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El senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, permanece preso por orden de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado jueves 14 de diciembre, por, supuestamente, haber participado en un entramado de corrupción en contratación desde el Congreso. Este diario conoció la investigación que ha adelantado la Sala de Instrucción del alto tribunal en contra del senador uribista dentro de lo que parece ser un entramado de corrupción en contratación estatal, similar al que llevó también a prisión al fallecido Mario Castaño.
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Dentro de los documentos de la Corte, resalta que el senador Ramírez, tal como lo hizo el difunto Castaño, hicieron grandes contratos entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta. Igualmente, el alto tribunal deja claro que el acuerdo por el que hoy Ramírez está tras las rejas es el 670 de 2021, suscrito entre el DPS y Proyecta durante la semana del 8 al 12 de noviembre de ese año, por un valor total de $48.660′119.107. Sin embargo, de ese convenio se desprendieron otros por los cuales, según el alto tribunal, el senador del Centro Democrático habría pedido coimas del 10%.
Según los documentos de la Corte conocidos por este diario, después de firmado ese convenio, el 20 de diciembre de ese mismo año el senador Ciro Ramírez se reunió con Pablo César Herrera Correa, entonces director de Proyecta, y Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS. En aquel encuentro, al parecer, los tres acordaron cómo direccionarían “por medio de invitaciones privadas”, al menos 13 de los contratos incluidos en acuerdo 670.
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Por ejemplo, dentro de lo recopilado por la Corte Suprema se señala que “contratos de interventoría y obra conocidos como Saldaña y Quindío varios le habrían correspondido al grupo coordinado por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez —exalcalde de Piedecuesta (Santander)—, quien designó, a su vez, a los contratistas de esas obras”. Igualmente, la Sala de Instrucción encontró que la red en la que habría participado el senador Ramírez habría direccionado los contratos de ejecuciones de obras de “Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, al igual que las interventorías de Mariquita, Melgar, Purificación, Villarrica y la conocida como Tolima Varios, habrían sido direccionados para favorecer a empresas” representadas por el contratista Anderson González González.
Dentro de las finalidades que al parecer habría tenido el direccionamiento de los contratos, entre sus pruebas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema encontró que era afianzar el proyecto político de Ciro Ramírez “en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $1.000′000.000″. Esto, según el documento del alto tribunal, habría sido planeado entre el senador del Centro Democrático y Pierre Eugenio García Jacquier.
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En una de las inspecciones hechas a Proyecta se recopilaron las copias de los contratos celebrados en el marco del 670 de 2021, junto con los respectivos informes de rendición de cuentas al DPS. El alto tribunal resalta que dentro del material encontrado, lo más relevante para el caso del senador uribista son “los contratos 4 de obra y 16 de consultoría de Saldaña, Tolima, 12 de obra y 17 de consultoría de Quindío Varios; el contrato de consultoría 22 de Tolima Varios; el contrato de consultoría de Villarrica, Tolima; contrato de obra 13 y 39 de consultoría en Purificación, Tolima; el contrato de obra 11 y el de interventoría en Mariquita, Tolima; y, por último, el contrato 24 de consultoría en Melgar”, de los cuales también habría sacado una tajada.
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