La fuerza de la sociedad

Ningún gobierno puede arreglar, aunque quiera, todos los problemas de la sociedad. Ante la complejidad de la vida contemporánea, y dentro de un régimen de libertades democráticas, ningún gobernante tiene, ni tendrá, el poder suficiente para controlarlo todo. Ciertamente existe una amplia gama de asuntos cuyo manejo por parte de los gobernantes conduce a que la vida en sociedad adquiera uno u otro tono. Así habrá mayor o menor grado de libertad, más o menos oportunidades de acción, escenarios abiertos o cerrados a la iniciativa privada, mayor o menor sentido del servicio público, tratamiento más o menos igual para todos, justicia de uno u otro grado de confiabilidad, y mejores o peores servicios. Pero la calidad y el contenido real de la vida de cada país, en ambiente de angustia o bienestar, depende, en buena medida, de la propia sociedad.

Subsiste entre nosotros una idea, heredada de pronto de la época colonial, que atribuye a los gobiernos poderes que jamás han tenido ni llegarán a tener.  De ellos se espera una capacidad infinita de resolver todo tipo de problemas, prever y evitar cualquier clase de tragedias, o reparar de manera súbita sus consecuencias. Por eso terminan siendo culpados, sin fórmula de juicio, de los efectos de desastres naturales, de las conductas violentas, de la ocurrencia de toda actividad delictiva, de las trampas y de las avivatadas que se puedan dar en cualquier vecindario del país. Muestra de ello es la reacción ante todos esos fenómenos, con el argumento supremo de que las cosas pasan o dejan de pasar por el abandono, el olvido, o la desidia del gobierno.

Naturalmente los gobiernos tienen unas obligaciones supremas que deben cumplir. Para ello deben obrar sin pausa ni respiro en ejercicio de las responsabilidades que les corresponden. Pero es preciso comprender que no todo depende de la acción o la inacción del Estado, y que a la sociedad le corresponde hacer una contribución importante al bien colectivo.  Para fortuna nuestra, la mejor prueba de que no todo depende de la acción, o la inacción, del Estado es la realidad de un país que ha sabido sobrevivir a las imperfecciones de su diseño institucional, a las deficiencias de la acción gubernamental, a los embates de la corrupción y a la apatía misma de las verdaderas mayorías nacionales ante el ejercicio de sus propias responsabilidades políticas.

Existe ya el principio de un caudal creciente de fuerza de la sociedad colombiana, que anima interesantes procesos de naturaleza económica, social y cultural, y que le ha permitido al país sobreponerse, a la hora de la verdad, a dificultades de índole muy diversa, sin que para ello haya sido necesaria la apelación a la burocracia o el recurso a la mano generosa de la ayuda oficial. Es como si comenzáramos a tener ya, en cierta medida, conciencia de la responsabilidad de gestionar nuestro propio destino. Como si empezáramos a entender las limitaciones de los gobiernos y tuviéramos cada vez más clara la necesidad de descifrar la vida política y actuar en ella con espíritu crítico y constructivo.

Aunque estemos todavía lejos de contar con unas instituciones que, en todas sus ramas, sean paradigma de idoneidad, tal vez por eso mismo sea necesario ejercer los derechos que nos asisten para reclamar de manera pacífica y constructiva las transformaciones requeridas para consolidar el verdadero Estado de derecho que merecemos tener. Pero no debemos olvidar las obligaciones que nos corresponden en la construcción de una mejor institucionalidad y, sobre todo, de una nueva realidad.

Desde el ejercicio de la vida cotidiana es posible hacer enormes contribuciones no solo al progreso económico sino al bien colectivo. La aclimatación de la paz, que es un logro todavía por consolidar, depende principalmente del conjunto de la sociedad colombiana. No hay acuerdo ni reforma posible que tenga vigencia si la sociedad no adopta la paz como principio de conducta, no solo con la intención sino con la actitud de alejar la violencia en el trámite de sus diferencias de todo tipo. Otro tanto debe suceder con la puesta en práctica del esquema Gobierno-oposición, característico de las democracias verdaderas, cuyas discusiones se deben tramitar dentro de un ánimo constructivo, alejado de las pendencias verbales y del espectáculo que pueden incitar a la violencia, o al menos a un estado de crispación innecesario.

Como ejemplo y referente más común, corresponde a la sociedad poner en práctica el propósito de salir al espacio público, escenario de encuentro cotidiano de todos los grupos sociales, con ánimo de paz. No hay razón para entender que las calles, plazas, parques, carreteras y avenidas sean un campo de batalla al que unos se presentan revestidos con la armadura de su vehículo; otros, montados en el cohete de su motocicleta o en su caballito de acero, y los demás, como en marcha de infantería, a dar una batalla, centímetro a centímetro, contra todos los demás.

Las leyes no son unos papeles y los semáforos en rojo no son simplemente una luz. El acatamiento de las reglas de vida en sociedad ha de traer el resultado de un clima de armonía, traducible a bienestar, así desde escritorios importantes se cometan actos de irrespeto a las instituciones y se les haga aparecer, sin pena, como triviales o vulnerables. Los primeros a quienes es necesario exigir ese respeto es a los elegidos y a los funcionarios, cuyos pasos es urgente vigilar.

También corresponde a la sociedad convertir en realidad los principios de igualdad y los propósitos de equidad en los que aparentemente se sustenta nuestro sistema democrático. Una de las causas nacionales, en las que deberíamos dar muestras de estar de acuerdo, tiene que ser la lucha contra la desigualdad, que se ha de manifestar en el trámite de las relaciones laborales y la apertura de oportunidades y espacios de emprendimiento, de manera que podamos ir más allá de una democracia política abstracta y llegar a una democracia económica real. Esto quiere decir que el ejercicio de la ciudadanía debe estar revestido del respeto profundo por los derechos y las oportunidades de los demás.

Resulta contradictorio que se espere tanto de cada nuevo gobierno, como si hubiésemos estado buscando obradores de milagros, sin que contribuyamos a que todo aquello que deseamos se convierta en realidad. De pronto es bueno recordar que no podemos depender solamente del ingenio, o del genio, de uno u otro gobernante, sino de la fuerza y el compromiso mismo de la sociedad. Nuestro destino depende esencialmente de nosotros mismos, como ciudadanos, y del ánimo y el espíritu positivo con el que estemos dispuestos a afrontar el futuro. Por eso deberíamos aprender a mirarnos en una perspectiva mucho más amplia que la de los períodos presidenciales.