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Las fallas del sistema pensional en Colombia están hoy en boca de todos los aspirantes a la Presidencia, y aunque hace años se habla de una reforma, cada quien la plantea de forma distinta, dependiendo de sus prioridades. El debate muchas veces se centra en la competencia entre el régimen de prima media, a cargo de Colpensiones, y el de ahorro individual solidario, a cargo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Pero una multitud de expertos coincide en que el problema principal es la cobertura, entre varios otros, como la sostenibilidad o la equidad del sistema.
Es una tragedia que, en promedio, solo uno de cada cuatro colombianos logre pensionarse. Ese es el tema que no podemos perder de vista, aun en medio de todos los otros debates (también necesarios). En el documento “Regresivo, excluyente e ineficiente ¿Qué hacer con el sistema de pensiones?”, investigadores de la Universidad de los Andes dejan sobre la mesa una idea de reforma pensional, pero también datos para entender por qué es imperativo pensar en quienes están por fuera del engranaje.
Para 2020, solo el 23 % de adultos mayores de 60 años (un total de 1,5 millones) tenían una pensión. Otro porcentaje de esta población recibía el programa Colombia Mayor; la cifra del documento señala que eran 1,6 millones de personas, pero el dato hoy es de casi 1,7 millones, según el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
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Para quienes no lo tengan claro, Colombia Mayor es un subsidio de $80.000 al mes -valor que está por debajo de la línea de pobreza extrema ($145.000 mensuales) y muy lejos del salario mínimo- que se les entrega a los adultos mayores más vulnerables que cumplan ciertos criterios.
Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores, ofrece una escala de lo que significa ser adulto mayor en Colombia: uno de cada cuatro colombianos tiene una pensión, otro recibe Colombia Mayor y los dos restantes no reciben nada.
A este panorama desalentador se le suman dos verdades: la primera es que el 26 % de los adultos mayores de 60 años viven en la pobreza y la segunda es que la mayoría de los recursos del Estado destinados a subsidios de pensiones no van a los más pobres. Cifras citadas por los investigadores de la Universidad de los Andes revelan que del presupuesto general de la nación en 2020, por cada peso destinado a Colombia Mayor, se destinaron $9,5 para un pensionado de Colpensiones y $30 para un pensionado de los Fondos de Pensiones Públicas (Fopep).
Con esta información en mente, ahora sí, hay que darle un vistazo a Colombia Mayor.
Bueno, pero insuficiente
El programa ha vivido varias transformaciones desde que se creó en 2006. Colombia Mayor se divide en subsidios directos para adultos mayores en condición de vulnerabilidad y subsidios económicos indirectos que llegan a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA) y Centros Diurnos, de acuerdo con la cantidad de personas que cumplen los requisitos. El último estudio de impacto, que estuvo a cargo de la Unión Temporal Econometría, se realizó entre 2015 y 2016: para ese momento se entregaban entre $45.000 y $70.000 cada dos meses por persona.
Dentro de los muchos datos obtenidos en el análisis se resalta que el 64 % de los beneficiarios eran jefes de hogar, solo 12 % no sufrían de ninguna enfermedad crónica, 61,7 % estaban por debajo de la línea de pobreza y 28 % en situación de pobreza extrema. Aunque el estudio concluyó que el programa “no genera impactos importantes sobre niveles estructurales de pobreza, ni en las condiciones de dignidad de la vejez”, sí logra mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y de sus hogares, ya que gracias a ese ingreso, que parece irrisorio, muchos pudieron desayunar, almorzar o comer.
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En resumen, el 80 % de los beneficiarios administran el subsidio, la mayoría lo gasta en alimentación, también en salud, transporte, productos de aseo, servicios y arriendo e incluso en educación para miembros del hogar. Otra de las conclusiones es que el dinero les brinda autonomía a los adultos mayores: algunos argumentaron en las entrevistas que este subsidio es justo y necesario, porque no tienen pensión, pese a que trabajaron.
Poco apoyo a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA)
El Centro de Bienestar al Anciano El Carmen, en Armenia, se creó en 1936 y varios años después se convirtió en una entidad privada sin ánimo de lucro. Hoy en la institución viven 150 personas mayores, de las cuales 120 son población vulnerable. Arsecio Ocampo, director desde hace 16 años, le dijo a El Espectador que la ley establece lineamientos básicos para la atención de los adultos mayores, pero que para cumplirlos el Estado no les entrega lo suficiente. El Carmen recibe recursos de Colombia Mayor y de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, pero el dinero no alcanza, ni siquiera para los 900 pañales que necesitan al mes.
Una situación similar narra Claudia Jimena Ortiz, gerente hace 25 años de la Fundación Amparo San José, en Pasto, una institución diocesana fundada el 19 de marzo de 1949. Actualmente, allí viven 175 usuarios en cuatro unidades de servicio, dos de beneficencia, una para la atención de adultos mayores que pueden realizar pagos y otra para pacientes que tienen enfermedades terminales. La mayoría de quienes están en esta última fueron abandonados por sus familiares en hospitales.
La fundación recibe apoyo del municipio por el alojamiento de las personas mayores en condición de vulnerabilidad y también ingresos de Colombia Mayor. Pese a que el dinero les sirve para la alimentación y los elementos que no entregan las EPS, no es suficiente para todo lo demás. Una buena parte de ingresos se destina a pagar la nómina de 77 trabajadores, pero aun así Ortiz es consciente de que no pueden pagarles a los profesionales lo mismo que podrían ganar en otros lugares.
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Por su parte, Andrés Felipe Giraldo, director de la Fundación Hogar San Francisco de Asís de Manizales y de Villamaría (Caldas), cuenta que lleva 37 años y cuatro meses batallando por conseguir recursos para darles una vida digna a los adultos mayores que son parte de la institución. En sus dos instalaciones atienden a 82 personas de manera permanente y otras 25 van todos los días para recibir almuerzo y comida. Con el Estado tienen un contrato por el cuidado de 35 personas. De acuerdo con Giraldo, les entregan cada mes $612.000 para quienes están en Manizales y $720.000 para Villamaría.
Pero las cuentas no dan: según sus cálculos, atender a cada adulto mayor cuesta en promedio $1’200.000, una cifra que va creciendo. “La semana pasada compré un bulto de papa en $195.000, antes costaba $70.000. Realmente es muy poco lo que aportan para sostener estas instituciones. Los adultos mayores que viven en los centros son campesinos que han labrado la tierra, constructores que hicieron carreteras y que hoy no tienen pensión”, asegura. En este caso, el director indica que por políticas de la institución prefieren que cada usuario retire su subsidio y lo gaste como prefiera. “Cuando un adulto mayor puede ir a la tienda a comprarse un tinto, a comprar una crema o un reloj con sus propios recursos, se siente feliz y autónomo”.
Básicamente, estos tres entrevistados coinciden en las mismas afirmaciones que dieron las personas consultadas hace más de cinco años en la evaluación de impacto. La demanda los desborda y faltan recursos para atender a la cantidad de adultos mayores que están esperando un cupo. “Si mañana se abrieran 10.000 cupos institucionalizados en todo el país, en 15 días estarían llenos. A diario nos llegan solicitudes de entre 15 y 30 personas”, dice Giraldo. La dura realidad es que solo se habilitan cupos cuando alguien fallece o sale del programa.
Los tres han hecho gestión por su cuenta y destacan el apoyo de organizaciones, empresas y universidades, estas últimas vitales para mantener el personal suficiente, especialmente con quienes hacen prácticas profesionales.
En la evaluación de impacto se concluyó que, aunque los CBA reciben recursos de varias fuentes, en general estos no alcanzan para cubrir los gastos de un beneficiario, que varían entre $300.000 y $2’000.000 mensuales (cifras de 2016). Pese a las condiciones antes descritas, el informe señala que residir en estos centros para los adultos mayores ha significado una mejor alimentación y, en general, los ha beneficiado por la atención en salud y el sentirse cuidados. Muchos de ellos resaltaron “la sensación de estar acompañados y rodeados de cariño”, teniendo en cuenta que en general el contacto con las familias es reducido o nulo.
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“No podemos conformarnos con Colombia Mayor”
Édgar Picón, director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social, destaca que en estos cuatro años ya se abrieron más de 211.000 cupos, superando la meta que se habían planteado inicialmente, de 180.000 nuevos cupos. Además, resalta que en 2020 ingresaron automáticamente todos los adultos mayores de 70 años que estaban en lista de priorización, modificando así la edad de ingreso automático, que era de 90 años.
Picón explica que los recursos para el programa Colombia Mayor vienen de dos fuentes: la mitad del presupuesto general y la otra mitad del Fondo de Solidaridad Pensional (financiado con un porcentaje de quienes cotizan en Colpensiones de cuatro salarios mínimos en adelante). “Sí existe la voluntad. El presidente ha dicho en muchos discursos que él quiere subir el valor del subsidio, pero hay que ser muy conscientes de la realidad fiscal del país. En este momento la operación de Ingreso Solidario implica $7,2 billones al año, más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA (…). No existen los recursos en el presupuesto general, es un tema de recursos, no de voluntad política”, afirma.
Pese a que, en efecto, el Gobierno siguió muchas de las recomendaciones que resultaron de la evaluación de impacto, hoy hay 649.000 adultos mayores en todo el país esperando un cupo para acceder al programa. Por ahora, Colombia Mayor le cuesta al país $138.000 millones. También vale la pena resaltar que los subsidios indirectos, que van para los centros de protección, representan cerca del 1 %, ya que los 248 CBA que recibe Colombia Mayor acumulan cerca de 3.600 beneficiarios.
Para Martha Isabel Gutiérrez, directora de proyectos de Econometría Consultores, “no podemos conformarnos con Colombia Mayor”, es necesario crear una política de protección social al adulto mayor integral, donde se combinen los servicios que prestan las diferentes entidades. En este punto coincide Olivera, para quien es importante destinar más recursos, “es una decisión de Estado y de sociedad”.
Un camino de reforma
La propuesta de la Misión de Empleo es avanzar hacia programas de protección social universal. Según su análisis queda claro que Colombia Mayor “ya tiene el germen de una pensión de esta naturaleza”, aunque evidentemente requiere ampliarse a toda la población y subir el monto. Y algo muy llamativo que destaca dicho documento: los subsidios públicos para Colombia Mayor representaron en 2019 el 0,1 % del PIB, cifra que contrasta con el 2,7 % del PIB que se destina a “complementar generosamente el ahorro pensional de los trabajadores formales del RPM y los regímenes especiales”. Unos recursos que llegan al 70 % de las familias que están en los dos deciles más altos de la distribución del ingreso, es decir, que no necesitan subsidios.
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En este punto en particular, la idea de reforma de los investigadores de la Universidad de los Andes contempla un pilar solidario semi contributivo que integre los Colombia Mayor y BEPS. La propuesta sería entregarle a los no pensionados un subsidio que se complemente con las devoluciones de las contribuciones para quienes sí cotizaron, pero no se lograron pensionar, incluyendo intereses. Bajo ese modelo, la transferencia del programa para quienes en la actualidad no tienen un ahorro pensional sería de $412.000 al mes. “Aumentar la protección económica a la vejez debe ser la prioridad de la reforma”, aseguran los investigadores.
Paula Herrera Idárraga, profesora del departamento de Economía de la Universidad Javeriana es coautora de Cuidados en la vejez: revisión y retos para Colombia (de junio de 2021), un informe que deja claro que estamos envejeciendo como país. Según el DANE, 9,6 % de la población colombiana en 2021 tenía 65 años o más, se espera que en 2054, sea el 20 % de la población. Expertos citados en ese documento advierten que no solo habrá más adultos mayores, sino que las personas vivirán en promedio más años y necesitarán más cuidados.
Herrera advierte que en Colombia, según el censo de 2018, solo hay 1.197 centros de protección y atención al adulto mayor con alojamiento, un 65 % de municipios no tienen ninguno. Según los cálculos que aparecen en el estudio, hay en el país 163 personas con dificultades permanentes por cada trabajador remunerado en actividades de cuidado de adulto mayor o personas con discapacidad. Datos que hacen todavía más urgente enfrentar este escenario en el que muy pocos pueden pensionarse, además, en el que el panorama es más complicado para las mujeres.
Además de pensar una protección social integral para las personas mayores, las expertas recomiendan políticas para promover el envejecimiento saludable y reconocer los trabajos de quienes cuidan, que en su mayoría son mujeres.
Queda mucho por decir sobre este tema, todavía más en la puerta de unas elecciones presidenciales. Pensar en Colombia Mayor deja sobre la mesa las deudas que tiene el Estado y la sociedad con las personas mayores y con sus derechos. No es posible vivir en Colombia con $80.000 al mes, este ingreso ha sido útil para los beneficiarios, pero no es suficiente, eso sin contar a quienes no reciben nada. Esto es aún más cierto si tenemos en cuenta que el aumento en los precios, especialmente de los alimentos, les ha pegado más duro a las personas de bajos ingresos.
En este punto queda claro que la prioridad de una reforma debe ser aumentar la cobertura: no puede ser que solo uno de cada cuatro colombianos tenga un ingreso para su vejez y ni la sociedad ni el Estado se pregunten qué pasa o cómo sobreviven los otros tres.
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