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El Gobierno de Colombia comete un grave atropello contra nuestros campesinos y el bosque húmedo tropical al declarar y conservar como ilegal el cultivo de hoja de coca.
Asignarle carácter ilegal lleva a que los cultivos de coca se ubiquen en lugares apartados, dominados por grupos armados ilegales, donde el Gobierno no tiene control del territorio, más que todo en zonas alejadas donde predomina el bosque húmedo tropical. El carácter ilegal tiene como efecto un alto precio para la hoja de coca. El campesino ha aprendido y adelanta en su “plante”, o lugar en el cual cultiva la coca, el primer paso de la cadena productiva, transformando la hoja en pasta base. En esta etapa de la cadena productiva, el producto ya tiene alto precio y reducido volumen. Por alejado que sea el lugar, el costo del transporte es ínfimo con relación al valor del producto transportado. Este insumo para producir cocaína es comprado por los intermediarios de los narcotraficantes, que una vez lo tienen acopiado lo transforman en cocaína en sus laboratorios para luego transportarla a los centros de consumo nacional e internacional.
En zonas de cultivo de coca, el costo de producir comida para el consumo local resulta demasiado alto, dado el alto costo de la mano de obra definido por la coca ilegal. Incluso para el campesino, resulta más económico traer los alimentos de afuera que producirlos localmente.
Los fracasos de este y de todos los gobiernos desde la década de los años 80 en el impulso de cultivos de sustitución a la coca se pueden entender mediante principios económicos básicos, que los campesinos entienden y bajo los cuales actúan. Llevamos más de 40 años repitiendo en esencia la misma fórmula y los fracasos sucesivos no han impedido que cada nuevo gobierno lo vuelva a intentar, aun previendo su fracaso y siempre obedeciendo a presiones externas.
Visto desde afuera, un observador desprevenido diría que todo es, como coloquialmente se dice, “pura mamadera de gallo” y que ni el Gobierno Nacional ni los extranjeros pretenden cambiar la realidad. Lamentablemente esta “mamadera de gallo” tiene un alto costo social y ecológico para el país. Somete a las normas del narcotráfico a grandes grupos de campesinos, financia la guerra por el dominio de los territorios productores de coca y dinamiza la destrucción de nuestro capital natural.
Acabo de recorrer parte del Guaviare y hace no mucho estuve en Caquetá y Meta, y los campesinos están deseosos de encontrar alternativas. Es tiempo de usar otra fórmula. Exijamos que el próximo gobierno se atreva a legalizar el cultivo de coca y buscar una opción que no repita el conocido error. En nuestro bosque húmedo tropical hay atractivos turísticos naturales de talla mundial que, combinados con el creciente valor de los servicios ecosistémicos del bosque en pie, nos ofrecen alternativas para integrarlo a la frontera productiva.
Seamos serios y valientes, empecemos por legalizar los cultivos, desfinanciar la guerra y construir la paz. Esto es más importante y valioso para Colombia que hacer caso a presiones e intereses extranjeros. Gestionemos un país donde todos podamos vivir con dignidad y en paz, no sometamos grandes grupos de población y espacios de nuestro territorio al dominio del narcotráfico y a una guerra que parece interminable.
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