Consenso por el trabajo digno

Estos aspectos serán el foco de la política pública de trabajo decente y digno de Bogotá, plasmada en un decreto que el alcalde Gustavo Petro firmará próximamente. Aunque los aspectos generales de la política laboral los fija la Nación (salario mínimo, seguridad social, etc.), las alcaldías pueden, por ejemplo, fortalecer la formación para el trabajo, favorecer la contratación de ciertos grupos poblacionales o crear empleo directamente.

El texto de la norma parte de lo que la OIT entiende por trabajo decente: “Una ocupación productiva desarrollada en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, que se plasma a través del respeto a la igualdad de género y no discriminación”. Allí se establece, por ejemplo, “incentivar la contratación privada de población vulnerable”, como víctimas y discapacitados, además de jóvenes y mujeres. También, mejorar los servicios que presta el Distrito para colaborar con la búsqueda de empleo a quienes se inscriban en sus bases de datos.

Manuel Riaño, director del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (ODEB), explica que las agencias que prestan el servicio de búsqueda de empleo están concentradas en el nororiente de la ciudad, a pesar de que los diagnósticos indican que hacen más falta en el sur y en el occidente, sectores donde quienes buscan trabajo tienden a acudir a recomendaciones personales como primera opción. Además, la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito será el “mecanismo formal de búsqueda para encontrar el personal idóneo que ocupe las vacantes ofrecidas por empresas de la ciudad”.

Otra parte la compone la formación para el trabajo. En Bogotá, según Riaño, mil instituciones se dedican a esto, pero carecen de control suficiente. De ahora en adelante, explica, la Secretaría de Desarrollo Económico “debe garantizar la pertinencia de esa formación, dependiendo de los perfiles que definan instituciones como el Sena”. Toda persona formada en ellas debe acreditar, al menos, 600 horas de estudio.

Si el Distrito cumple con el capítulo dedicado a la “dignificación del trabajo público” tiene la oportunidad, por un lado, de mantenerse como un actor que contribuye de manera importante con la oferta laboral en la capital y, por el otro, podrá sacudirse críticas como las que formuló en diciembre la Contraloría al advertir el “alto número de contratos de prestación de servicios” en la Secretaría de Integración Social: 26.000, “180% más que los celebrados en 2011”.

El decreto también significará un avance político, pues concretará un consenso entre Alcaldía, gremios (Andi, Fenalco y Acopi), sindicatos (CUT, CTC y CGT), Ministerio de Trabajo y OIT. Todos participaron desde 2012 en la concertación del texto.

Camilo Montes, gerente de la Andi en Bogotá, y Luz Mary González, directiva de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), coinciden en que se trata de una concertación pionera en el país, de la que esperan buenos resultados. Montes declara: “Los empleadores representados en la Andi lo consideran una buena herramienta ante una serie de individuos que, queriendo explotar una oportunidad de negocio, de forma desleal pretenden estar en nuestro mercado y no cumplir con ciertos preceptos”. La sindicalista, a su vez, resalta el enfoque de género que tendrá el decreto, “la aplicación y defensa de derechos sindicales” y la posibilidad de que otras ciudades comiencen a replicar esta experiencia.

El mayor peligro es que el alcalde que suceda a Petro deje a un lado esta política, por lo que queda en manos de los demás actores garantizar su continuidad.