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El crecimiento y avance de la economía digital durante la última década es innegable, sin embargo -como sucede con la economía analógica- esa riqueza tampoco está alcanzando a las personas que crean contenidos para las plataformas. En países como Brasil, Sudáfrica y Uruguay se discuten regulaciones que buscan “remuneración justa” para estas personas, el debate está servido. Acá les cuento.
El informe Global Music Report 2023 mostró que durante 2022 todos los mercados latinoamericanos de música crecieron en dos dígitos, un crecimiento que se apoya especialmente en el streaming, con una participación del 85,2%, y con Spotify como protagonista. Paralelamente en un documento de UNESCO se resalta la existencia de desequilibrios en los modelos de remuneración que afectan a artistas y compositores quienes tienen pocas posibilidades de negociar condiciones justas.
El mercado de la música digital demuestra la asimetría de poder en la que los creadores digitales están en desventaja frente a las plataformas digitales, pero no es el único sector con esas características. Tal y como lo demostró la huelga de guionistas de Hollywood, dentro de los problemas de la economía digital está que el negocio es muy bueno para las empresas de streaming, como Netflix, pero no tanto para quienes crean el contenido.
¿Cuáles son los mecanismos que permitirían una remuneración justa? La fórmula para atender el problema no se conoce. Sin embargo personas como yo esperamos que el diseño de tal mecanismo -que no necesariamente tiene que ser un nuevo derecho- no afecte el ecosistema digital impactando el disfrute de otros derechos.
Los países de América Latina, preocupados por este tema, han pedido que se incluya la discusión por una remuneración justa en la agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Dentro del trámite de esa propuesta la Alianza Latinoamericana de Acceso al Conocimiento presentó comentarios -que suscribo-, indicando que un mecanismo de este tipo -sobre todo si es un nuevo derecho- debe hacerse dentro de un marco en el que se obliga únicamente a los proveedores de servicios digitales comerciales globales, se excluyen los actos sin fines de lucro -evitando aplicarse a contenidos con licencias libres-, y se reconoce que es un problema de asimetría de poder, por tanto incluye reglamentar los contratos para recuperar la capacidad de negociación. Entre las medidas para mejorar la capacidad de negociación está que se creen obligaciones de transparencia para las plataformas y mecanismos de revisión cuando los ingresos sean mucho mayores en relación con la remuneración acordada (cláusula de best sellers).
Brasil, Sudáfrica y Uruguay son tres países que abrieron la discusión. De nuevo, no se trata de una talla única, más bien cada uno ensaya su propia fórmula discutiendo reformas a sus sistemas de derecho de autor. De los tres países, sólo Uruguay ya convirtió su propuesta legislativa en ley. La reacción en los tres países no se ha dejado esperar, se debe mencionar que Netflix en Sudáfrica y Spotify en Uruguay, son las que han liderado la posición de las plataformas y amenazado con abandonar el mercado local de aprobarse algo así.
Por las noticias desde Sudáfrica sabemos que Netflix afirma que “una obligación legal de pagar regalías requerirá que los productores asuman cargas económicas y legales más amplias, limitará la inversión y las oportunidades para los productores y conducirá a una remuneración general más baja para los autores e intérpretes”. Netflix dice que su modelo de negocio no permite hacer la conexión directa entre el contenido y la ganancia de la plataforma, por lo que no pueden cumplir con la disposición que se crearía.
Las personas creadoras por su parte indican que esto no es cierto. Afirman que los propios informes y datos que la empresa ofrece en la discusión sudafricana permiten establecer que pueden rastrear la audiencia de contenido local a escala global. Indican también que Netflix ni siquiera ha querido hablar con las organizaciones que las representan para buscar soluciones. Mientras la amenaza de Netflix de retirarse del mercado se cierne sobre el país africano la reforma por el momento está atorada en el congreso.
En Brasil hace poco se aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que busca promover la creación y remuneración de contenido audiovisual local. La principal discusión actualmente es que el proyecto equipara las plataformas de la industria del entretenimiento (como Netflix o Spotify) con las de contenidos creados por personas usuarias (como Youtube o TikTok), Esta solución es problemática pues ordena pagos sobre contenidos que por naturaleza circulan gratis en internet y cambiaría dramáticamente la forma como Internet funciona. Es un debate en desarrollo al que hay que hacerle seguimiento.
En Uruguay la noticia es que ya hay ley. En ese país se aprobó una ley que la sociedad civil de ese país ha dicho que tiene disposiciones tan amplias que se puede aplicar también a plataformas educativas, repositorios digitales universitarios y otros sitios web culturales sin fines de lucro. En ese sentido denunciaron que la versión uruguaya de las buenas intenciones quedaba en un derecho de remuneración que se aplicaba a toda internet. Indicaron además que establecer la gestión colectiva obligatoria e irrenunciable tendrá grandes dientes que pueden cambiar efectivamente la naturaleza de Internet.
A los pocos días de aprobarse la ley, los suscriptores de Spotify recibieron un mensaje indicando que la empresa gradualmente dejaría de prestar sus servicios en el país. Spotify consideraba que con la ley debía pagar dos veces por las mismas canciones, afirmaba que son las discográficas y las editoras -a las que ellos ya pagan-. las que deben estar obligadas, no la plataforma. El gobierno prometió abordar las quejas diciendo que ajustaría en la reglamentación. El Decreto reglamentario salió esta semana a la medida de Spotify, aliviando también algunas de las críticas de la sociedad civil -al menos en relación con plataformas de educación y cultura sin ánimo de lucro-. El texto sin embargo es ambiguo sobre las facultades para las sociedades de gestión colectiva y por tanto su impacto en los contenidos realizados por usuarios está por verse. Por ahora Spotify consiguió evitar que Uruguay se convirtiera en un ejemplo para otros países, al final la norma dejó las cosas como estaban antes, no consigue abordar la asimetría de poder con las plataformas.
El debate sobre la remuneración justa de creadores en la era digital está abierto y mantendrá su vigencia en el futuro próximo, pues hay una necesidad evidente. Ahora bien, espero que esos procesos no deriven en afectaciones que hagan que la red pierda lo que queda de su capacidad disruptiva y democratizadora.
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