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La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría realizaron un informe en el que denuncian que el programa de atención a las víctimas pertenecientes a grupos étnicos no cuenta con presupuesto. Además, en el documento denunciaron que no hay garantías para los derechos territoriales y la reparación colectiva de estas comunidades.
La Comisión de Seguimiento conformada por estas tres entidades aseguró que no hay un “esfuerzo presupuestal” para la implementación de una política pública para la atención a víctimas de comunidades étnicas. Lo anterior lo explicaría “la ausencia de proyectos de inversión dirigidos a esta población, y que en muy pocos casos las metodologías para la implementación de la política se han construido de la mano con las comunidades”.
Este es el cuarto informe que entregan al Congreso de la República. Según la comisión encargada de realizarlo, las dificultades que en este se evidencian, es porque las entidades territoriales han tenido una “escasa capacidad gubernamental para superar las señaladas en los informes anteriores”.
Sobre la restitución de los derechos territoriales, las tres entidades sí reconocen que ha habido un avance en los trámites administrativos y judiciales, pero en los territorios “no se han consolidado”. Algunos de los motivos por lo que esto se ha dado son: la persistencia del conflicto armado, la misma falta de presupuesto y “la disputa de los territorios colectivos por parte de actores con intereses económicos legales o ilegales”.
Además, hay “una vulneración de los derechos de las comunidades étnicas a la reparación colectiva en la medida que no resulta fácil la exigibilidad de lo acordado al faltar concreción y claridad en ello”, precisa el informe. También hay una falta de consulta a las comunidades sobre los proyectos que se proponen.
La Comisión de Seguimiento termina el informe con unas recomendaciones para que se realice una “política de víctimas para comunidades étnicas en el posacuerdo”, en la que se debe incluir el respeto a los derechos territoriales y “el fortalecimiento del gobierno propio y la participación de las organizaciones representativas de los grupos étnicos”.