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Llegar a final de mes es una odisea. El dinero no alcanza, los sueldos no se incrementan al mismo ritmo que lo hacen los precios y el clamor de unos y otros es que el gobierno argentino escuche a quienes les cuesta el día a día y son cada vez más pobres. Leandro Agustín Marascio trabaja en recursos humanos, ese es su principal empleo, pero le ha tocado recurrir a otros ocasionales, como de cliente misterioso o en marketing, en los cuales responde encuestas o testea productos, para reunir el dinero que necesita para vivir. Lo primero que hace con la plata que gana con todos esos esfuerzos es pagar el colegio de sus hijas, una de 3 años y otra de 13, y después salda la deuda de la tarjeta de crédito con la que compra la comida para su casa en Buenos Aires. Él sabe de personas que incluso han tenido que solicitar préstamos para pagar servicios y gastos.
Diego Nacasio, de 43 años, le relató algo parecido al medio Al Jazeera: desde el día 15 de cada mes tiene que buscar trabajos adicionales, vende cosas, usa la tarjeta de crédito y solicita préstamos para pagar lo básico. El ciclo se repite cuando le llega el cheque y a mitad de camino se le acaba: “Nunca había vivido algo así. Durante los últimos 25 años hemos trabajado duro, y nuestros trabajos nos han permitido construir una casa desde cero, comprar un coche y darle una vida digna a nuestro hijo de 17 años. Ahora tenemos mejores trabajos que entonces y aun así no podemos ni comprar comida para todo el mes”. La vida se ha reducido al estrés de sobrevivir, y eso es un sentir colectivo.
Si antes la inflación era una de las principales preocupaciones de los argentinos, ahora el empleo y el salario lo son más. No es que esa primera problemática se haya superado por completo, pero sí ha experimentado un cambio: al menos ya no es del 211,4 %, como ocurrió en 2023, sino que el año pasado cerró en 31,5 %, la menor tasa en los últimos ocho años. “Eso es lo macro”, mencionó el periodista y escritor Ignacio Montes de Oca: “Pero en lo micro hay una realidad que muestra que hay empresarios que no planean contratar nuevos empleados y las noticias de los cierres de fábricas importantes o centenarias, como la compañía de producción de neumáticos Fate, empiezan a consolidar la idea de que contener los aumentos de los precios no es suficiente”.
Entonces, las demandas tienen que ver con que el plan del presidente Javier Milei contemple la caída del consumo y haga algo al respecto, pero también con que el mandatario recomponga los salarios que han perdido capacidad de compra y que, además, empiece a trabajar sobre las necesidades inmediatas de la gente. Si los sectores de la minería, el petróleo, la agroindustria y las finanzas son los que, de momento, se han beneficiado más de la política de La libertad avanza, ahora hay una presión para atender con urgencia las condiciones extremas en las que muchos están: las familias con ingresos inferiores a ARS 1’360.299, el costo de la Canasta Básica Total para un grupo de cuatro personas (dos adultos y dos niños), están siendo consideradas pobres. Es decir, difícilmente un salario promedio permite suplir todos los bienes y servicios básicos.
Ante este panorama y la necesidad imperiosa de llenar esos vacíos, los argentinos han optado por recurrir a créditos. De hecho, casi la mitad de la población afirma usar ahorros, vender pertenencias o pedir préstamos a bancos o familiares para cubrir sus necesidades básicas, según un informe de Argentina Grande. La Fundación Pensar, por su parte, reveló que el 63 % de los argentinos han recortado actividades o servicios para llegar a finales de mes. Además, otros datos apuntan a que el uso del crédito para la compra de supermercados pasó del 39 % al 46 % en el último tiempo. El problema es que la morosidad en el pago de créditos personales al sistema bancario alcanzó en octubre de 2025 su nivel más alto en dos décadas: 7,8 %. Ni siquiera durante la pandemia del coronavirus, el final de la gestión macrista y la crisis financiera internacional de 2008 se vio una cifra así.
“La inflación es poca comparada con años anteriores, pero el dinero no alcanza”, confesó Marascio, quien también dijo que no siente respaldo del gobierno de Milei: “Él no cree en las políticas del Estado y lentamente está desarticulándolo con la idea de hacerlo más rentable y menos ineficiente”. Él es uno de los críticos de la reforma laboral, un proyecto que, si bien desde el oficialismo se ha argumentado que es la vía para dinamizar el mercado de trabajo asalariado formal, estancado desde hace más de 10 años en el país, en la práctica significa un beneficio para las empresas y un daño para los empleados: “No crea posibilidades concretas de nuevos empleos. Solo está dirigida a que los empresarios y dueños puedan tener menos costos y tengan el poder de despedir más fácilmente”.
María Marta Marchi tampoco ha sentido mucho respaldo de la Casa Rosada. Reconoció que el país necesita una reforma laboral, pero no una que acreciente la asimetría entre empleador y trabajador, sino una que deje de profundizar esa brecha y sí promueva la creación de empleo. A ella, que vive en Zárate, provincia de Buenos Aires, le preocupa la situación de los jubilados, pues conoce a varios de ellos que han tenido que recurrir a préstamos y ayudas externas, pues el Estado no les cubre todos los medicamentos para enfermedades crónicas. Si bien esto no es un problema exclusivo de Milei, es un asunto que se ha acentuado en el último tiempo.
En su caso, en el que tanto ella como su esposo tienen trabajo y no están en una situación tan crítica como otros, ha tomado medidas como dejar de comprar carne y asado, que se convirtió en un gasto de lujo, y abandonar suscripciones a plataformas para ver series y películas. “No estamos pasando necesidades extremas, pero sí nos vimos obligados a reducir gastos y se ha reducido exponencialmente nuestra capacidad de ahorro”, mencionó esta abogada: “Mi marido, por ejemplo, trabaja en una industria alimenticia, donde la mayor producción es de cerveza. Las ventas bajaron por la recesión económica y dejó de recibir bonificaciones desde hace un año. La apertura de las importaciones, una política de este gobierno, llevó a más competencia en el mercado”. El Estado debería estar más presente, a su criterio, en la salud, sobre todo en la salud pública. Y sí, la inflación disminuyó, pero cada vez que va al supermercado se da cuenta de que los sueldos no suben al mismo compás de los precios.
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