¿Independencia o desencuentro de poderes?

Por considerarla muy relevante, quiero detenerme en la propuesta que obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración de renta al momento de su posesión, lo que implica levantar la reserva que hoy existe. Esto traería mayor transparencia y posibilidades de monitoreo de sus movimientos financieros por parte de las autoridades, y de ejercer control ciudadano sobre los mismos. Sin embargo, para que esta medida sea efectiva, las declaraciones de renta deberían presentarse anualmente para tener elementos de comparación e identificar eventuales inconsistencias. Así mismo, se debe establecer en el mismo proyecto la entidad responsable de vigilar que esta obligación se cumpla, y darle los mecanismos y recursos para hacerlo y para aplicar las sanciones a que haya lugar si se incumple.

Esto debería acompañarse de la obligación de hacer públicas las declaraciones de bienes y patrimonio y de conflictos de interés. Si bien estos asuntos ya están contemplados en algunas normas, se han convertido en letra muerta porque no hay quien les haga seguimiento ni quien las haga cumplir.

Con relación a las propuestas de reforma política, también apuntan en la dirección correcta para depurar la política, fortalecer y democratizar el sistema de partidos y la organización electoral. En esta ocasión solo me voy a referir al fortalecimiento administrativo y financiero del Consejo Nacional Electoral, lo cual es muy importante, pero por sí mismo insuficiente. En primer lugar, porque no se modifica el origen partidista de sus miembros, lo cual afecta su independencia. Pero además porque no les ofrece garantías de imparcialidad a electores, candidatos y partidos. Y en segundo lugar, porque el CNE es solo una de las piezas de la arquitectura electoral. Es necesario pensar en cambios conducentes a que haya una justicia electoral más eficaz y eficiente, presencia de las autoridades electorales en todo el territorio y una política de financiamiento de la política —tema ausente en los proyectos gubernamentales— que reduzca los costos de las campañas y que las blinde del ingreso de dineros ilegales.

Ahora los proyectos están en la cancha del Congreso. Está por verse si van a correr con la misma suerte de la consulta anticorrupción, amenazada por frágil apoyo de la bancada del Centro Democrático y el senador Álvaro Uribe. También se pondrá a prueba la voluntad de los congresistas para aprobar las reformas que por tanto tiempo han aplazado.

Si nos guiamos por las graves denuncias que se han venido haciendo sobre las irregularidades en el proceso de elección por parte del Congreso del contralor general, incluyendo la presunta modificación de las reglas de juego para favorecer al candidato del Centro Democrático, el futuro pinta bastante sombrío.

* Miembro de la Paz Querida.