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Más de 15 millones de chilenos fueron convocados a las urnas para decidir sobre el futuro de la carta magna. Cerca de 3.000 puestos de votación abrieron desde las horas de la mañana del domingo para definir el futuro del texto, que, según la derecha, “recogía” las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad y la migración, además de que ponía fin a años de incertidumbre institucional, tras el estallido social de 2019. Para los sectores de izquierda, en cambio, era una propuesta que podía culminar en el “retroceso” de algunos derechos sociales. Hace tres años los chilenos mostraron la voluntad de dejar atrás la carta magna que rige desde la era de Augusto Pinochet, pero hace un año rechazaron un primer intento de reforma y hoy votaron de nuevo por la opción en contra, con el 55,45 % de votos para el no, según el reporte del Servicio Electoral (Servel), de acuerdo con el informe conocido al cierre de esta edición.
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El plebiscito se extendió por todo el territorio chileno, hasta la Antártida, y se recibieron votos en el exterior de varios extremos del globo: Nicaragua, México, Estados Unidos, pero también desde Italia, España, Tailandia, China y Corea del Sur, entre otros. “Democracia, siempre. Listo con mi voto en mi Punta Arenas querido. Ahora, de vuelta a Santiago”, escribió en X, antes Twitter, el presidente Gabriel Boric, quien añadió que, “más allá de cualquier resultado, esta votación fortalece nuestra democracia (…). Independiente del resultado, el Gobierno va a seguir trabajando en las prioridades de la gente”.
A la luz de este Gobierno, que llegó después de la pandemia y del estallido social, Simón Rubiños Cea, asesor e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, considera que una parte de los argumentos que llevaron a Boric a la Casa de la Moneda tuvieron que ver, precisamente, con ser el candidato del “apruebo” del proceso anterior, rechazado por el 62 % de los electores el año pasado, por lo que el voto en contra fue un duro golpe a la capacidad de maniobra de su administración: “Este proceso es distinto, monopolizado por la derecha, que jamás tuvo que llegar a consensos con el oficialismo. En este sentido, la apuesta del Gobierno no estuvo en su aprobación, hecho que pudo terminar por minar toda capacidad de transformación de aquí al término de su mandato, sino en su rechazo, evitando que la Constitución haga parte de su legado y se vea obligado a ceñir su agenda a implementar un texto ajeno”.
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A su parecer, “pase lo que pase, no va a colapsar el país. Con el triunfo de el en contra, los ánimos no dan para impulsar un nuevo proceso. Lo dijeron el Gobierno y los partidos: el tema constitucional quedará en stand by, al menos hasta la siguiente administración. Lo que siga, deberá contar con un acuerdo político de entendimiento, que permita disminuir la polarización y una mejor relación entre el oficialismo y la oposición”. De hecho, en las declaraciones que Boric hizo apenas se conocieron los resultados, lo reiteró: “Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras”.
Ahora bien, el analista reconoce que todo el proceso ha sido desgastante. “Esto deja, al menos, tres lecciones: la política es con la gente, no en términos de participación, sino en trabajar por resolver las necesidades sociales. Además, el ejercicio político requiere consensos y legitimidad social, más allá de los resultados electorales. Tercero, los partidos deben dejar de manipular la opinión pública a base de desinformación, pues las noticias falsas llevan a la polarización y a la ruptura del tejido social. No todo vale”. Esto, según él, no solo aplica para el futuro próximo de Chile, sino también para el resto de Latinoamérica.
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