¿Quiénes son los generales chavistas investigados por la fiscal Ortega?

Contra ambos militares pesan señalamientos por supuestos excesos al reprimir la oleada de protestas que azota a Venezuela desde el pasado 1 de abril. A la fecha, los desmanes han dejado 82 personas muertas de las cuales, según la Fiscalía 23 habrían muerto a manos de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

(Le puede intersar: Lo que la fiscal sabe del chavismo… y podría revelar)

No es la primera vez que ambos militares son acusados de haber cometido excesos al reprimir manifestaciones populares. En 2014, el gobierno estadounidense suspendió el visado y congeló los bienes tanto de González como de Benavides después de acusarlos de violar los derechos humanos de varios participantes en las protestas callejeras que tuvieron lugar a comienzos de ese año en y que dejaron un saldo de 45 muertos.

 Gustavo González López salió de la Academia Militaren 1982 y desde ese momento ocupó varios cargos públicos. En 2006, asumió la presidencia de la empresa de Metro de Caracas donde inauguró el primer sistema de Cable de la ciudad. Después de ocupar varios puestos relacionados con la inteligencia militar de su país, su aparición en la lista publicada por el gobierno estadounidense González ocupó el cargo de director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)

Por su parte, Benavides ocupó varios cargos militares antes de que el presidente Nicolás Maduro lo convirtiera en comandante de la Guardia Nacional Bolivariana desde julio del año pasado.

Además de los desmanes por los que fue acusado por EE.UU., en 2009 estuvo al frente de los militares que dispersaron con bombas lacrimógenas que dejaron varios heridos en una manifestación contra la nueva ley de educación. Mientras la oposición pedía que fuera denunciado por organismos internacionales, el entonces presidente Hugo Chávez le concedió la Orden del Libertador en segunda clase.

Aunque la Fiscalía General de Venezuela los acusa de realizar allanamientos arbitrarios, arrestos ilegítimos y de haber hecho un “uso excesivo de la fuerza en el empleo de armas de fuego no autorizadas, tratos crueles y torturas”, es poco probable que la media trascienda.

(Lea también:Tres claves para entender la ofensiva de la fiscal en Venezuela)

El Ministerio Público adelanta 450 investigaciones por violaciones de derechos humanos durante la oleada de protestas de este año, sin embargo, el alcance de esas investigaciones es incierto después de que el Tribunal Supremo de Justicia le quitara competencias a la Fiscalía para concedérselas a la Defensoría del Pueblo a cargo de Tarek William Saab.

Sobre la sentencia que le quitaba funciones Ortega, que durante años estuvo a favor del oficialismo, dijo: “alguien quiere investigaciones penales a su medida… Ahora, por supuesto, la represión irá en aumento. ¿Esta sentencia será acaso para justificar la violación de los derechos humanos?”