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Nunca antes en la historia reciente de Colombia se vivió un momento de inestabilidad política tan grande debido a las dudas sobre un proceso electoral. Quizás el antecedente más inmediato sean los días posteriores al 9 de abril de 1970, cuando Gustavo Rojas Pinilla lideraba las elecciones presidenciales y al final fue vencido por Misael Pastrana Borrero. La victoria del conservador y representante del Frente Nacional fue tomada como una clara muestra de fraude electoral, que llevó a que hubiera un caldeado clima político y social durante varios meses. Desde entonces no hubo hechos similares, hasta ahora. Las sombras que dejó el proceso electoral del pasado 13 de marzo vuelven a despertar señalamientos de fraude e ideas sobre la poca confianza que puede inspirar el sistema democrático colombiano.
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Los señalamientos de un supuesto fraude han venido de los dos sectores políticos que más se sienten en la opinión pública: petrismo y uribismo. De hecho, los primeros en expresar sus dudas sobre los resultados de los comicios fueron los miembros del Pacto Histórico. Estos vieron con suspicacia el haber sido una de las fuerzas más votadas del país en Cámara y Senado, pero en el preconteo figuraba que no tuvieron votos en casi el 25 % de las mesas del país.
De inmediato prendieron las alarmas y hablaron de un “fraude generalizado”, representado en inconsistencias en los formularios E-14, que es donde se consigna el resultado del preconteo. Incluso, organizaciones como la Misión de observación Electoral (MOE) expresaron sus reparos ante la anomalía estadística. Debido a dichas inconsistencias en el preconteo, se llegó a pedir un reconteo general.
El panorama fue cambiando durante los escrutinios municipales y departamentales. Fueron apareciendo votos por el Pacto Histórico en ese cuarto de mesas y la coalición de izquierda pasó de 16 escaños durante el preconteo a 19.
De acuerdo con el registrador nacional, Alexander Vega, todo se trató de una omisión involuntaria durante el reporte de datos debido a algunas deficiencias en el diseño de formulario E-14: la casilla del Pacto Histórico estaba relegada al final de la última página y con un tamaño muy pequeño. Con el aumento de votos por el petrismo, los siguientes en expresar su inconformismo con el resultado fueron los del Centro Democrático y algunos miembros de la derecha, como el expresidente Andrés Pastrana. El partido de Gobierno tomó la misma tesis de sus contrarios y también hablaron de fraude. Y de igual manera, exigieron un reconteo de todos los votos.
Puede ver: ¿Es viable un reconteo general de votos como lo pidió el registrador?
Desde el Centro Democrático también hablaron de los tachones en inconsistencias de los formularios E-14 y hasta llegaron a decir que era “sospechosa” la votación de Petro y su coalición en las zonas donde hay presencia de grupos narcotraficantes. Pastrana dijo, sin fundamento alguno, que el cambio de resultados estaría relacionado con un encuentro que tuvo el líder de Colombia Humana con empleados de Indra, empresa encargada del software del escrutinio nacional. Eso sí, el exmandatario no tuvo en cuenta que los resultados no han pasado por este programa, ya que hasta el momento solo se ha llegado al escrutinio departamental.
En un principio, el pasado jueves, la respuesta del registrador fue negarse a recontar a nivel nacional, pues aseguró que ya estaba siendo realizada esta actividad por los escrutadores en el momento que encontraban alguna irregularidad en los formularios E-14. Sin embargo, este lunes festivo, tras una declaración del presidente Iván Duque pidiendo el reconteo nacional y anunciando para este martes una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, Vega dio su brazo a torcer y aseguró que le pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que ordene un nuevo conteo de los votos como forma de dotar de legitimidad la elección del nuevo Senado. El pronunciamiento no calmó los ánimos, sino que volvió a alborotar el avispero.
En esta ocasión, el partido de Gobierno y aliados celebraron el anuncio. El Centro Democrático se adjudicó esta victoria y dijo que la decisión de Vega fue gracias a su equipo jurídico. “Gracias por garantizar la transparencia y luchar para que Colombia pueda conocer la verdad de estas elecciones”, comentó la colectividad a los abogados que se apersonaron de seguir el escrutinio. Una mayoría del partido de Álvaro Uribe celebró la posición del registrador y hasta fueron capaces de pedir que el reconteo se extendiera a la Cámara de Representantes, donde también hubo una gran derrota de la colectividad que llevó al poder a Iván Duque en 2018.
También: Registraduría pide reconteo total de votos ante dudas por el escrutinio
Por el contrario, gran parte de la oposición cuestionó el anuncio. Solo Antonio Sanguino celebró la decisión, dado que había interpuesto una tutela buscando un reconteo que lo salvara de la quemada que tuvo el 13 de marzo. Gustavo Petro lideró los comentarios en contra de la nueva postura de Vega, asegurando que se iba a gestar un “verdadero fraude”, ya que supuestamente la cadena de custodia de los votos se había perdido tras finalizar el escrutinio el sábado pasado. La mayoría de los comentarios fueron en esta línea, aunque vale aclarar que la cadena de custodia no se ha perdido, pues esta debe garantizarse teniendo en cuenta que aún queda la última fase del escrutinio, la nacional, que debe ser realizada por el CNE.
Más allá de la controversia política por la decisión, el anuncio de Alexander Vega causó un gran debate jurídico sobre las competencias del CNE para hacer esta tarea. De acuerdo con sentencias del Consejo de Estado, solo puede haber reconteo del resultado de las mesas durante el escrutinio nacional, que es el que realiza el tribunal electoral, cuando las comisiones escrutadoras a nivel y distrital no llevaron a cabo esta tarea y organizaciones políticas habrían pedido la apelación del resultado sobre dichas bolsas. Esta situación no se estaría cumpliendo. Bajo esta lógica, el exmagistrado del CNE, Armando Novoa, comentó que la petición de reconteo general es inconstitucional e incluso desconocería la labor de escrutinio adelantada en la última semana.
Novoa recordó los antecedentes expresados por el Consejo de Estado para decir que el reconteo “no puede ser indiscriminado y de forma generalizada. Solo en razón a las quejas que se han presentado”, por lo que no podrían abrirse todas las bolsas de votos, solo las que fueran impugnadas en instancias anteriores. Esta posición no es compartida por miembros actuales del CNE que aseguraron que, a pesar de que no han estudiado el pedido, podría darse vía libre al recuento general bajo la función de saneamiento que tiene el CNE o si se encuentran las causales excepcionales establecidas por el Consejo de Estado para que se puedan saltar las facultades de reconteo que tienen las instancias escrutadoras anteriores al Consejo Nacional Electoral.
Más allá de este debate, la petición de reconteo general podría abrir una verdadera caja de pandora. El tribunal electoral podría aceptar la petición y tendría que idear un procedimiento, debido a que no está contemplado por la ley. Lo más probable es que se revivan las comisiones escrutadoras municipales ante el volumen del escrutinio nacional.
Además, esta determinación administrativa podría ser demandada ante el Consejo de Estado y podría congelarse el escrutinio general hasta que haya una decisión de fondo. El tribunal administrativo podría establecer que es irregular el reconteo y que las fases de escrutinio eran válidas, por lo que podría dejar en pie los primeros resultados, hoy cuestionados por el uribismo. También existe la posibilidad de que diga que el reconteo fue ajustado a la ley y dejar en firme sus resultados.
Para más contexto: Respuestas encontradas ante el pedido de reconteo por parte de la Registraduría
Y hay un último escenario, el menos agradable, en el que se lleve a cabo el escrutinio general por parte del CNE, el Consejo de Estado lo considere inválido y se declaren nulos sus resultados. En esta situación, toda la elección del Congreso 2022-2026 quedaría en suspenso hasta que el tribunal administrativo haga el escrutinio. Este entuerto judicial podría llegar a tardar hasta un año y medio. Sin duda, este panorama despojaría de toda legitimidad al Legislativo y aumentaría la crisis de confianza que actualmente hay en las instituciones.
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