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La contaminación del río Bogotá es una realidad cada día más costosa, no solo por la inconsciencia ciudadana, sino por los retrasos en las obras ordenadas por la justicia para recuperar y conservar el principal afluente de la ciudad, lo que prolonga los incalculables efectos ambientales y sus consecuencias. Según datos del Observatorio Regional Ambiental y del Desarrollo Sostenible del río Bogotá (Orarbo), por cada año de atraso en las obras, al río llegan sin tratar 838.000 metros cúbicos de aguas residuales, casi 49 veces el concreto que se necesitó para construir la Torre Colpatria. Siendo optimistas, esto apenas empezará a cambiar en 2029.
A pesar de que el fallo judicial, ratificado en 2014 por el Consejo de Estado, dio tres años para ejecutar 87 órdenes a Bogotá, quince entidades del orden nacional y a los 45 municipios de Cundinamarca, a lo largo de los 380 kilómetros del afluente (desde su nacimiento, en Villapinzón, hasta su desembocadura, en Girardot), su pleno cumplimiento aún se ve lejano. El sistema de saneamiento Tunjuelo-Canoas, corazón del plan de descontaminación, es una obra que sigue cruda.
La situación genera preocupación y obliga a concentrar las miradas en la zona de mayor impacto ambiental: la cuenca media, un tramo de 90 km, que bordea la capital, entre el municipio de Cota y el Salto del Tequendama (Soacha). En su área de influencia viven casi diez millones de personas, que descargan a diario 600 toneladas de materia orgánica y, según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 690 toneladas diarias de residuos sólidos, que hacen que el afluente sea un río muerto. Para darle dimensión a este último dato, es como lanzar desechos al río del tamaño de 86 retroexcavadoras. Esto, sin contar los metales pesados, botellas, pañales e incluso colchones que se alcanzan a remover.
Este panorama ratifica los datos del Orarbo, que indican que el 70 % de las aguas de esta cuenca son catalogadas como “malas”, situación que podría ser más crítica si el Acueducto de Bogotá no removiera cada año 160.000 toneladas de basura del sistema de alcantarillado, humedales y canales, desechos que equivalen al volumen de 4.000 biarticulados del sistema Transmilenio. Esto deja clara la magnitud del diario desastre ecológico y de ahí la preocupación de la Personería de Bogotá, que hace poco advirtió el retraso de la construcción de proyectos claves para el saneamiento del río.
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Lejano saneamiento
La preocupación por rescatar el río es de vieja data. Desde 1992 se vienen promoviendo procesos judiciales para obligar a las autoridades locales, regionales y nacionales a hacerlo. Aunque se han desarrollado obras, lo grande sigue inoperante. La corrupción, la falta de planeación, la pandemia y, en ocasiones, la falta de voluntad política han jugado en contra.
Si bien, se diseñó hace más de una década un gran sistema de saneamiento para no seguir contaminando el río en su paso por Bogotá y Soacha, este sigue incompleto y no lo estará, al menos, hasta 2029. Por ahora, opera la PTAR Salitre, que trata al día 300.000 metros cúbicos de aguas negras, que producen los 2,2 millones de personas que residen entre las calles 80 y 119, pero sigue sin entregar su ampliación (debía estar lista en 2021), la cual aumentará su cobertura (entre las calles 26 y 200) y duplicará la capacidad de tratamiento (de cuatro a ocho metros cúbicos por segundo).
Y a esto se suma el retraso mayor: el sistema, que operará en el sur y descontaminará el 70 % de las aguas negras de Bogotá y el 100 % de las de Soacha: Tunjuelo-Canoas. Esta megaobra contempla una red de túneles subterráneos (60 metros bajo tierra) integrado por los interceptores Fucha-Tunjuelo, Tunjuelo-Canoas y el de la Zona Franca (se invirtieron casi $500.000 millones), que recogerán las aguas negras de casi siete millones de habitantes; la estación elevadora Canoas, que sacará las aguas de los túneles a la superficie, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, donde las tratarán antes de verterlas al río.
A pesar de que los túneles están listos, siguen desconectados a causa de los retrasos en el resto del sistema. Por un lado, la planta elevadora, en la que se invirtieron casi $400.000 millones y debía estar lista este año, se entregará a finales de 2023. Por el otro, la construcción de la PTAR (con un costo de $4,5 billones), de la cual están terminando los diseños, para abrir la licitación. Su construcción, que debió comenzar en 2020, esperan comenzarla el próximo año y tardará al menos seis antes de entrar en plena operación. Es decir, siendo optimistas, el sistema operará por completo en 2029, lo que implica siete años más de contaminación.
Los efectos
El retraso del cronograma implica grandes afectaciones ambientales, pues cada día que pasa sin tratar las aguas negras que llegan al afluente aumenta su carga contaminante, que afecta la fauna que habita en cercanías al río Bogotá y los humedales. Según el último recuento de la Fundación Humedales Bogotá, en los quince humedales que posee la capital se han avistado 1.035 especies de aves, las cuales han perdido parte de su hábitat a causa de las aguas contaminadas.
Jorge Escobar, director de la entidad, indicó que en el Juan Amarillo, que es el más grande de la ciudad, con 22,5 hectáreas, se ha llegado a encontrar con canales que están invadidos por residuos sólidos como plásticos, botellas e icopor. “¡Esto indica un empobrecimiento ambiental alarmante!”, exclamó.
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El problema de la contaminación no solo afecta a la fauna y flora aledaña al río. Esto también se ha convertido en un problema de salud pública para el ser humano. Un estudio publicado por la Universidad Nacional revela el alto contenido de cromo que posee el río. “La concentración de cromo total que se encontró en la zona de vertimiento de las curtiembres fue entre 0,105 mg/l y 0,7 mg/l; en las estaciones los valores superan el nivel máximo que tiene efecto adverso sobre la salud humana (0,05 mg/l), según la normatividad colombiana”, indicó el estudio. Esto significa que el cromo total presenta una concentración en el agua de dos a diez veces mayor al normal.
Luis Alejandro Camacho, ingeniero ambiental y profesor de la Universidad de los Andes, señaló que durante el tiempo que se retrasen las obras, parte del agua contaminada en la cuenca alta del río con estos tipos de metales pesados será utilizada para realizar labores de riego en los cultivos. Con esto se generarán productos como papa, flores, hortalizas y frutas. “En Chocontá nos comemos las fresas con cromo y no con crema”, criticó Camacho.
¿Se está cumpliendo el fallo?
En 2014 el Consejo de Estado ratificó la sentencia del río Bogotá, la cual busca la recuperación de zonas colindantes al afluente. “Zonas de páramo, bosques de niebla, áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales deberán ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades administrativas de la jurisdicción correspondiente”, ordena el documento.
A pesar de lo urgente de este fallo, aún se continúan vertiendo desechos al río y se sigue postergando la fecha de entrega de las obras que permitan iniciar la limpieza del caudal. Esto significa entonces ¿que no se está cumpliendo la sentencia? María del Pilar García, directora del departamento de Derecho Ambiental de la Universidad Externado, indicó que “la falta de cumplimiento en las obras trae como consecuencia el incumplimiento de la sentencia”, y explicó que el retraso en las obras puede llegar a representar una falta grave del fallo.
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Así mismo, aseguró que el Consejo de Estado debe evaluar las razones que se dieron para modificar el calendario de construcción. Además, aclaró que si el retraso en las obras resulta ser poco justificado por el consorcio EE Canoas, el cual está encargado de las obras de la PTAR, esto puede implicar una acción de desacato por el Consejo de Estado.
Soñando con aguas cristalinas
Quizá la implicación más grande es el factor del tiempo, pues luego de los múltiples proyectos para descontaminar las aguas de este agonizante río, los ciudadanos aún se encuentran con un caudal contaminado y en el cual se han visto más promesas de cambio que hechos tangibles para la sociedad. Lo desalentador del panorama deja más dudas que certezas respecto a cuándo se podrá ver saneado el afluente.
Solo para hacer una comparación, el río Támesis —uno de los más contaminados de Europa en el siglo XIX— fue declarado biológicamente muerto en 1957; pero, tres años después, Londres terminó la construcción de la infraestructura necesaria para su saneamiento y ahora se observan algunas especies de peces nadando en sus aguas. Esto da una idea del tiempo que realmente se necesita para la descontaminación total del cuerpo hídrico.
Según el ingeniero Camacho, el saneamiento de un río puede tardar alrededor de 40 a 50 años, una vez se empiece a remover el material contaminante. “Estimo que mi hija de diez años pueda ver el río Bogotá limpio en su adultez y si no es ella, sus hijos”, concluyó. La lucha por sanear el río Bogotá comenzó en 1992, cuando se radicó la primera demanda contra el Estado. Han pasado treinta años y la deuda sigue sin vigente.
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