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Este 9 de febrero, Día del Periodista, está libre un hombre condenado por el asesinato de Rafael Prins, un comunicador que reveló las andanzas criminales de su verdugo. Su libertad la logró luego de que el gobierno de Gustavo Petro lo nombrara como un facilitador de paz, y un juez de Barranquilla, que ya está siendo investigado, decidió dejar libre al condenado asesino, Jorge Luis Alfonso López, para que pueda cumplir con la misión que le otorgó el alto comisionado para la Paz. Su libertad causó revuelo en los ámbitos político y judicial: la Fiscalía anunció que investigará al juez, el Ejecutivo salió a defenderse, pues dice que nunca pidió su libertad, y el fiscal general culpó sin rodeos al Gobierno por lo sucedido.
Todo arrancó en absoluto silencio el 22 de diciembre del año pasado. Ese día, el alto comisionado, Danilo Rueda, firmó una resolución en la que nombró a Alfonso López como facilitador de paz. En esa resolución reservada, que conoció El Espectador, el Gobierno no explica por qué el hijo de Enilce López, más conocida como “la Gata”, podía servirle al Gobierno para “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados (GAO)”. Simplemente señalaron que sí podía hacerlo y que además adelantaría gestiones relacionadas con la “paz total”, siguiendo “las orientaciones y en coordinación” con Rueda.
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El contenido de esa resolución, así como los detalles de la labor del “Gatico”, como también es conocido Alfonso López, quedó, por orden del alto comisionado, en reserva. Con el papel en mano, el condenado López acudió al juez Orlando Petro Vanderbilt para pedir su libertad (el togado ya estaba envuelto en polémica porque en 2021 le dio al “Gatico” el beneficio de prisión domiciliaria). Según su petición, la justicia debía dejarlo libre porque, como facilitador de paz, acreditado por el Gobierno, debía poder “movilizarse y concretar reuniones que se requieran en el sometimiento de dichos grupos armados”. El juez confirmó con la oficina del alto comisionado si era cierto que lo había nombrado como facilitador de paz.
Del correo del propio Danilo Rueda salió la confirmación de que sí y, mediante una interpretación jurídica, que ni siquiera tuvo en cuenta la diferencia entre gestores, facilitadores y voceros de paz (conceptos de moda por estos días), el juzgado ordenó su libertad el pasado 2 de febrero. La decisión pasó inadvertida hasta ayer, pues solo hasta ese día el Inpec recibió la orden de dejar a Alfonso López libre. La noticia empezó a moverse como pan caliente y, con ella, la polémica. La oficina de Rueda salió de inmediato a aclarar que nunca pidió la libertad del asesino del periodista Prins, posición que respaldó el propio Gobierno en cuestión de minutos.
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En un comunicado de prensa, el alto comisionado para la Paz aclaró que “no ha ordenado ni ha solicitado libertad o suspensión de medida de aseguramiento de Alfonso López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial”. En esa declaración, el alto funcionario agregó que no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura. Y vehementemente señaló: “No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”. De hecho, en ninguna parte del auto de cinco páginas, en el que el juez Petro Vanderbilt argumentó su decisión, se lee que el Gobierno hubiera pedido la libertad del condenado.
Lo que se desprende de la determinación judicial es que, para el juzgado, fue suficiente que el Gobierno nombrara a Alfonso López como facilitador de paz para darle su libertad. Además de las explicaciones del comisionado Rueda sobre lo sucedido, el alto funcionario agregó su petición para pedirle a la justicia que revoque la libertad del hijo de “la Gata”. En medio de la polémica ya encendida apareció el fiscal Franciso Barbosa para atizar el fuego. Además de anunciar una investigación en contra del juez Petro Vanderbilt por el delito de prevaricato (cuando una autoridad toma una decisión consciente de que es injusta ilegal), el fiscal fue más allá y culpó directamente al Gobierno por lo sucedido.
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“La entidad no comparte las actuaciones tendientes a desconocer el marco jurídico vigente y manifiesta su preocupación porque la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz llevó a que el juez dejara en libertad al hijo de ‘Gata’. Dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación”, señaló Barbosa. En el comunicado del ente investigador también quedó planteada una duda que se desprende de la lectura de la resolución que nombró a Alfonso López como facilitador: ¿a qué organización criminal pertenece el hijo de “la Gata”? Si bien para ser facilitador de paz no es necesario pertenecer a ninguna, la pregunta es clave.
El “Gatico” fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio por el asesinato de Rafael Prins, en febrero de 2005. El fallo en su contra concluyó: “Alfonso no solo era integrante de las autodefensas en Magangué, sino que las lideró y promovió”. Sin embargo, él y su familia han negado esos nexos ilegales, que les han sido comprobados a él, a su madre, Enilce López, y a su hermano, Héctor. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además, ya les había negado la entrada. Pese a las evidencias judiciales que podrían vincular al “Gatico” con algún grupo armado, el alto comisionado no ha aclarado por qué el condenado podría facilitar los diálogos para la “paz total”.
En diálogo con El Espectador, Édison Torres, primo del periodista Rafael Prins, fue contundente: “El alto comisionado, para presentar positivos dentro de la ‘paz total’, rompe los límites de la justicia. En este caso quedaría la justicia tirada por el suelo, porque todo el proceso que se hizo para condenar a Jorge Luis Alfonso se disuelve y esto produce desesperanza, no solo en los amigos y familiares de Rafael, sino para la sociedad”. Y concluyó: “Que ahora Rueda diga que no solicitó la libertad de Alfonso López es una posición hipócrita y, por lo tanto, hace añicos la propuesta de ‘paz total’. Con esta posición hipócrita nos conduce a la desesperanza”.
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