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La capacidad para navegar en internet no es infinita, ya que los recursos que se necesitan para esto son limitados. Las antenas, cables y demás infraestructura que instalan los operadores de telecomunicaciones tienen un costo considerable, a lo que se suman las limitaciones físicas que tienen las “vías” por donde viajan las ondas con las que nos comunicamos (el espectro radioeléctrico).
Lógicamente, si esta capacidad no crece a la par del tráfico, se llegará a un punto en el que, como usuarios, experimentaríamos congestión en la red. Las velocidades de navegación disminuirían, los tiempos de carga y descarga aumentarían y podrían presentarse interrupciones en el servicio (con las correspondientes afectaciones económicas que esto implica). Esto en el peor de los escenarios. No estamos ahí, pero el panorama requiere acciones para evitar llegar a este caso.
Las cifras en nuestro país muestran que la demanda de internet crece de una forma considerable año tras año. El más reciente reporte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) señala que, al cierre de 2024, las conexiones desde dispositivos móviles llegaron a 49,4 millones, lo que se traduce en un incremento de 2,8 % respecto a diciembre de 2023. Esta cifra es relevante si se tiene en cuenta que, según el DANE, la población de personas de 15 años o más apenas se acerca a las 41 millones.
La tecnología 5G es la de más amplio crecimiento, pues para el último mes del año pasado alcanzó los 3,8 millones de accesos, lo que equivale a 7,7 % de las conexiones móviles, así como un incremento de 79 %.
La cifra más llamativa es la del tráfico de internet móvil, pues el año pasado llegó a registrar 1,61 millones de terabytes, lo que representó un crecimiento de 10,1 % si se compara con 2023. Para ilustrar esta magnitud, es equivalente a reproducir 403 millones de películas de 4GB en alta definición. Adicionalmente, se estima que solo entre 2022 y 2024 el tráfico en el país casi que se duplicó (se multiplicó por 1,57).
Para atender este aumento en el tráfico, los operadores de telecomunicaciones realizan inversiones año tras año para ampliar su infraestructura y, en la medida de lo posible, hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.
Los datos de la CRC también muestran que en los últimos nueve años estas empresas han hecho inversiones que promedian los $6,2 billones al año. 2022 tiene la cifra más alta, de casi $9 billones, seguida de 2023, con $8,23 billones. Compañías como Claro, TIGO UNE, Telefónica, ETB y WOM invierten en esto, en promedio, cerca de 20 % de sus ingresos operacionales por año.
Con este panorama claro, existe el temor de que la demanda de internet termine por superar la capacidad que tienen los operadores para invertir en infraestructura.
Para evitar esto, desde distintos sectores se ha propuesto implementar el concepto de ´fair share´, que podría traducirse de forma general como contribución justa. Este concepto consiste en que los grandes generadores de tráfico (Google, Meta, Netflix… también conocidos como OTT) contribuyan en el financiamiento de las telecomunicaciones.
Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA, explicó a El Espectador que lo que se pretende es implementar incentivos para que estas empresas hagan un uso más eficiente de la red. Él las compara con un niño que acostumbra dejar las luces de la casa encendidas pues, como no paga la factura de energía, no tiene un motivo para ahorrar. Algunos ejemplos de esto son compañías enviando videos con resolución 4K u 8K a dispositivos que ni siquiera soportan esas calidades.
“Estas compañías no pagan por el acceso a internet. Lo que impulsamos es pensar metodologías o levantar restricciones que permitan un acuerdo entre operadores y grandes plataformas para lograr un uso eficiente de estas redes. Si siguen así es como pretender que una fábrica de televisores no pague por la energía eléctrica que necesitan para la fabricación, bajo el pretexto de que esos aparatos luego se van a conectar a la red eléctrica y van a generar un consumo que beneficiará a la compañía de energía”, señaló.
Aunque de momento no es claro quiénes participarían directamente de estas nuevas metodologías, pues en Colombia y América Latina ni siquiera hay leyes que adopten y regulen esta propuesta, sí se sabe cuáles son las principales empresas que más generan tráfico en la región. Según la GSMA, el 70 % proviene de Alphabet (Google y YouTube), Tik Tok y Meta (Whatsapp, Facebook, Instagram y Messenger). Esta última lidera con una participación de 50 %.
En Colombia, según la CRC, los principales generadores de tráfico son Meta, Alphabet, Tik Tok, X, Netflix, Microsoft, Disney y Amazon. Estas generaron 416.000 terabytes en diciembre de 2024 (casi 40 % del tráfico móvil total), lo que se tradujo en un aumento de 0,87 % en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior.
Las previsiones para los años que se avecinan podrían incluso marcar un impulso considerable en el tráfico con el uso de la inteligencia artificial y los dispositivos IoT (aparatos inteligentes). En suma, ya no solo los humanos demandarán cada vez más internet, sino también las máquinas.
Gallitto aclara que la adopción del fair share no necesariamente implica un pago directo a los operadores de telecomunicaciones por parte de las OTT, sino que también pueden ser condiciones técnicas para el intercambio de tráfico, como no enviar video de 4K u 8K a dispositivos que no los soportan, emplear algoritmos que comprimen los videos en horas pico, o evitar el tráfico ineficiente o no solicitado por el usuario (un ejemplo de esto es la publicidad en YouTube, la cual puede ocupar hasta dos minutos de cada video).
Los peros a esta propuesta
Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, señala que algunas OTT consideran que este tipo de iniciativas violan la neutralidad de la red, la cual establece que todos los datos en internet deben ser tratados por igual, sin discriminación o preferencias.
Es decir, los mecanismos de fair share podrían derivar en que los usuarios experimenten problemas para acceder a la información o que unos contenidos se prioricen sobre otros. A esto se suma posibles costos extra para los usuarios pues, si plataformas como Netflix deben empezar a pagar a los operadores, es posible que trasladen esos gastos extra a sus suscriptores.
“En términos de derechos humanos, esto también implica barreras de acceso a la información, porque cambiar la estructura de costos y pagos puede afectar la disponibilidad y calidad del servicio. En libertad de expresión también implica desafíos, porque quien no paga no puede entrar, lo que podría derivar en un futuro con más censura”, detalla Castañeda, quien también es consciente de que si los operadores dejan de invertir en expansión se crearán problemas de brecha digital e innovación.
Para él, el fair share no necesariamente resuelve el problema porque, por ejemplo, ¿cómo sabríamos que los operadores sí invertirán esos dineros en más y mejor infraestructura?
Castañeda es enfático en que se podrían explorar otras alternativas. Para el caso colombiano un buen candidato podría ser el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (FonTIC), adscrito al Ministerio de la TIC y que tiene como propósito financiar los planes, programas y proyectos que permitan facilitar el acceso universal a estas tecnologías.
También está el ejemplo de Francia, donde en 2019 se adoptó el impuesto a los servicios digitales, también conocido como la “tasa GAFA” (por Google, Apple, Facebook y Amazon), mediante la cual se grava el 3 % de los ingresos que se generan a partir de determinados servicios digitales en ese territorio, cuando los mismos exceden ciertos umbrales.
Es decir, una propuesta alternativa podría ser establecer un impuesto similar en Colombia mediante el cual se financie el FonTIC para que, a su vez, esos recursos se inviertan en la expansión de la red.
Lo cierto es que la creciente demanda de internet sí implica un desafío para la industria y, por ende, para el desarrollo del país. Si no se hace nada es probable que experimentemos afectaciones en la calidad del servicio. Propuestas como la del fair share buscan abordar este problema, aunque no serían la única salida. ¿Cómo garantizar un crecimiento sostenible de la conectividad en un entorno de recursos limitados?
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