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El segundo semestre de 2019, la agenda deportiva nacional se vio marcada por un paro de futbolistas profesionales antes de la fecha 20. A punto de definirse los ocho finalistas del torneo finalización, los jugadores profesionales anunciaron la suspensión de actividades. Su idea era activar la negociación de un pliego de 12 peticiones para mejorar sus condiciones laborales. El 75% de jugadores y jugadoras profesionales, unos 1.117 futbolistas, solicitaron a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), un proceso de negociación colectiva. Sin embargo, la fecha se jugó y los reclamos no llegaron a una mesa de negociación porque las autoridades del fútbol concluyeron que ellos no eran los empleadores de los futbolistas. (Lea aquí: La pelea que puede terminar en “paro” de futbolistas)
En la misma respuesta, quedó explícita su desautorización a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), organización que lideró a los jugadores en el proceso de cesar sus actividades. Según las autoridades del fútbol, Acolfutpro es apenas una persona jurídica, pero no una organización sindical con capacidad de negociación. “Las sugerencias que emanen de Acolfutpro, como las de cualquier persona natural o jurídica a nivel nacional o internacional, podrán ser recibidas para su correspondiente estudio, pero no puede ser entendidas con carácter vinculante o definitivo (…) Por lo anterior, no es posible dar curso favorable a su solicitud”, respondió en ese momento la Dimayor a los jugadores y jugadoras de fútbol respecto a su reclamo colectivo.
Entonces la discusión pasó a ser jurídica. La pugna se trasladó al Ministerio del Trabajo a través de una queja que fue radicada ese mismo 2019. En síntesis, los jugadores plantearon su derecho a ser considerados como trabajadores en Colombia, y por ese solo hecho, con derecho a negociar sus condiciones laborales, sin importar si están o no sindicalizados. El Ministerio del Trabajo se tomó tres años para resolver el caso, y en una decisión notificada esta semana, concluyó que el paro de los futbolistas en octubre de 2019 sí debe ser tratado como un asunto del derecho de asociación y negociación colectiva de los trabajadores. La consecuencia es que el pliego de peticiones presentado por Acolfutpro es válido y representa a los jugadores que lo firmaron y aprobaron.
Respecto a si la FCF y la Dimayor pueden ser equiparados a los empleadores de los futbolistas, el Ministerio del Trabajo concluyó que, si bien estas asociaciones no son los empleadores directos, sí tienen influencia en las relaciones laborales de los jugadores. “Para este despacho está claro que el empleador directo de los futbolistas no es la FCF y la Dimayor, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social. Sin embargo, estos sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, verbo y gracia en el periodo o fecha de disfrute de vacaciones, en la programación de la jornada laboral y en materia disciplinaria”.
El Ministerio del Trabajo se jaló las orejas, revocó la decisión que había archivado el expediente y dispuso una investigación administrativa por la presunta negativa a negociar por parte de la FCF y la Dimayor. El profesor Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, cree que esa decisión constituye un precedente importante en el amparo de los derechos de libertad sindical en Colombia, porque habilita espacios de negociación colectiva sectorial o gremial en escenarios con desarrollos aún débiles. Un avance para los trabajadores que prestan sus servicios en empresas afines. Como el caso del fútbol, que genera alta rentabilidad económica y por tanto admite una negociación de condiciones de trabajo en materia colectiva.
También hay voces discordantes. Adriana Camacho, profesora de Derecho laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sostiene que la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo es peligrosa y va contra la normatividad en Colombia en materia de seguridad jurídica. “La negociación en Colombia es por empresa. No existe negociación por industria, rama o sector económico, pese a que la Organización Internacional del Trabajo lo recomienda. Aunque haya sindicatos por industria, la negociación es por empresa. No podemos inventarnos ahora que vamos a tener negociación por industria porque eso no es así de fácil, menos en un grupo pequeño como pueden ser los futbolistas”, explicó la docente.
“Con esta resolución no solo se quiere obligar a la FCF y la Dimayor a sentarse a realizar un procedimiento por el que no existe marco normativo, sino que busca sancionarlos. Es insensato e injusto. El ministerio se está extralimitando”, concluyó la abogada Camacho. Es claro que el tema promete debate no solo en el mundo del fútbol sino en los ámbitos del derecho laboral colectivo. Más allá de la discusión, entre otras cosas los futbolistas quieren un calendario de competencias profesionales y buscan concertar aspectos del Estatuto del Jugador y el Código Disciplinario de la FCF, así como acceder a una minuta única de contrato de trabajo para todos los jugadores. Buscan diálogo sobre el torneo profesional de fútbol femenino, los derechos de televisión, los protocolos contra la discriminación, el acoso laboral o la violencia de género. Todo lo que hoy es posible en derecho. Hasta un partido anual de la selección en beneficio de Acolfutpro.
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