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A inicios de junio de este año, el Ministerio de Ambiente invitó a periodistas de varios medios a un taller de educación ambiental. Parte del evento involucró una visita a Chingaza. Durante una presentación, Orlando Molano, director de Parques Nacionales Naturales (PNN), anunció que harían un proyecto de glamping dentro de Chingaza. La idea, comentó, era atraer a más turistas, ya que, aunque la actual capacidad de carga de Chingaza es de 85.000 personas, solo lo visitan unas 34.000. (Lea: Cambios en infraestructura dentro del Parque Nacional Chingaza generaron preguntas)
Ante las preguntas que hicieron los periodistas, pues la norma dice que dentro de las áreas de PNN no se puede construir nueva infraestructura, Molano aseguró que sería un tema de infraestructura liviana permitida dentro del plan de manejo del Parque. Durante una caminata por los senderos, los guías señalaron dos de las zonas donde se había estudiado hacer los sitios de glamping y en ninguna de las dos había ningún tipo de construcción.
Parques no se volvió a pronunciar públicamente sobre el tema. Pero a mediados de julio, a través de Twitter, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente y fundador de Parques Cómo Vamos, compartió el plano de un proyecto en el sector de Monterredondo, en Chingaza, que implicaría la construcción de un ecohotel para sesenta personas, camping para 132 personas y glamping para 18 personas, con una capacidad de carga para 350 personas. El gráfico que le filtraron a Rodríguez tiene el nombre de Carlos Alberto Pinzón Barco, quien según la página web de Función Pública del Gobierno trabajó como arquitecto de PNN desde el 2016 y, desde el 2018, es profesional especializado del grupo de infraestructura.
En un chat de prensa del sector ambiental, fueron varios los periodistas que le pidieron a PNN que explicara de qué se trataba ese proyecto. Pero la única comunicación que dio Parques fue compartir el tuit en el que respondieron al exministro que no se haría un ecohotel, sino una adecuación al centro de visitantes y la zona de camping que ya existen. Además, dijeron que lo que había compartido Rodríguez fue una propuesta que se planteó en un principio y no era definitiva. “Lo invitamos a conocer el proyecto real”, trinaron.
“Es la hora en que, tras solicitar información sobre el proyecto real, no me la han compartido ni la han publicado en su página web, y eso es falta de transparencia”, asegura Rodríguez. El Espectador también le preguntó a PNN sobre el proyecto y dijeron que “los estudios y diseños para la construcción de las adecuaciones que se realizarán en el PNN Chingaza aún no han sido contratados”. Sobre la posibilidad del glamping, afirmaron “sí sabemos que en algunas zonas donde es permitido se piensa instalar glamping, que cumpla los parámetros ambientales de conservación”.
La confusión ha crecido en los últimos días. Una persona cercana al Parque Chingaza, quien prefirió que su nombre no fuera publicado, dijo que el proyecto que compartió Rodríguez había sido socializado con tres funcionarios de PNN hace solo veinte días: Juan Carlos Clavijo, director de PNN Chingaza; Faber Ramos, profesional de turismo de la dirección territorial de la Orinoquia, y Carlos Felipe Arboleda, líder de la línea de infraestructura. (Puede leer: Parque Chingaza entra en la lista de áreas protegidas de la UICN)
Ante esto, PNN señaló que “la presentación que se hizo tenía el objetivo de lograr que funcionarios del parque hicieran sus aportes sobre el tema” y reiteraron que “no hay estudios y diseños del proyecto y que lo que compartió el señor Rodríguez es una de tantas propuestas iniciales que surgen antes de la maduración de un proyecto”.
Carlos Olaya, investigador de Dejusticia, también le ha seguido la pista a lo que está comunicando Parques públicamente y ha encontrado varias inconsistencias. “En una entrevista que dio una funcionaria de Parques a El Tiempo, dicen que la infraestructura de alojamiento no tiene mejoras desde los años 70. Pero a través de solicitudes que le hicimos a Corpochingaza (operador de ecoturismo comunitario del Parque), conocimos que recibieron plata de la Embajada de Alemania y de la Gobernación, que invirtieron en mejorar alojamiento e infraestructura hacia el 2018”.
Las dudas sobre lo que pasará con Corpochingaza
Las preguntas sobre lo que se hará, o no, en el Parque Chingaza surgieron justo en un momento en que varios expertos se empezaron a preocupar por lo que, creen, sería un cambio en la política de ecoturismo comunitario con la nueva administración de PNN: en diciembre del 2020 Orlando Molano reemplazó a Julia Miranda en la dirección.
De acuerdo con el exministro Rodríguez, desde PNN también se estaría ejerciendo presión para que Corpochingaza (operador de ecoturismo comunitario) entregue su contrato. Ante esto Parques dijo que no era cierto. “PNN tiene la obligación de hacer seguimiento a estos contratos y en consecuencia debe tomar medidas correctivas cuando no se esté dando cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, lo que incluso puede llevar a la terminación del contrato”.
Además, indicó que no ha cambiado ningún lineamiento de ecoturismo comunitario. “No se debe confundir esta labor de vigilancia y control con presiones indebidas o con políticas que atenten contra el ecoturismo”, señala la entidad.
Pero lo que dicen las personas consultadas es otra cosa. A Luisa Fernanda Camacho, concejal de La Calera, le llegó la captura de pantalla de un mensaje que Jenny Romero, directora de Corpochingaza, le envió a la asamblea de la corporación. Allí Romero les explica a los miembros de la asamblea que recibió una llamada desde el nivel central de PNN pidiéndole que entregaran el contrato y que, una vez se reúnan con ella, les darán dos meses para romper con este. (Lea también: Ecoturismo comunitario: malestar por los cambios desde Parques Naturales)
“Para La Calera es muy importante lo que ha hecho el ecoturismo comunitario de Corpochingaza, porque es un ejemplo de que se puede vivir, conservar y trabajar en áreas protegidas”, comenta Camacho. “Y, bueno, si ellos tienen errores, entonces lo que debe hacer PNN es acompañarlos, asesorarlos para mejorar”.
Ni Corpochingaza ni Romero quisieron hablar con El Espectador sobre la situación. Mientras, Olaya agrega de nuevo que la información que ha compartido PNN sigue siendo confusa. “En una entrevista con Blu Radio el director, Molano, dijo que a los contratos de ecoturismo comunitario de estas experiencias se les agotó la vigencia (refiriéndose a Yarumo Blanco y Corpochingaza). Pero es falso para Corpochingaza. Solicité el contrato y fue firmado el 26 de mayo de 2016 por diez años. Y, bueno, quizá fue un error, un descuido del director. Pero, entonces, ¿por qué no sale y aclara la situación?”, comenta el investigador de Dejusticia.
A partir de la evidencia que ha recolectado sobre lo que dice PNN, Olaya concluye que no se “puede afirmar que exista una propuesta perversa por parte de la entidad”, pero que sí hay “suficiente evidencia para que deje dudas razonables”.
La mala señal que deja la salida de Yarumo Blanco
Lo que viene sucediendo durante la nueva administración de PNN se ha ido dando como en un dominó. Además del revuelo por Chingaza, el 12 de julio, a través de la página web, PNN anunció que la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco culminaba su etapa de operación en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. Tanto PNN como Yarumo le explicaron a El Espectador que el contrato, también por diez años, se había vencido y que PNN ofreció una prórroga con nuevas condiciones que Yarumo Blanco no pudo aceptar.
El mayor cambio es que si antes Yarumo Blanco le tenía que dar el 1 % de las ganancias a PNN para destinarlos al fondo para fortalecer las áreas protegidas (FONAP), las nuevas condiciones proponían aumentarlo al 10 %. Esta nueva lógica, según explicó Juan de Dios Duarte, jefe de la oficina jurídica de PNN en su momento, se debía a que “algunas iniciativas nacieron con una finalidad comunitaria, para apoyar las sinergias locales alrededor de las áreas protegidas y se venían beneficiando del ecoturismo, en el transcurso de diez años dejan de ser comunitarias y se convierten en verdaderas empresas”. Por ejemplo, señalaba Duarte, en el 2019, que fue un buen año, Yarumo Blanco tuvo ingresos de $982 millones, pero a PNN solo llegaron $9 millones”.
Pero la gente que ha estudiado y se mueve en el sector de la conservación y el ecoturismo comunitario cree que es una postura demasiado obtusa. El objetivo del ecoturismo comunitario es la conservación, que las personas que viven en PNN o cerca tengan una alternativa de trabajo y así no tengan que recurrir a la deforestación o la ganadería, por dar unos ejemplos, para vivir. “El ecoturismo comunitario no nació para lucrar a PNN. Sí, sabemos que la financiación es un gran problema de esta entidad, pero es algo que se debe resolver con el Ministerio de Hacienda y no cargarlo en las propuestas comunitarias”, dice Sandra Vilardy, directora de Parques Cómo Vamos.
Para una persona que trabajó en el programa de ecoturismo comunitario de PNN, pero que ya no trabaja ahí y prefiere no ser citada, es un absurdo que a Yarumo Blanco se le propusieran estas condiciones tras un año y medio de pandemia, cuando el turismo en general fue de los sectores más golpeados. “Hay cifras que dicen que el turismo no volverá al punto en el que estaba en el 2019 sino dentro de diez años. Eso demuestra que la gente que está liderando PNN con la nueva administración no conoce el tema”.
En medio de las inquietudes que estos cambios han generado, hay otro documento que ha causado preocupación: una presentación colgada en la página web del Departamento Nacional de Planeación (DNP), sobre asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura, con fecha de junio de 2021. En el punto 4, proyectos APP, se menciona uno a cargo de Parques Nacionales Naturales.
Con un plazo de 25 años, el objeto del proyecto es “preservar el medio ambiente y asegurar la protección de los ecosistemas diversos para el desarrollo del ecoturismo en los Parques Nacionales Naturales SPNN de Tayrona y vía al Parque Salamanca por medio de la operación y explotación de los servicios ecoturísticos, incluyendo la dotación, construcción, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de estas áreas protegidas”. El valor estimado sería de $235.000 millones y el estado es “estructurado”.
El Espectador se comunicó con DNP para conocer más sobre el proyecto, pero le dijeron que el vocero era PNN. Parques, por su parte, dice que la presentación hace mención a un estudio realizado por DNP en el 2017, que en su momento PNN no siguió la recomendación de hacer una APP, sino hacer una licitación y que el proceso fue revocado mediante la resolución 246 de 2020. “En la actualidad se está analizando la conveniencia de estas recomendaciones”, dice PNN.
Sin embargo, no explican por qué si son procesos o recomendaciones que se dieron en el 2017 y 2020, sigue apareciendo la presentación con fecha de junio de 2021 que habla de un proyecto de APP en infraestructura, con estado estructurado y a cargo de PNN.
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