La legitimidad de la Corte Suprema de Justicia

En la superficie parece sólido. Había corrupción en la Corte Suprema. Se favorecían ciertos procesos a cambio de dinero y dádivas. Ergo, la Corte Suprema es corrupta e ilegítima para juzgar al expresidente Uribe.

Pero cuando se mira el detalle afloran las contradicciones.

El Cartel de la Toga habría estado compuesto, según las investigaciones publicadas, por los expresidentes de la Corte Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, y el auxiliar Gustavo Malo. Sus principales beneficiarios habrían sido personas próximas al uribismo, como el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y la exsenadora Zulema Jattin; y los perjudicados, como el magistrado auxiliar Iván Velásquez, los «cocos» del uribismo.

Mientras estuvo en el despacho de Gustavo Malo la investigación a Álvaro Uribe por omisión en las masacres de La Granja y El Aro, el proceso no se movió.

La cadena lógica de los hechos parece contradecir la interpretación del uribismo. No es la corrupción la que anima las investigaciones contra Uribe, sino la lucha contra la corrupción en las cortes lo que permite que las investigaciones prosperen.

Hace unos días el abogado Jaime Granados, que en el pasado me ha enviado solicitudes de rectificación en las que me pide calumniar a terceros y faltar a la verdad (ver), ejecutó una estrategia para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y al magistrado Jorge Luís Barceló. Repartió en medios de comunicación una carta redactada por Juan Carlos Sierra, alias «El Tuso», narcotraficante que en el pasado ha hecho favores similares, por no decir idénticos, a la familia Uribe.

La última vez que los Uribe acudieron al «Tuso» Sierra fue durante el proceso de la parapolítica, cuando Mario Uribe era investigado por el magistrado auxiliar Iván Velásquez -una de las primeras víctimas del Cartel de la Toga-. El «Tuso» Sierra, en la cárcel, presionó al paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias «Tasmania», para que dijera que Iván Velásquez le estaba ofreciendo dádivas y dinero para testificar contra los Uribe. Luego se descubrió que quienes le ofrecieron dinero y dádivas fueron, precisamente, los interesados en que los Uribe salieran beneficiados con la carta de «Tasmania».

Cualquiera que analice en detalle, con información y no fanatismo, con profesionalismo y no proselitismo, la actual estrategia del uribismo para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, entenderá que el tiro les sale por la culata.

Al criticar al Cartel de la Toga, el uribismo se está denunciando a sí mismo. Al acudir al «Tuso» Sierra, están repitiendo un complot que ya fue descubierto como tal, poniéndose en burda evidencia. 

Pero hay un enorme grado de irreflexión en estos temas porque a mucha gente no le interesan los detalles del caso. Se dejan manipular con vaguedades e imprecisiones que confirmen sus supuestos ideológicos. Es normal que esto suceda con gente que no tiene tiempo ni ganas de enterarse. Es preocupante cuando pasa con periodistas.

En una democracia, por último, la división de poderes descansa sobre la posibilidad de que una rama vigile a las otras, que no haya nadie por encima de las instituciones. El papel de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, es juzgar a los senadores. Si asumimos que la Corte Suprema de Justicia es ilegítima, sin reconocer los avances que se han hecho en la lucha contra la corrupción en las altas cortes (un trabajo constante en un país como el nuestro, pero que ha dado resultados), pues nadie tendría la legitimidad para investigar al senador Álvaro Uribe.  Tampoco, en consecuencia, para investigar a ningún otro senador.

En esta visión de nuestras instituciones, todos los congresistas serían inimputables. A menudo la lógica del uribismo es pavorosamente obtusa.

Twitter: @santiagovillach