Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Es mejor una rectificación valerosa que una obstinación”. Con esas palabras Alan García, presidente de Perú, aceptó haber cometido un grave error tras dos semanas plagadas de acusaciones de genocidio, injerencia extranjera y sanciones a opositores.
En un mensaje televisado a todo el país, el mandatario expresó su deseo por dejar atrás las diferencias entre el gobierno que preside y las comunidades indígenas. “Que un conflicto no nos distraiga, ni nos divida, ni nos haga olvidar nuestros grandes objetivos”, expresó García.
Pero antes que olvido, los indígenas y la oposición peruana quieren que se haga justicia. “Consideramos que debe haber otro escenario de investigación con instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y tal vez con un organismo internacional como veedor, porque la actitud del Parlamento también debe ser evaluada”, le dijo Víctor Isla, congresista del opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP), a El Espectador.
La demanda está relacionada con los hechos violentos en la ciudad amazónica de Bagua, ocurridos hace dos semanas, donde, en cifras oficiales, murieron 24 policías y nueve indígenas. Según Isla, si el Congreso peruano hubiera derogado a tiempo los decretos que regulan la explotación de la Amazonia, el país hubiera evitado estas muertes y las denuncias de desapariciones forzadas hechas por varias ONG.
Todo indica que la bancada oficialista tiene una responsabilidad directa. A pesar de que una comisión interpartidista había considerado ambos decretos como “inconstitucionales”, su derogación fue aplazada en distintas ocasiones. El pasado 4 de junio los ánimos en la Amazonia se exacerbaron al conocerse que esa votación sería pospuesta una vez más.
El propio presidente García reconoció este error de cálculo. “Pido públicamente que el Parlamento apoye la derogación”, dijo en su mensaje televisado, pero las cuentas volvieron a salirle mal.
Ayer, al mismo tiempo que los oficialistas cumplían la tarea asignada, la oposición logró que Yehude Simón, primer ministro, y Mercedes Cabanillas, titular del Interior, sean interrogados en el Legislativo por la forma en que ordenaron dispersar la protesta indígena.
El juicio a los funcionarios tendrá lugar la próxima semana.
Conoce más