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EL COHECHO Y LA VENALIDAD EN Colombia —no obstante la plétora de instituciones administrativas y judiciales cuyo objetivo es identificar y castigar la corrupción— son cada día más omnipresentes.
Demasiadas de estas mismas instituciones (contralorías, personerías, fiscalías, defensorías y demás “ías”), en vez de estrangular, lo que muchas veces hacen (aunque no siempre de manera consciente o intencional) es cohonestar con las incubadoras de corrupción. Al no ser parte de la solución, el Estado lastimosamente en Colombia se ha convertido en parte integral del problema.
Uno de los ejemplos de incubadoras de corrupción es cuando la falta de trasparencia se une a la discrecionalidad. El caso más representativo de este fenómeno son los policías de tránsito, que tienen la potestad de aplicar multas a su buen criterio. Para controlar la velocidad, la policía de tránsito en Colombia se limita a utilizar pistolas de radar, una tecnología obsoleta cuya discrecionalidad se presta a la negociación del agente con el infractor. Con cámaras digitales situadas estratégicamente, se registran automáticamente los infractores de los límites de velocidad y los violadores de semáforos: la multa llega inexorablemente a casa y desaparece la posibilidad de soborno. El Estado, por inexplicables razones, no ha sido capaz (¿o no le interesa?) de eliminar esta incubadora de corrupción que es la discrecionalidad de los agentes de tránsito.
Cuando para acceder a un cargo público se requiere invertir cuantiosos recursos económicos, como puede ser la compra de votos, se da una segunda incubadora. Como es de impecable lógica, el funcionario elegido se ve en la necesidad de abusar del cargo para devolver a los inversionistas el dinero que fue invertido en la elección. En buena parte del país, pero muy especialmente en la Costa Atlántica, existen grupos de individuos con recursos ilimitados para financiar todo tipo de candidatos. Estas “financieras”, cuya sofisticación y tentáculos son inverosímiles, mantienen estrechos vínculos con firmas que terminan, por instrucciones precisas de las “financieras”, siendo las adjudicatarias de los contratos una vez el candidato asume el cargo. Es indispensable una gran reforma electoral que, entre otras, elimine el voto preferente y la circunscripción nacional. La ley vigente obliga a todo candidato a endeudarse de tal forma que es poco probable que no se vean forzados a esquilmar el erario para repagar los créditos.
Cuando la ley mantiene monopolios arcaicos, estrangulando de paso toda competencia, se da una tercera incubadora. El ejemplo más representativo de estas incubadoras son los monopolios departamentales de los juegos de azar, en donde se siguen adjudicando a dedo los beneficiados. Como es de esperarse, personajes siniestros como La Gata y sus familiares terminan, con pasmosa facilidad, moviendo los hilos del poder y quedándose —ante la bovina mirada de las autoridades centrales, ya que todo es legal— con el monopolio del chance en la Región Caribe. El Estado, en vez de limitarse a recaudar los impuestos, lo que termina es blindando a los corruptos de toda competencia.
Los anteriores son sólo tres ejemplos en que el Estado puede, con soluciones muchas veces sencillas, estrangular la corrupción en su origen. Dicho de otra forma, ser proactivo y no reactivo. Lo que no se divisa es la voluntad de hacerlo.
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Apostilla: Uribe uno, Tadeo Lozano cero. Si el Rector y la Decana de Ciencia Política de la Tadeo no son capaces de manejar los foros con altura y ecuanimidad, lo mejor es que renuncien.
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