Chuzados o desconectados

Frente a la inexistencia de normas específicas que regulen la materia, muchos fallos judiciales han avalado esa forma de interceptar la privacidad. Es simple y llanamente la justificación de la “chuzada” laboral que en todo caso es un atropello a derechos fundamentales como la intimidad y la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones privadas.

Los primeros casos en los que los jueces consideraron legítimas esas prácticas se dieron en Estados Unidos hace unos años. En Colombia se conoce un concepto de 2008 del Ministerio de la Protección Social en el que se admite la posibilidad de restringir el acceso a ciertas páginas de internet o la privacidad del correo electrónico por tratarse de herramientas de trabajo que no pueden ser utilizadas para asuntos personales o confidenciales. Flojo argumento. Con ese principio, si la empresa le suministra al trabajador un terminal de telefonía celular, ¿también podría oír y grabar sus conversaciones?

No hay duda de que existe uno que otro empleado, pillo o perezoso, pero, frente a la eventualidad de que los trabajadores filtren información reservada o malgasten su tiempo navegando en internet, la solución no puede ser la implementación de una especie de Gestapo empresarial.

Frente a la problemática algunas empresas en pleno siglo XXI han llegado al extremo de no permitir el acceso a internet sino únicamente a los cargos del nivel más alto o a impedir el acceso a buscadores como Google y a redes sociales como Facebook y Twitter. Eso no soluciona el problema, pero sí puede afectar gravemente la productividad.

En estos tiempos en los que la humanidad aumenta en millones de veces la cantidad de datos que se produjeron en los siglos precedentes, nadie, ni el Estado más poderoso, tiene la capacidad de impedir que la información fluya. Es una realidad que asusta y anima a la vez.