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Cañones de bronce. Lingotes de oro. Vasijas de cerámica y porcelana. Candelabros de plata. Y hasta una vajilla china. Así va la cuenta de los objetos que hacen parte del tesoro del galeón San José, hundido a 600 metros bajo el nivel del mar cerca de las Islas del Rosario en Cartagena. Está allí hace 315 años, luego de su destrucción en plena batalla naval contra un buque inglés que lo sorprendió antes de salir de regreso a España. Solamente hace dos años, el entonces gobierno de Iván Duque declaró que se trataba de un bien de interés cultural, en una ambiciosa apuesta para evitar el saqueo del botín. En ese momento, el gobierno aseguró que, con esa declaración, se había creado un blindaje jurídico internacional para evitar que cazatesoros reclamaran como suyo el hallazgo arqueológico.
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Sin embargo, la decisión del gobierno Duque tiene hoy al Estado colombiano en serios líos con una poderosa empresa que, desde hace más de 40 años reclama su tajada del tesoro que, asegura, le pertenece. Hoy empiezan las audiencias públicas del caso en la Cámara de Comercio de Bogotá y El Espectador tuvo acceso a detalles de este tribunal de arbitramento internacional de talla mayor que avanza ante la Corte Permanente de Arbitraje. Desde diciembre del año pasado, la empresa Sea Search Armada (SSA) le notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) que había tomado la decisión de recurrir a esa instancia internacional por lo que considera una violación de sus derechos como inversionista, amparados bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia firmó con Estados Unidos en mayo de 2012. En otras palabras, que Colombia expropió lo que es suyo.
Sus pretensiones no son cualquiera. Lo que busca la empresa cazatesoros es que un tribunal internacional reconozca que es la verdadera descubridora de lo que, para muchos expertos, es el proyecto arqueológico más valioso de tiempos recientes. Como si la declaración histórica no fuera poco, SSA también quiere que Colombia le pague US$10.000 millones, lo que en pesos colombianos son $40 billones de pesos, por lo que considera una expropiación abiertamente ilegal y una violación grave a sus derechos como inversionista. Para lograr ambos reconocimientos, Sea Search Armada contrató a una de las firmas de abogados más importantes del mundo: Gibson, Dunn & Crutcher LLP, más reconocida por haber defendido los intereses de empresas de la talla de Apple, Chevron, Facebook (ahora Meta), en litigios similares al que hoy tiene en aprietos al Estado colombiano.
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Lejos de lograr la seguridad jurídica que prometió el gobierno Duque, en cabeza del entonces director de la Andje, Camilo Gómez, la decisión de declarar el tesoro como bien de interés cultura, fue lo que motivó a SSA a demandar a Colombia, luego de más de 20 años de un tire y afloje, entre el gobierno de turno y la empresa, para resolver el asunto del galeón. Lo que los cazatesoros plantearon ante el tribunal de arbitramento es que, pese a que el país ha tenido toda la evidencia a sus manos, nunca ha querido reconocer que Sea Search Armada es la verdadera descubridora del pecio. Esa postura, además de ser una victoria para cualquier empresa que se dedique a buscar tesoros, tiene serias implicaciones judiciales, pues desde hace años en Colombia, y en otros países, rige la regla de que, quien encuentra el botín, le corresponde un porcentaje de su riqueza.
Bajo esa garantía, que en el país se encuentra amparada en el Código Civil, Glocca Morra Company (hoy SSA) llegó a Colombia hacia los años 70 para arrancar lo que, para ese momento, era una verdadera odisea: rastrear, en el fondo del basto mar Caribe, la ubicación del legendario galeón San José. Con permisos de la Dimar, arrancaron a hacerlo, bajo el gobierno de Belisario Betancur. Durante tres años, utilizaron toda clase de aparatos para lograr la meta y la clave fue una especie de radar que logró captar zonas cuya densidad no era igual que la del resto de la arena por la que pasó la herramienta. Glocca Morra Company, dice uno de los documentos al que tuvo acceso este diario, siempre estuvo acompañado de miembros de la Armada de Colombia que monitorearon cada metro que revisó la empresa durante casi tres años.
Todo se hizo bajo total sigilo. Para 1982, la empresa construyó un informe de hallazgos secreto que conocieron miembros del gobierno del momento. Allí, consignaron la prueba reina: “Sí. Es un maldito cañón”. La frase fue de uno de los arqueólogos expertos que participó de la misión y que, al ver una imagen de lo que claramente era el arma que portaba un galeón colonial, permitió reducir el área de búsqueda del San José a unas coordenadas puntuales. Así, dice SSA, lograron determinar que era altamente probable que, en inmediaciones de esa zona, podía estar el galeón. Semejante descubrimiento lo cambió todo. La empresa que hoy demanda a Colombia asegura que, después de ese hecho, empezaron a perder contacto con el gobierno, que eventualmente le revocó el permiso que tenían para explorar el mar Caribe, cerca de Cartagena.
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El problema era evidente: si realmente era el San José, SSA debía quedarse con el 50 % del tesoro, siempre y cuando no se llevara nada de interés cultural para el país. Lo que describe la empresa cazatesoros ante el tribunal es que, en varias ocasiones, trataron de acercarse al gobierno Betancur para ponerle los puntos y las comas al contrato que les permitía quedarse con su tajada. Pese a que asegura que hubo negociaciones y que, incluso, la empresa estaba dispuesta a recibir un porcentaje muchísimo menor del tesoro con tal de firmar ese documento, para noviembre de 1984, perdieron todo el contacto con el Estado. De esa manera empezó una batalla judicial que hoy está en un tribunal de arbitramento internacional, cuyo expediente tiene otras perlas inéditas de este negocio que ha pasado por seis gobierno y ninguno ha logrado resolver.
Los primeros gobiernos
Aunque el pleito lleva casi 40 años en diferentes tribunales, de Colombia y Estados Unidos, la gran mayoría de datos han sido secretos, pues hasta 2015, las coordenadas del hallazgo de SSA se habían mantenido en completo secreto. Lo que cuenta la empresa es que luego de que perdieron contacto con el gobierno Betancur, las cosas no mejoraron, ni con la administración de Virgilio Barco, ni con la de Cesar Gaviria. Lo que pudo conocer SSA en ese entonces es que Colombia empezó a buscar ayuda internacional para encontrar y recuperar el galeón San José. Pero nadie se le midió. Incluso, contactaron a la Embajada de Estados Unidos para tantear su interés, pero la respuesta fue a favor de sus connacionales: SSA ya había invertido US$12 millones, por lo que era claro que ellos estaban interesados en seguir con la exploración.
“Después de varios años de buena fe, tratando de negociar con el gobierno colombiano”, dice la empresa, SSA decidió ir a los tribunales. Intentaron todas las vías, desde demandas, tutelas y hasta cartas a la Corte Constitucional, y todo, se lee en el documento, mientras trataban de seguir por el camino diplomático, a través de reuniones con funcionarios del Ejecutivo y por la vía diplomática, con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Nada resultó. Para el arranque del gobierno de Cesar Gaviria, el Estado resolvió emitir un comunicado de prensa asegurando que, después de conducir una investigación científica independiente, el galeón no estaba en las coordenadas que había delimitado SSA. Pese a que la empresa pidió ver el supuesto reporte, el gobierno siempre se negó a entregarlo.
Mientras tanto, los procesos judiciales siguieron andando. Unos a favor del Estado colombiano, y otros hacia el lado de SSA. Entre el gobierno de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, las coordenadas donde podía estar el galeón San José permanecieron inexploradas. Para 2007, volvió a cambiar la historia. Uno de los recursos de SSA llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que, el 5 de julio de ese año, dejó claro que, quien encuentra un tesoro arqueológico, tiene el derecho a quedarse con un porcentaje. Ese es, justamente, el fallo judicial con el que la empresa está peleando sus derechos ante el tribunal de arbitramento pues, para ella, es claro que Colombia está violando sus derechos como inversionista y expropiándose de bienes que la Corte Suprema ya dijo que eran suyos.
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En el fondo, lo que reposa en el expediente es que esa decisión del alto tribunal colombiano fue mal interpretada por Colombia. Sin embargo, el Estado siempre ha sostenido que lo que dijo la Corte es que SSA solo tiene derecho de quedarse con los bienes que hay en las coordenadas que encontró en 1982. Es decir, un cañón. Nada más. Esa posición no es tan sencilla de sostener pues, como lo dijo SSA, la ubicación de su hallazgo no es otra cosa que un punto de partida para buscar los restos del galeón que, desde hace 315 años, se sabe que se destruyó y se hundió en pedazos, por lo que delimitar a un solo lugar la ubicación del pecio, es absurdo. Sin embargo, así se ha defendido Colombia desde 2007 y ahora, ante la Corte Permanente de Arbitraje, ya presentó ese y otros argumentos claves.
Por ejemplo, que SSA no tiene nada que estar demandando, porque ya se agotó el tiempo que tenía para hacerlo y porque este tribunal no tiene jurisdicción para estudiar el caso.
Los últimos dos gobiernos
Entre 1982 y 2010, los gobiernos no hicieron mayor cosa por seguir con la exploración en el mar Caribe, en las inmediaciones de las coordenadas que había hallado SSA. Sin embargo, con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, el proceso se reactivó. Si bien la empresa de cazatesoros había demandado a Colombia ante un tribunal del distrito de Columbia, en Washington, nuevos acercamientos con la administración nueva les hizo pensar que algo podía cambiar. Tal fue su esperanza que decidieron retirar el recurso que habían presentado ante la justicia estadounidense. Así lo dejaron consignado en un documento que reposa en el expediente del tribunal de arbitraje, en el que además contaron que, entre 2014 y 2015, estuvieron en varias reuniones con ministros para “reactivar” el trabajo de SSA.
Pero la estrategia salió mal. En noviembre de 2015, el expresidente Santos le mostró al país las primeras imágenes de lo que, a todas luces, era el galeón San José. Para Sea Search Armada, la salida del primer mandatario fue un “redescubrimiento” de lo que ellos habían hallado en 1982. La sorpresa real fue cuando se dieron cuenta que el lugar del hallazgo anunciado por Santos solo estaba a tres millas náuticas de las coordenadas de 1982. “Esto tiene todo el sentido –pues el San José se hundió después de explotar durante la batalla y es esperado que se disperse por una distancia radial de unas cuentas millas. Por ejemplo, el Titanic (que no explotó) tuvo una dispersión radial aproximadamente de entre 3 y 5 millas del lugar donde se encontró la mayoría de los restos”, aclara SSA ante el tribunal.
El anuncio del presidente reactivó los esfuerzos por recuperar el tesoro. Solo faltaba algo: una empresa, que no fuera SSA, para conducir la exploración. En ese contexto es que apareció en el radar la firma Maritime Archealogy Consultants (MAC) y el polémico antropólogo, Roger Dooley o Roger Montañés, quien ya tenía un largo prontuario saqueando y comercializando naufragios en el Caribe. En 2019, El periodista español Jesús García Calero, del diario ABC, expuso su verdadera identidad y en Colombia no quedó más remedio que aplazar la licitación que, como estaba cantado, se la iba a quedar la empresa de Montañés. El problema, entonces, pasó a otra administración: la de Iván Duque, quien le encargó la misión de retomar la exploración del San José a su vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez.
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De nuevo, SSA reabrió los canales de comunicación. Al tribunal de arbitraje le contó que se reunió en varias ocasiones con delegados del Ejecutivo y que, para 2019, pidió realizar una exploración en conjunto para saber realmente cuáles eran las coordenadas que había usado la administración Santos para llevarse el crédito del hallazgo, y no tener que repartirlo con nadie que no quisiera. Le dijeron que no. Fue un momento crítico, pues el presidente Duque volvió a anunciar lo que su predecesor había intentado, una licitación público privada para adjudicar el contrato para la exploración y recuperación del San José, desconociendo, de nuevo, lo que SSA llevaba 40 años luchando. Sin embargo, gobierno la declaró desierta y volvió a quedarse con la papa caliente sin mucho margen de maniobra.
Con un agravante: en junio de 2019, la Corte Suprema volvió a reiterar que SSA tenía derechos en el tesoro encontrado. Para la empresa, el gobierno respondió con una venganza: emitió el decreto que declaró que lo que había en el fondo del mar era un bien de interés cultural para la Colombia, rechazando de tajo cualquier esfuerzo de la empresa cazatesoros de quedarse con el porcentaje que, insisten, es de ellos. Así, el caso llegó a la Corte de Arbitraje Internacional, que ahora tiene en sus manos una decisión histórica para Colombia, pero también para historiadores, arqueólogos y otros expertos en la materia que llevan años pidiendo la recuperación del galeón San José. Por su trascendencia, Colombia llega a las audiencias que arrancan hoy con todas las pilas puestas.
Por segunda vez en este tipo de arbitrajes de inversión, la Andje se está defendiendo con sus propios abogados. La decisión la tomó la saliente directora de la entidad, Martha Lucía Zamora, quien designó a Ana María Ordóñez, Giovanny Vega, Juana Martínez, Camilo Valdivieso, Mariana Reyes, Juan Camilo Mejía, Manuela Sossa y Leiver Palacios. El equipo de estrellas, además, llega con gol de ventaja: a la primera oportunidad que tuvieron de defenderse, la estrategia fue atacar. Lo hicieron a través de un memorial en el que, en lugar de responder a las alegaciones de SSA, le pidieron al tribunal que niegue por completo toda la demanda de la empresa de cazatesoros por cuestiones jurisdiccionales, en palabras sencillas, que SSA no tiene nada que estar haciendo en la Corte Permanente de Arbitraje.
Lo que la Andje defenderá a partir de hoy es que SSA nunca realizó una inversión en Colombia, en los términos exigidos por el TLC; que ninguna de las vulneraciones que presentó en su demanda ocurrieron cuando ese tratado existía (solo entró a regir en 2012); la empresa no presentó pruebas para sostener que es un inversionista protegido por ese acuerdo, entre otros argumentos. Con las estrategias y argumentos sobre la mesa, las partes se verán hoy las caras y defenderán sus posiciones. Luego, el tribunal tendrá que definir si acepta la petición de Colombia, de cerrar el caso de una vez, o si, por el contrario, hay méritos suficientes para que el Centro de Arbitraje Internacional estudie el fondo de la discusión y pueda dirimir, luego de más de 40 años, qué hay que hacer con el tesoro del galeón San José.
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