índices; muchas no estaban transcritas. Nos ha tocado hacer una tarea de arqueología enorme para conseguir esas diligencias, transcribirlas. Ha sido una empresa gigante porque la información realmente sobre las menciones a los militares estaba muy desorganizada.
Pero la historia es muy compleja sobre organizaciones paramilitares más pequeñas, arraigadas en el territorio y que luego se transforman. Aquí fue lo que se conoció como el Bloque Central Bolívar y se coaligó en la confederación paramilitar que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero desde mediados de los 80 vinieron estos grupos de justicia privada como el MAS, Los Masetos, las autodefensas de “Camilo Morantes”, que eran las AUSAC, que luego entran en una disputa y los que sobreviven se convierten en el Bloque Central Bolívar.
Todos esos antiguos combatientes entrenados en el uso de las armas, en la violencia, en las economías ilegales, en servicios ilegales de seguridad, se hicieron funcionales a la organización criminal del momento.
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¿Qué ha logrado la JEP en esa revisión del caso, que no pudieron hacer la Fiscalía, la justicia ordinaria ni la transicional del 2005?
Lo primero que hay que decir es que un conflicto armado interno de las características y dimensiones del nuestro en Colombia es un desafío mayúsculo para cualquier aparato de justicia. Estamos hablando de una guerra de cinco décadas en todo el territorio nacional, con una multiplicidad y complejidad de actores donde hubo 10 guerrillas distintas desde la década de los 60, grupos paramilitares, la participación de los agentes del Estado y, en muchos casos, también lo que significó para la persecución de fiscales, jueces, investigadores que tuvieron que huir, vivir muchos años en el exilio. Algunos incluso no regresaron.
Pero, además, personas que fueron asesinadas. Recordemos la masacre de La Rochela, contra la comisión judicial. Entonces es un gran desafío para cualquier administración de justicia ejercer en una guerra de estas características, hacer justicia mientras eso está ocurriendo, con el desafío que significó tanto el poder que llegaron a acumular las guerrillas, sobre todo a finales de la década de los 2000 en los distintos territorios, y el poder que llegaron a acumular los paramilitares.
Ahora, Colombia hizo este esfuerzo bien importante de establecer una justicia especial para la negociación política con los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe, que sigue funcionando y produjo resultados importantes. Diría además que la JEP se construyó y se concibió aprendiendo de las lecciones de, para ese momento, 15 años del funcionamiento de Justicia y Paz.
La JEP responde a muchas de las lecciones aprendidas, pero lo que yo creo es que Justicia y Paz escuchó a los paramilitares en unas diligencias de versión libre que tuvieron implicaciones para las víctimas a veces muy negativas, en la manera como participaron. Las víctimas a veces resienten mucho cómo fueron vinculadas, cómo fueron representadas, que no fueron tenidas en cuenta; sienten que se descuidaron mucho sus necesidades y sus derechos en el proceso mismo.
Pero ahí se produjeron decisiones importantes que esclarecieron lo que hicieron los paramilitares. Estamos hablando de por lo menos 100 sentencias contra mandos bajos y medios, altos de los distintos bloques que se coaligaron en las Autodefensas Unidas de Colombia, donde hay muchísima información. Se esclareció quiénes fueron los ejecutores materiales de muchísimas masacres, asesinatos, desapariciones forzadas.
Lo que se quedó por hacer fue cuál había sido la responsabilidad de los agentes del Estado, y las personas en los territorios lo resienten mucho, porque lo vieron y lo vivieron cotidianamente. La gente tiene mucha rabia de decir: ¿Por qué la justicia nunca investigó lo que para nosotros era una realidad cotidiana? Los patrullajes conjuntos, las masacres que ocurrían a metros de una estación de Policía o de un retén del Ejército.
La gente sí tiene mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración con la justicia. ¿Por qué lo que para ellos era una cosa real y de la vida cotidiana nunca se investigó? ¿Qué responsabilidad les cabe a los agentes del Estado? Esa es la gran pregunta que pretende responder la JEP, porque ese es nuestro mandato: esclarecer lo pendiente de los crímenes de la guerra.
¿La investigación previa a esta audiencia de observaciones les ha permitido delinear los patrones de macrociminalidad del subcaso Magdalena Medio? ¿Qué han encontrado sobre la forma en la que operaban los actores armados, de cara a la imputación?
La JEP construye sobre lo construido por la justicia ordinaria y aprende de las lecciones que dejaron 20 años de investigación en Justicia y Paz. Pero tiene una metodología muchísimo más sofisticada de investigar cuando se trata de crímenes de sistema, que busca esclarecer, documentar y explicar los grandes patrones de macrocriminalidad. Aquí no estamos hablando de listas desconectadas de hechos, estamos hablando de miles de hechos que se unen porque responden a los mismos propósitos estratégicos de la violencia, que se cometen por los mismos perpetradores, en el mismo territorio, contra víctimas que tienen el mismo perfil, con el mismo modo de acción criminal y que los explica un mismo propósito estratégico.
En el caso de la ciudad de Barrancabermeja, estamos hablando de la imposición del control de los paramilitares, especialmente en los barrios; en la audiencia nos lo explicaban las víctimas, que se percibían como los bastiones de las milicias guerrilleras. En esos barrios que hacía tiempo habían podido tener presencia o actuación militar de milicias, vivía un montón de gente: campesinos, personas desplazadas de otros territorios, estudiantes.
Todos resultaron en la mitad de la confrontación armada y todas estas personas de la masacre de mayo de 1998, de febrero de 1999 y otros asesinatos selectivos y desapariciones forzadas fueron señaladas de manera falsa, de manera arbitraria, sin ninguna investigación, como guerrilleros, bases, auxiliadores o milicianos. De hecho, la historia del jefe paramilitar “Camilo Morantes” es muy diciente. Se dice que él consumía mucho alcohol, que estaba muy traumatizado por la guerra y que cuando consumía el alcohol se volvía un loco brutal, asesino, torturador. Con este síndrome de que todas las personas eran sus enemigos, terminaron asesinadas, torturadas o desaparecidas muchas personas en el territorio.
Tenemos otra línea sobre la USO. Ellos remitieron informes, incluso muchos sindicatos pensaban que había podido abrirse un gran macrocaso sobre el movimiento sindical. Nosotros, en el marco de la investigación en el Magdalena Medio, hemos querido darle el lugar que se merece al tema de la persecución contra la USO. El sindicato tiene más de 100 personas asesinadas en este y otros territorios, entonces hemos querido entender también lo que significó la persecución contra el sindicato.
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Un punto clave de las audiencias de observaciones es el reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas, que paradójicamente en muchos casos es lo que más cuesta. En el subcaso Magdalena Medio, ¿cómo ha sido ese reconocimiento por parte de los comparecientes?
Yo creo que el punto central de partida es que reconozcamos lo que ocurrió, los hechos, que esas personas fueron desaparecidas, torturadas, ejecutadas y, en este caso, que hubo actuaciones de coordinación o alianzas de intercambio de información, de inteligencia entre jefes paramilitares y miembros del Ejército. Reconozcamos que eso ocurrió.
Luego determinemos las responsabilidades. ¿Qué responsabilidad les cabe a los agentes del Estado que tenían el mandato y el deber constitucional de garantizar la vida y los derechos de todas y todos los pobladores y que, al contrario, lo que indica la investigación es que se asociaron con los paramilitares? Una asociación que terminó en muchas de estas acciones criminales.
Y, por supuesto, están los daños que nos narraban las víctimas en la audiencia de observaciones. Ahí hay muchas categorías de daños, pero hay unos muy presentes, sobre los que se puede responder y trabajar; por ejemplo, las personas que aún siguen desaparecidas. Allí estamos trabajando de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) y, ojalá, con nueva información que aporten los comparecientes para lograr actuar de manera diligente en esa búsqueda de personas desaparecidas.
La audiencia de observaciones le abre la puerta a la contrastación previa a las imputaciones de máximos responsables. ¿Cuáles son los principales puntos de controversia por parte de las víctimas sobre este expediente?
Estamos en medio de la contrastación y eso significa verificar lo que dijeron los comparecientes. Hemos escuchado a 35 antiguos miembros de distintos batallones y brigadas, 10 testigos, entre ellos varios jefes paramilitares, víctimas sobrevivientes, autoridades públicas, algunos antiguos alcaldes de Barrancabermeja. Tenemos que contrastar todo lo que ellos han dicho con lo que dicen los archivos oficiales de las distintas instituciones.
Hemos recopilado miles de folios del archivo de la Quinta Brigada, de los dos batallones presentes en Barrancabermeja, del Batallón de Inteligencia Número Dos, de la Policía y también miles de archivos de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, donde constan muchas comunicaciones de organizaciones sociales, de víctimas y de la propia Unión Sindical Obrera que advertían lo que estaba pasando.
Estamos estudiando a fondo todas esas comunicaciones y contrastando lo que han dicho los comparecientes contra todo ese material documental. Por otra parte, contrastamos con lo que nos han dicho las víctimas. Aquí, por ejemplo, varias víctimas, familiares de personas desaparecidas, nos narraron cómo después de la masacre del 16 de mayo de 1998 fueron a tocar las puertas del batallón para alertar que a sus familiares se los había llevado una camioneta y que se decía que estaban en San Rafael de Lebrija (Santander), donde era públicamente conocido el campamento de “Camilo Morantes”, y nos dijeron que no tuvieron ninguna respuesta de los miembros del batallón.
Es una escena muy dramática donde las víctimas narran con detalle cómo golpeaban a las puertas, se pararon en la entrada del batallón, llamaron a la guardia. De otra parte, los comparecientes nos relatan lo que ocurría detrás de esas puertas, donde algunos de ellos incluso le tocaron a los comandantes, pero no respondieron. Esas 25 personas que fueron sacadas de los barrios, luego fueron torturadas durante varios días y desaparecidas forzadamente.
Durante la audiencia de observaciones, las víctimas fueron insistentes en que hoy el panorama es igual al de hace más de 20 años y piden garantías para ejercer sus liderazgos. ¿Hay esperanza en la administración de justicia en territorios como el Magdalena Medio, donde la guerra no termina?
Para nadie es un secreto que en el Magdalena Medio y en Barrancabermeja opera y circula el crimen organizado actual; el Clan del Golfo es un actor muy importante en este territorio. Y para muchas víctimas es una fuente de inseguridad. Tenemos varias víctimas protegidas sobre quienes hay declaratoria de situación de riesgo extraordinario. Hemos conocido sobre atentados, de acciones armadas del Clan del Golfo en este territorio y eso, por supuesto, pues es un contexto extremadamente difícil.
Pero creo que la JEP representa una gran oportunidad de hacer justicia en este territorio. Las víctimas lo perciben así; creo que sienten que hay esperanza porque ven que hemos acopiado confesiones importantes, cientos de archivos que ellas habían señalado que eran absolutamente estratégicos, como los de inteligencia. Muchas víctimas habían dicho: “La justicia tiene que ir a los archivos de la Brigada 20, a los archivos de los batallones de inteligencia”. Y la justicia no lo había hecho. La JEP ha protegido los archivos de la Brigada 20.
Allí hemos encontrado piezas que confirman lo que muchas personas dijeron desde hace décadas sobre seguimientos y estigmatizaciones, que es otro capítulo. Las víctimas ven que sí se puede investigar de manera seria, rigurosa, diligente y que nos hemos tomado muy en serio los relatos de las víctimas, los testimonios que han sido un punto de contrastación central para nosotros. En esa triangulación de lo que dicen los comparecientes, los relatos de las víctimas, los archivos oficiales, lo que han dicho organizaciones e instituciones durante décadas, se puede establecer la verdad y se puede llegar a las máximas responsabilidades.
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Magistrada, ¿qué le quita el sueño?
Lo que realmente me preocupa es ver a muchas víctimas de los 80 y de principios de los 90, como en Landazuri, La India, Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Yondó, Puerto Berrio o San Pablo, que dicen: “¿Cuándo se va a esclarecer mi caso?”. Si yo tuviera cinco años más de investigación y el doble del equipo que tengo, seguramente lo podríamos lograr. Pero tengo que hacer magia con el tiempo y el equipo que tengo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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