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El presidente electo y sus funcionarios están comprometidos con la ciudadanía a ejecutar el mejor gobierno que garantice que la angustia y el desasosiego de la primera y segunda vueltas presidenciales no se vuelvan a repetir en 2022.
Un buen gobierno responde a las necesidades sentidas de la población y la primera es la salud, porque está consustancialmente ligada al derecho fundamental del ser humano: la vida.
El programa de gobierno para la salud debe trascender esta realidad ética y moral, por encima de los intereses de los sectores económicos, para los que el ser humano es secundario.
Por consiguiente, se impone establecer la memoria histórica de la Ley 100, para comprender por qué, y en qué momento, los ciudadanos afectados en su salud fueron convertidos en objeto de negocio para las aseguradoras intermediarias, con menosprecio de su dignidad humana, ante la complicidad e indiferencia del Estado.
Este acopio de información se puede documentar con los hechos más recientes, sobre los que el nuevo gobierno tiene pleno conocimiento, como que fueron objeto de la comisión de empalme:
1. Incremento de las tutelas por la vulneración sistemática al derecho fundamental a la salud, que implica la existencia de usuarios que son víctimas de las EPS, responsables de la negación de los servicios a los que los primeros tienen derecho, contenidos en el Plan de Beneficios, es decir, que están reconocidos y pagados previamente con las unidades de pago por capitación que éstas reciben mensualmente y que corresponden al 69,70 % de las solicitudes de los servicios de salud. Estas acciones de tutela aumentaron 36,28 % en los dos últimos años: cada 43 segundos se interpone el recurso tutelar (Defensoría del Pueblo, 2016).
2. Medimás. “Refleja las dolencias mayores del sistema de salud”, (Germán Manga, revista Semana), por provenir de Saludcoop y Cafesalud, que fue apalancada con dinero del Estado, en cuantía de $200.000 millones. Esta EPS, a diferencia de sus pares, inauguró un modelo de integración vertical en sentido contrario: sus dueños, Prestasalud, eran inicialmente prestadores acreedores de las matrices Saludcoop y Cafesalud y luego se convirtieron en aseguradores. Esta maniobra requirió de nuevos decretos del gobierno saliente. Así se explica que hayan destinado 41 % de los recursos para pagos a su propia red.
3. Ley Estatutaria de Salud. Ha sido otro “canto a la bandera” del gobierno que termina, y sólo ha servido para vanagloria en escenarios internacionales, que probablemente redunde en algún beneficio personal. Si esta ley se hubiera reglamentado adecuadamente, en el marco del goce efectivo al derecho a la salud, el negocio de la misma habría desaparecido, porque no puede haber usufructo económico con un derecho fundamental de la dignidad humana.
4. Cierre de la red pública hospitalaria porque no satisface los criterios de usura de los negocios del capital privado.
5. Deuda a la totalidad de la red hospitalaria, que asciende a $8,5 billones, a cargo de las EPS, que han instrumentado desde sus orígenes la desviación de los recursos públicos de la salud.
El nuevo gobierno sabe que los problemas del sistema de salud son estructurales y que “acabar con las malas EPS” no los va a solucionar. En consecuencia planteará, con independencia y autonomía, un modelo inspirado y legalizado en este derecho ciudadano.
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