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La pelea por las narrativas en la confrontación política colombiana escaló a organismos internacionales. Una seguidilla de congresistas de diversas orillas han aterrizado en Washington en los últimos meses para, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), radicar solicitudes de medidas cautelares por la subida de tono que ha tenido el debate entre el Legislativo y el Ejecutivo, cuyos integrantes y cercanos han hecho lo propio ante esa instancia, aunque por otras razones.
Desde el 18 de marzo –fecha en la que se hundió la reforma laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la Comisión Séptima del Senado– en tres ocasiones se han presentado solicitudes de medidas cautelares por los “ataques” que ha dirigido el mandatario a los congresistas que firmaron la ponencia negativa. Una todavía está pendiente: la de Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), quien anunció que haría una diligencia similar porque el jefe de Estado puso “en riesgo la vida y la integridad de quienes [ejercen la] función legislativa”.
Y el número de figuras similares que llegan a esa instancia de parte de Colombia no son menores. Tan solo en 2023, de las 2.692 solicitudes de medidas cautelares que fueron presentadas ante la CIDH, 327 eran de Colombia, que ocupa el primer puesto en la lista: le siguen Brasil, con 149, y México, con 145.
Para 2024, el número fue mayor, 346 —una cifra superada únicamente por la de 2018, con 347—, y se trató de un año en el que se registró la expansión de grupos criminales y el recrudecimiento de la violencia en varias regiones. Sobrepasó a México, con 227, y a Brasil, con 149.
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No todas han sido igual de publicitadas, ni de criticadas. Y las de este año tienen un añadido: si bien todos los recursos ante la CIDH se hacen contra el Estado colombiano, se trata de la primera vez que las denuncias se refieren específicamente al jefe de Estado como el presunto culpable de lo que le pueda ocurrir a los denunciantes.
En marzo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), y la senadora Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres) presentaron ante la CIDH una petición y solicitud de medidas cautelares para “el amparo de [sus] derechos políticos, libertad de conciencia y de religión y la integridad personal (…), que se han visto vulnerados”.
“En una situación que se agrava día a día por la persecución política llevada a cabo por Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de presidente de la República de Colombia, en nuestra contra por asumir una posición crítica y desfavorable frente al proyecto de reforma laboral propuesta por su gobierno”, se lee en el documento presentado ante esta instancia.
También lo hicieron los senadores de la Comisión Séptima del Senado que firmaron la ponencia negativa de la laboral. El documento lo firmaron la presidenta Nadia Blel, Esperanza Andrade (las dos del Partido Conservador), Honorio Henríquez, Alirio Barrera (ambos del Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (MIRA), Pinto y Ríos, quienes alegan una “situación de extrema gravedad y urgencia” por “las amenazas del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro”.
El partido Cambio Radical radicó lo propio en marzo bajo el argumento de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de la colectividad, “ha sido víctima de ataques sistemáticos y permanentes por parte del presidente con el fin de desprestigiar su imagen pública”.
Un mes después, Enrique Vargas Lleras pidió a esa instancia la protección de sus derechos a “la honra, la dignidad y el buen nombre” ante las “agresiones” del presidente tras su negativa a la orden del Consejo de Estado de rectificar las aseveraciones sobre la junta directiva de la Nueva EPS, de la que el primero hizo parte.
Pero ahí no acaba la fila de solicitudes, al menos de figuras políticas, que se han hecho desde el comienzo del gobierno Petro. La izquierda ha acudido a ella para hacer diligencias propias, que incluso tocan las fibras del gabinete del mandatario.
El año pasado, congresistas del Pacto Histórico, liderados por el representante Alejandro Toro, denunciaron en la visita de la CIDH a Colombia –en la que también el expresidente Álvaro Uribe tuvo una cita con los delegados para denunciar la “ausencia de garantías” en el juicio en su contra– “una persecución de la Procuraduría (en ese momento liderada por Margarita Cabello) y algunas cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia”.
El documento incluía los nombres del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo y el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero.
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Incluso, la pelea que mantienen dos de los actuales miembros del gabinete presidencial –el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la canciller Laura Sarabia– aterrizó hace casi dos años en la CIDH. Precisamente, El Espectador reveló que la ahora ministra de Exteriores puso en conocimiento del entonces secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum, un caso de violencia política contra la mujer, perpetrada presuntamente por Benedetti, mientras ejerció como jefa de despacho.
En ese encuentro, además, señaló que la Fiscalía no había prestado atención a las pruebas presentadas y no había impulsado acciones para adelantar una investigación al respecto.
Ese caso volvió al ojo público en las últimas semanas, en medio de las tensiones entre los dos funcionarios de más alto rango en el gabinete ministerial. El pasado 30 de abril, la funcionaria asistió a una diligencia en la Fiscalía sobre esa materia y ha sustentado que el jefe de la cartera encargada de la política la ha atacado sin sustento.
“La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia. Y a propósito que vengo de Roma y del funeral del papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de defender lo que es justo. Y específicamente hoy la asistencia a la diligencia en la Fiscalía va en coherencia a denuncias del 2023, va en coherencia a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia, y no dejaré de hacerlo”, aseguró en una rueda de prensa ese mismo día.
Los procesos de la CIDH
En principio, cualquier persona puede radicar una solicitud de medida cautelar ante la CIDH. No se necesita, siquiera, de un abogado: eso solo sería en caso de que el expediente sea trasladado a la Corte IDH, que, a diferencia de la comisión, sí es vinculante, por lo que no “solicita” medidas al Estado, sino que las ordena y, bajo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Colombia está obligada a cumplir.
A cualquier figura política que ha buscado ampararse bajo la sombrilla del sistema interamericano, la CIDH ha escuchado. Pero de allí a que efectivamente se pidan ante el Estado colombiano medidas cautelares hay un largo trecho.
El presidente de la comisión, el abogado José Luis Caballero Ochoa, le dijo a este diario que tienen la labor de “escuchar a todas las voces”. Eso, sin embargo, “no significa que se concedan las pretensiones que se tienen, ni que se valore la intención con la que realmente un actor político va o no va a la Comisión”.
“Se escucha a todas las voces políticas, pero la intervención de la Comisión es técnica”, apuntó Caballero. Y, ante la pregunta de una posible judicialización internacional del debate político en Colombia, respondió que el órgano no podrá “emitir una calificación” en “las pretensiones por involucrar a la Comisión Interamericana en un debate judicial en atención a los propios debates políticos, a lo que la Comisión es ajena”.
La pregunta alrededor de cómo la confrontación política en Colombia se ha volcado hacia lo internacional no escapa el debate actual. Ricardo Abello, experto en derecho internacional con experiencia en el sistema interamericano y profesor de la Universidad del Rosario, aseguró que “hay un manejo más político de querer mostrar que se llevó a instancias internacionales, pero que no tienen una verdadera necesidad de hacerlo”.
La razón central que cita es que, para muchos de estos casos, no se ha agotado la jurisdicción interna de los Estados. En pocas palabras, no se ha acudido ante todos los tribunales en Colombia antes de buscar una justicia que, en todo caso, es subsidiaria.
La firma de Víctor Mosquera Marín, quien habló con El Espectador, ha trabajado ampliamente en este sistema, específicamente en la defensa de los denunciantes. Entre sus clientes notables están el expresidente Uribe y la senadora María Fernanda Cabal, quien pidió medidas cautelares por un presunto plan del ELN para atentar contra su vida.
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El abogado aseguró que, desde su concepción, las medidas cautelares buscan prevenir un hecho, por lo que agotar las instancias internas antes de presentar una solicitud no es necesario. Sí lo sería para una “petición”, que alega directamente una violación de un Estado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y es que, en general, si bien hay un acceso democrático a la Comisión, no es tan fácil que estas sean admitidas. Desde 2020 hasta 2024, lapso en el que se reporta una sumatoria de 1.575 solicitudes de medidas cautelares de origen colombiano, han sido otorgadas únicamente 41, es decir, el 2,6 %, aunque no todas se refieren al mismo año en el que fueron presentadas.
Las últimas en ser otorgadas el año pasado fueron las de Segundo Bolívar Madroñero Hernández, periodista, defensor de derechos humanos y director de “Anticorrupción Nariño Colombia”. De acuerdo con la CIDH, tanto él como sus hijos “enfrentan una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida e integridad personal”.
“Ha sido objeto de amenazas, atentados y hostigamientos a lo largo de varios años, relacionados con sus denuncias sobre corrupción y narcotráfico en el suroccidente del país. Los eventos recientes han incluido atentados con explosivos, intentos de embestida, panfletos intimidatorios y la presencia de personas sospechosas cerca de su residencia”, precisó la CIDH.
Y en su decisión, agregó que las medidas de protección reportadas por el Estado “no han sido suficientes para mitigar los riesgos existentes” y “persiste un patrón de amenazas y hostigamientos contra el periodista y su familia, como atentados recientes que refuerzan la urgencia de la situación”.
En lo que va de este año, han trascendido a la opinión pública al menos 11 solicitudes de medidas cautelares ante la comisión. Además de las presentadas por los congresistas, ocho médicos denunciaron una presunta violación al debido proceso y de las garantías judiciales por parte del Estado colombiano al haber cuestionado la legalidad de los documentos que certificaban su especialización en cirugía plástica en una universidad brasileña. Allá también se presentó el gobernador de San Andrés, Nicolás Iván Gallardo, para reunirse con funcionarios de la CIDH tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección.
Lo cierto es que el sistema interamericano ya ha sido sometido a acusaciones, desde varios sectores políticos, por sus alegadas “afiliaciones políticas”. Ya fue calificado de favorecer a la izquierda después de que la Corte IDH fallara a favor de Petro en el caso sobre su destitución en la Alcaldía de Bogotá. Tampoco fueron pocas las críticas por sus pronunciamientos alrededor de la elección de fiscal en la Corte Suprema a inicios del año pasado, con los que instó a los magistrados a decidir con celeridad.
Eso sí, ante la confrontación política interna que no parece bajar de tono en el año largo que queda para llegar a las elecciones presidenciales, es poco probable que el número de solicitudes se reduzca.
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Por María José Barrios Figueroa
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