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En un documento de 22 páginas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pidió a la Corte Constitucional que defina, entre esa corporación y la Superintendencia de Sociedades, cuál entidad debe quedarse con el dinero de las multas y sanciones que dejó a su paso el entramado de corrupción que se suscitó con Odebrecht. El caso tuvo dos episodios puntuales. El primero fue una acción popular que presentó el entonces procurador Fernando Carrillo en contra de la Concesionaria Ruta del Sol II y el Instituto Nacional de Concesiones, hoy conocido como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), del cual salió victoriosa la Nación. El segundo, es la decisión que emitió el Tribunal de Arbitramento en el que dijo que el Estado sí debía pagar por las obras que alcanzó a entregar la Concesionaria previo a que se registrara el escándalo.
Los dos escenarios son diferentes y se movieron de la siguiente forma: la acción popular que presentó Carrillo buscaba que se amparara los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa que fueron afectados por hechos de corrupción tras la firma del contrato entre el Instituto de Concesiones y la Concesionaria, en 2010, que pretendía desarrollar el proyecto de Ruta del Sol. En pocas palabras, el exprocurador quería que devolvieran la plata de la que se apropiaron ilegalmente. El pulso lo ganó y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en 2017, terminó decretando medidas cautelares para recolectar ese dinero.
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Inicialmente, la corporación suspendió el contrato y embargó las cuentas bancarias de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. y CSS Constructores S.A. También embargó una serie de bienes inmuebles, y el espaldarazo del Tribunal de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, finalizó con una responsabilidad monetaria por más de $800 mil millones, por parte de las entidades anteriormente mencionadas. En este momento, las apelaciones contra esa decisión reposan en el despacho del magistrado del Consejo de Estado, Martín Bermúdez, quien ya tiene en sus manos los alegatos finales con los que concluirá si tumba o no la multa contra la firma brasilera.
El segundo escenario es la decisión emitida por el Tribunal de Arbitramento, en ese entonces, conformado por los árbitros Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y el hoy magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Ellos fueron los encargados de tener la otra cara de la moneda. Debían, prácticamente, cuidar que a la Concesionaria se le pagara por las obras que sí alcanzaron a terminar y entregar pese al escándalo de corrupción. En 2019, determinaron que el Estado debía pagar $211 mil millones, es decir, el 52% de las obras que fueron entregadas, y no los $3.8 billones que era la aspiración de la Concesionaria.
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Con las dos decisiones en firme, tanto el Tribunal de Cundinamarca como la Superintendencia de Sociedades empezaron a moverse para recolectar los dineros y entregarlos a cada una de las partes. El tribunal debe recolectar $800 mil millones, y la Supersociedades, debe recoger los $211 mil millones. Aunque eso está claro, las entidades no logran ponerse de acuerdo y desde hace unos meses empezó un rifirrafe entre sí para saldar esas cuentas, y al no encontrar una salida, el tribunal decidió pedir una ayuda adicional. “Promover el conflicto de competencia entre jurisdicciones frente a la Superintendencia de Sociedades”, reposa en el documento conocido por El Espectador en el que, además, detalla la puja en la que se encuentran las entidades en este momento.
El meollo del asunto está así: el Tribunal de Cundinamarca, mediante un auto fechado el 13 de mayo del año pasado, le solicitó a la Superintendencia de Sociedades que pusiera a su disposición la suma de más de $211 mil millones para añadirlo a los $35 mil millones que ellos ya han recolectado con embargos e inmuebles. No obstante, una negativa de la Supersociedades de junio de 2021 le advirtió al tribunal que las medidas cautelares que decretó en 2017 deben estar a disposición de la Concesionaria Ruta del Sol que hoy se encuentra en liquidación judicial. En pocas palabras, la Supersociedades también le solicitó al tribunal que entregaran lo recolectado hasta la fecha para pagarlo a la concesionaria.
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En ese orden, la puja que debe resolver la Corte Constitucional en un conflicto de competencias es cuál de las dos entidades debe hacerse cargo de los dineros que se recolecten de las sanciones y multas que dejó a su paso el entramado de corrupción por parte de la firma brasilera. El tribunal, por su parte, debe entregar los más de $800 mil millones al Ministerio de Transporte, y la Supersociedades debe responder ante la hoy liquidada Concesionaria.
Para el Tribunal está claro que la Supersociedades carece de jurisdicción para hacerse cargos de los dineros “pues dichas sumas y bienes deben quedar a órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para atender las medidas cautelares referidas que son de cumplimiento inmediato” y añade que “la posibilidad de recuperación del patrimonio público puede verse significativamente afectada si la Superintendencia de Sociedades, a través de la Liquidación de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. dispone de la suma de $211.273.405.561 para el pago de los acreedores de dicha liquidación”, reposa en el documento conocido por este diario.
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La solicitud de 22 páginas, que desde el pasado 15 de marzo fue remitido a la Corte Constitucional, podrá ser analizado únicamente por ocho de los nueve magistrados ya que, el jurista Jorge Enrique Ibáñez se encuentra impedido para conocer del caso porque en el pasado hizo parte del Tribunal de Arbitramento que favoreció a la Concesionaria con la decisión del pago de los $211 mil millones.
Aunque a la Corte Constitucional no había llegado el caso Odebrecht, eso no quiere decir que tiempo atrás no haya podido intervenir. En noviembre de 2020, el alto tribunal no seleccionó una serie de tutelas que buscaba, precisamente, tumbar la decisión sobre pagarle a la concesionaria las obras que sí alcanzaron a entregar. En ese entonces, la Sala de Selección de Tutelas que rechazó el recibo de los documentos estuvo a cargo de la magistrada Diana Fajardo.
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