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El martes pasado se hizo pública la Sentencia T-452/23, un fallo que defiende el periodismo feminista y tipifica el acoso judicial como una forma de censura. La sentencia llega en respuesta a una tutela que interpuso el reconocido cineasta colombiano Ciro Guerra, en contra de nuestra, alegando que la investigación “8 denuncias por acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”, publicada en 2020, daña su buen nombre.
Guerra interpuso tres acciones legales en nuestra contra: una denuncia penal, que en este momento sigue en curso; una demanda civil por un millón y medio de dólares, y una acción de tutela por la misma razón y con los mismos argumentos. Las tres acciones legales fueron excesivas y redundantes, y por eso la Corte las tipifica como “acoso judicial”, que ocurre cuando “se comprueba que la persona acude a la justicia, no con el fin de proteger sus derechos fundamentales, sino con el propósito de silenciar la expresión, en especial, cuando esta resulta de interés público; (…) cuando la persona que activa el sistema de justicia cuenta con recursos muy amplios para contratar los servicios de abogados, (…) cuando se evidencia un desequilibrio de poder entre las partes; y cuando la persona que acude a la justicia formula pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer por la parte accionada, en especial, indemnizaciones millonarias”.
La Corte también establece que estas denuncias son discurso especialmente protegido pues “el discurso que tiene por objeto la denuncia de la violencia basada en género contra la mujer cuenta con una protección reforzada, en razón a que constituye un asunto de interés público y tiene connotaciones políticas, de reivindicación de derechos humanos de un grupo tradicional y estructuralmente discriminado”. En la misma línea resalta la importancia del escrache como una “acción individual o colectiva que va más allá de la búsqueda de justicia, ya sea social o institucional, y no es posible reducir sus objetivos y efectos a una perspectiva netamente punitivista (…) pues es también una apuesta por un despertar social, una forma de protesta colectiva y una expresión artística que quiere iniciar una conversación abierta y pública sobre temas que han sido tradicionalmente ocultados y que impactan directamente la vida de las personas”. Diferencia el escrache del periodismo feminista, pues el segundo implica “estándares de contrastación, verificación, corroboración de la información; manejo de las fuentes, y previsión de espacios para (…) tramitar las solicitudes de rectificación que les sean formuladas”. Este reconocimiento es importante porque para muchos periodistas anticuados (y quizás machistas) el periodismo feminista “no es periodismo, sino activismo” (como si fueran opuestos o excluyentes) es decir que es una práctica que no respetan y que no consideran dentro del oficio. La Corte afirma que “los medios, no tienen que declarar una neutralidad en lo que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de las mujeres y otros sujetos especialmente protegidos, la movilización social”.
Además, este fallo no solo defiende al periodismo feminista, pues Guerra, con sus acciones legales busca tres cosas que harían impracticable el periodismo en general: que revelemos nuestras fuentes protegidas y que el periodismo de investigación no pueda hacer denuncias o señalar que alguien tuvo un mal comportamiento o cometió un delito sin un fallo judicial de por medio. La T-452 es una victoria frente a estos oprobios, pero Guerra aún insiste en acciones legales (denuncia y demanda) que exigen censura previa y que, si resultan a su favor, podrían acabar con las garantías básicas indispensables para que todos y todas las periodistas de Colombia podamos seguir haciendo nuestro trabajo, que pasa por la vigilancia de hombres poderosos como él. La Corte envió copias de su fallo a los procesos civil y penal en curso para que lo tomen en cuenta, y ojalá que estas cortes detengan el acoso judicial de Guerra, que no solo nos afecta a nosotras, también pone en peligro todo el periodismo nacional y regional.
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