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“El que las hace, las paga”. Así cierra el primer comunicado del Ministerio de Seguridad en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y con la titularidad de Patricia Bullrich en su regreso a la cartera tras su fracaso como candidata presidencial, representando a la coalición Juntos por el Cambio.
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Para Milei, que está próximo a cumplir su primera semana como presidente de la nación, hacerse con un panorama donde tenga gobernabilidad es una de sus prioridades. No solamente porque la Libertad Avanza, su bancada en el Congreso, es la tercera mayoría, sino porque tiene por delante un panorama de resistencia a sus medidas y plan de gobierno para los siguientes cuatro años.
Nicolás Liendo, internacionalista y analista de International IDEA, lo explica en términos de “controlar la calle”. Esto se debe a que las medidas que ya ha anunciado Milei golpean a estratos medios y bajos de la Provincia de Buenos Aires.
“El protocolo que adopta Bullrich, quien ya manejó esta cartera, busca controlar la calle, porque en los cuatro años que tuvo Macri fue un tema sensible respecto a cómo los movimientos piqueteros, determinadas organizaciones sociales y ciertos partidos políticos bloqueaban de manera sistemática; según el argumento del Gobierno de entonces y en parte de los actuales, ese es el acceso a las vías o la productividad en los puertos de Buenos Aires y la provincia”, afirma el analista.
Es precisamente ese objetivo de controlar o recuperar el orden lo que unió en un principio los caminos del libertario y la ministra. La herencia de “Sin libertad no hay orden y sin orden no hay progreso”, otro de los encabezados del comunicado, muestra la influencia de Bullrich en la política de seguridad del gobierno.
Liendo remarca que para los votantes de Bullrich, su experiencia en la cartera fue buena durante el gobierno de Macri. Además, en su primer ciclo como ministra enfrentó casos complicados como el uso de armas hechizas, o caseras, contra la fuerza pública en enfrentamientos contra piqueteros, el nombre que reciben las organizaciones sindicales que suelen movilizarse.
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Es por esto que con los 10 puntos anunciados, Bullrich derogó el denominado protocolo Garré, que recibe su nombre por Nidia Garré, la ministra de Defensa de Cristina Fernández (2010-2015), que establecía pautas básicas en la respuesta a los manifestantes, como agotar primero las vías de diálogo o no usar armas de fuego para responder a la protesta.
Sin embargo, existe un riesgo elevado de que la premisa de garantizar el orden público frente a los bloqueos sea instrumentalizada para reprimir a los manifestantes. Sobre el papel, el protocolo establece que “las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”.
Las preocupaciones surgen en cuanto a la falta de especificidad de los criterios bajo los que se medirá esa proporción para el uso de la fuerza empleada por los uniformados.
“Es una amenaza al Estado de derecho, de los derechos humanos, porque una de las garantías es precisamente el derecho a la protesta. Entonces esto tiene que ver en cuanto a la interpretación, con responder a la expectativa. Mucha gente votó por Milei pensando precisamente en que tomaría decisiones de ese tipo. Creo que eso respondió un poco a la idea de que él no quiere que la gente piense que se está moderando, y que va a cumplir con lo que prometió. Evidentemente, esto es negar el diálogo social que es necesario y acudir obviamente a la represión, a la punición, al castigo de la protesta social”, afirma Mauricio Jaramillo Jassir, analista y docente de la Universidad del Rosario.
La punición que advierte Jaramillo puede aparecer también bajo los puntos del programa que permiten al gobierno rastrear a los manifestantes desde el momento en el que las agrupaciones y movimientos soliciten los permisos para salir a la calle. Exige que se identifiquen vehículos, identidades, movimientos a los que pertenecen, si son o no menores de edad, si son migrantes o ciudadanos argentinos, entre los primeros parámetros anunciados. En este punto es delgada la línea que divide el rastrear a los manifestantes y perseguirlos.
Además, la propuesta incluye una autorización al Estado para cobrarles a las empresas o sindicatos cuyas marchas registren daños. “Lo que establece este protocolo es que aquellos que organicen esas reuniones, si se establecen daños, deberán pagar esos daños. ¿Cómo van a hacer para cumplirlo? Es complicado. Ellos dicen que las organizaciones que se registren tendrán un espacio físico y un código postal y allí, digamos, mandarán la cuenta de cobro, según la ministra, para cobrarles a esas organizaciones si se efectúan daños durante la manifestación”, desarrolla Liendo.
También será compleja la implementación de este protocolo para “controlar la calle” de aquí en adelante si se tiene en cuenta que, como anunció Luis Caputo, el ministro de Defensa, aún faltan medidas económicas por anunciar. La devaluación del peso argentino frente al dólar fue la primera, pero Milei ya lo advirtió, no hay alternativa al ajuste.
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La lectura inicial de Liendo es que las medidas de seguridad se emplearán en el marco de la ley. Sin embargo, esto es en el papel, pues asegura que falta ver cómo se emplea por parte de los uniformados. “Tiene que ser en el marco de la ley y justamente también lo que busca este protocolo es que las fuerzas de seguridad se atengan a su comportamiento, como debe ser siempre a lo que establece la norma y la Constitución. Creo que lo que busca es ordenar el espíritu, digamos, el protocolo es ordenar. Luego estarán los jueces y en las instancias superiores de control para ver que eso así sea”, afirma.
Sin embargo, deja el panorama abierto, pues remarca que la sociedad argentina está angustiada: “Es una sociedad que votó por una opción de reforma muy radical como es la de Milei. Un cambio profundo en que se están anunciando medidas económicas duras que el propio Gobierno admite que serán meses muy duros en materia económica y social, que pueden aumentar la inflación y la pobreza. ¿Cómo se da esa gestión de esos el nivel de tolerancia? ¿Cuánto tiempo tolera la población al Gobierno? Es donde está la gran incertidumbre, ya no hay lunas de miel largas con estos procesos de cien días donde los gobiernos pueden llevar a cabo políticas un poco más drásticas o de reformas más sustantivas. Es un país donde cualquier ficha del tablero que se toque puede hacer, puede dar un default o una inflación, es muy sensible en todo”.
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Por Hugo Santiago Caro
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