El crecimiento y lo social

Para los segundos, se trata de la “defensa de la Carta de 1991” y del cumplimiento de  las promesas del Estado Social de Derecho, bajo el rol protagónico de la Corte Constitucional. Defensa no rima con reforma. Y las promesas de reducir la pobreza y la desigualdad tienden a verse como responsabilidad de una política social independiente del crecimiento económico, en un marco mental que no relaciona estrechamente la Constitución, las instituciones y el desarrollo. Así, los ‘antirreformistas’ constitucionales, con diversas ideas y motivaciones, contribuyen a que la Carta no se mejore como es necesario.

Hay que reconocerle a cada corriente la parte de razón que tiene, a la luz de la experiencia internacional, y pasar a la acción. Se necesitan espíritus y mentes capaces de conseguir difíciles equilibrios macros y sectoriales entre mercado e intervención, entre distribución y redistribución, entre equidad y eficiencia, y entre derechos y responsabilidades. Sin desmedro de su libertad de emular a Irving Kristol, hay que decirle a Carrasquilla que sí, que “la provisión de bienes y servicios fundamentales sólo se logra con crecimiento económico”, pero que la economía de Estados Unidos no se vendrá a pique porque el gobierno federal les reconoció el derecho a la salud a 32 millones de gringos. Al crecimiento hay que ponerle valores respetuosos con los débiles.

A los justicieros constitucionales hay que decirles también que sí, que la suya es “una revolución de derechos sin tiquete de regreso (…) que les rapó la bandera del cambio social a los violentos”, en elocuentes palabras de Fernando Carrillo, pero que cada derecho con su responsabilidad individual y su cheque, y que la redistribución (por el Estado) es mejor que sea subsidiaria de la distribución (por el mercado), y que sin disciplina fiscal el tiquete lleva al infierno.

En un contexto tal, resultaría más útil todavía el libro Consecuencias imprevistas de la Constitución de 1991, novedad de Fedesarrollo. Más allá de corregir la fragmentación del sistema político, que se está haciendo, los autores argumentan que “urge poner en práctica instituciones y procesos políticos, que al ofrecer mecanismos eficientes de coordinación, permitan mejorar la calidad de las políticas económicas y sociales”. Si después de debatir el contenido del libro (y de repasar Teoría constitucional y políticas públicas, dirigido por M.J. Cepeda y E. Montealegre) resulta una serie de reformas a la Constitución para mejorar el desempeño económico y social del país, ¿por qué no hacerlas?