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Para que la nueva Corte Agraria y Rural sea un hecho, aún debe pasar por cuatro debates en el Senado y una revisión de la Corte Constitucional. Se trata de uno los temas más importantes a discutir en la primera legislatura de 2023, luego de que la Cámara de Representantes le diera luz verde el año pasado. La intención de crear un alto tribunal para el sector agrario tiene como fin ser el “órgano de cierre” de la jurisdicción agraria y rural. En pocas palabras, es la que debe conocer de las decisiones que se emitan alrededor de temas de tierra y agrarios en Colombia.
El año pasado, la Corte Constitucional ordenó crear una jurisdicción agraria a través de un fallo histórico en donde se refirió al pobre desempeño de los Gobiernos por el campesinado, sus tierras y la adquisición de terrenos baldíos, es decir, que pertenecen al Estado. El Gobierno del presidente Gustavo Petro fue más allá, pues no solo se comprometió a capacitar jueces para emitir órdenes sobre temas rurales, sino que decidió crear un alto tribunal que deje claras las reglas en ese sentido. La intención del Gobierno no es de poca monta.
El proyecto tiene cinco objetivos principales: desempeñar funciones de órgano supremo; revisar la decisiones judiciales que se emitan por autoridades de la jurisdicción agraria y rural; dirimir conflictos de competencias entre lo rural y lo judicial; presentar proyectos de ley y actos relacionados con su competencia; y ejercer las funciones que determine la ley en esa materia hasta darse su propio reglamento. Es decir, el alto tribunal tendrá las mismas funciones que hoy en día tiene la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El documento de ocho páginas que le da vida a esa Corte dice que estará compuesto por un número impar de magistrados. Esos dignatarios, para ser elegidos, deberán tener los mismos requisitos que un aspirante a magistrado de la Corte Suprema y el Consejo de Estado y, además, haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario y rural. La primera elección de estos magistrados estará a cargo del Congreso. Serán elegidos de una lista enviada por el Consejo Superior de la Judicatura. Así ocurrió con la Comisión de Disciplina Judicial.
Los expertos opinan
Aunque la creación del alto tribunal parece ser un hecho, dos exmagistrados de la Corte Constitucional consultados por este diario, quienes pidieron mantener bajo reserva sus nombres, explicaron que la intención genera controversias porque no es necesario “fraccionar” aún más la jurisdicción ordinaria. A juicio de los expertos, quienes además explicaron qué se debe hacer en una reforma constitucional para la creación de la nueva corte, dijeron que en materia de tierras confluyen asuntos de la justicia ordinaria como también de la administrativa.
“La creación de una especie de súper corte en materia agraria podría generar fricciones con esas dos jurisdicciones”, dijo un exmagistrado. Esa postura no es descabellada para el también constitucionalista Juan Manuel Charry, quien consideró que pueden presentarse “choque de trenes”. El jurista es un convencido de que en el país solo deben existir máximo dos altas cortes: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Así las cosas, para el experto está claro que su preocupación no se basa en que tenga funciones legislativas porque, al fin y al cabo, esa misión la tienen todas las altas cortes, lo que le genera preocupación es que “existen muchas cabezas judiciales. Vamos a tener seis cabezas. Estamos creando una distracción judicial que hace que haya inseguridad jurídica”, explicó.
Para Charry la solución más clara en este momento es crear una jurisdicción agraria, como lo ordenó la Corte Constitucional, pero que esté adscrita a una Sala de la Corte Suprema. A su juicio, estaría bajo la justicia ordinaria, pero con jueces capacitados exclusivamente para atender casos agrarios. Esa hipótesis también la maneja el exministro de agricultura Rodolfo Zea, quien en diálogo con este diario aseguró, que esa nueva Corte generará confusión. “Creo que en vez de ayudar se podría confundir las diferentes decisiones emitidas”, resaltó el exjefe de la cartera.
Zea aseguró, así como los otros expertos consultados, que la justicia ordinaria es la que ha venido conociendo esos escenarios. Incluso, resaltó que era la Sala Civil-Agraria de la Corte Suprema de Justicia la que ha tenido que resolver ese tipo de conflictos. Y, en la práctica, tanto el exministro como los constitucionalistas tienen razón. La jurisdicción ordinaria, junto con la administrativa, hasta la fecha, ha sido la que se ha encargado de atender los líos jurídicos que se surten por tierras en el territorio nacional.
Precisamente, con base en ese antecedente, la Corte Constitucional decidió que se debía crear una jurisdicción especializada y exclusiva para conocer de esos casos. Ordenó al Consejo Superior capacitar jueces mientras se cumple el año de plazo que dio para que todos los expedientes queden en poder de ese nuevo mecanismo. El constitucionalista Charry es partidario de que exista una sola Corte porque el efecto que genera tener varias a la vez sería “negativo” y fomenta una “hipertrofia” en la justicia. Sin embargo, lo cierto es que la iniciativa de Petro ya está en curso y si no se cae en los debates en el Congreso, será la misma Corte Constitucional la que de el “sí” definitivo.
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