Acuerdo Duque-“Timochenko”

En primer lugar, es un claro recorderis del estatus que el Acuerdo Final, firmado hace casi dos años, tiene a nivel internacional como instrumento registrado por parte del Estado colombiano y las entonces Farc-Ep como cosignatarios. Es también un reconocimiento a lo que significa tener el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, por unanimidad, palabras mayores tratándose de un foro caracterizado más bien por ser escenario de desacuerdos y garroteras. Y la paz en Colombia no es solo asunto de la ONU sino de la comunidad internacional en muchas otras dimensiones, como lo hizo saber Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Duque seguramente aprendió durante sus años en el Banco Interamericano de Desarrollo la importancia de cumplir con los compromisos internacionales en un mundo cada vez más globalizado, lo que el nuevo canciller, Carlos Holmes Trujillo, también conoce muy bien.

Pero la decisión conjunta de Duque y Timochenko es también un reconocimiento a la realidad evidente en Colombia de que la ONU lo está haciendo muy bien y que no existe quién lo pueda hacer mejor. Pese a las alarmas prendidas por María Fernanda Cabal, quien en su momento cuestionó la dejación de armas debido a la presencia de la malvada Unión Soviética (¡¿?!) en la ONU, la verificación por parte de la Misión ha sido impecable. Fue un buen mensaje de Duque haber visitado a Jean Arnault, jefe de la Misión, pocos días después de su elección. También fue positivo que Miguel Ceballos, actual alto comisionado para la Paz, haya ido de la mano de la ONU a visitar a los excombatientes de las Farc en varios de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. El nombramiento del excanciller Guillermo Fernández de Soto como embajador en la ONU es una indicación de la importancia que el Gobierno le da a ese organismo multilateral.

Otro hecho de la semana pasada que también tuvo su grado de trascendencia fue la presencia de Timochenko en la reunión convocada por el presidente Duque en el Palacio de Nariño. Si bien no fue una reunión bilateral, como las que sostenía en los tiempos de Santos, el hecho de haber asistido como presidente de uno de los partidos de nuestra democracia es de un inmenso y bello valor.

Una cosa es ser candidato y otra muy distinta es ser presidente. Duque juró cumplir la Constitución y la legalidad y hoy el Acuerdo Final es parte de la Constitución y la FARC, parte de la legalidad.

Pero no es solo el blindaje legal y constitucional, ni la presión de la comunidad internacional, lo que ha permitido que el Acuerdo Final, mal que bien, se haya venido poniendo en práctica, a medias, muchas veces a las patadas, pese a golpes como el plebiscito y el desaprovechamiento del fast-track por parte de una Unidad Nacional que se deshizo en el momento más clave.

La Justicia Especial para la Paz, a pesar de los contratiempos e intentos por acabarla, se ha logrado legitimar gracias a decisiones como la del general Montoya y los demás altos mandos militares de someterse a ella. Pese a que los militares se negaron a entregar todos sus archivos, la Comisión de la Verdad está haciendo su trabajo juiciosamente.

Todo esto no quiere decir que el Acuerdo Final esté a salvo ni que no persistan los riesgos y amenazas. Por el contrario, su implementación sigue siendo crítica: el Gobierno ni menciona la reforma rural integral, la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito está siendo arrasada por la erradicación forzada y las reformas políticas y electorales, así como las circunscripciones especiales de paz, están en veremos. Y siguen asesinando a los líderes sociales y excombatientes de FARC a ritmos alarmantes.

Pero, aunque todavía falta bastante, no se puede desconocer lo avanzado, así como el grado de irreversibilidad que los hechos contundentes les imprimen a los procesos impulsados por un país convencido de la necesidad de cerrar la guerra y dejarla atrás de una vez por todas.

danielgarciapena@hotmail.com