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Arrancó la hora cero de la consulta popular en el Capitolio, y lo hizo con un giro inesperado: oficialismo y oposición, por motivos distintos, decidieron pisar el acelerador para emitir un concepto sobre la viabilidad de la iniciativa en las próximas tres semanas. Pese a que el ministro del Interior, Armando Benedetti, había advertido que habría un plan tortuga del Congreso frente al proyecto que radicó el presidente Gustavo Petro el pasado 1 de mayo, este lunes la cabeza del Legislativo, Efraín Cepeda, dejó claro que su hoja de ruta apunta en la dirección contraria.
Aunque la ley le da al Senado 30 días para tomar una decisión (20 días otorgados y 10 de prórroga), Cepeda, senador del Partido Conservador, busca que los legisladores decidan antes de llegar a ese plazo extra. En los pasillos del Capitolio se comenta que la estrategia es moverse rápido, ahora que los votos aún están indecisos y el tema sigue apretado en una corporación en la que “el gobierno del cambio” nunca ha tenido las mayorías.
Y aunque la intención parecería ser cerrarle el margen de maniobra al ministro del Interior para que “haga magia” y logre inclinar la balanza a favor del Ejecutivo, el Gobierno también juega con la certeza de que ya tiene los votos. En diálogo con El Espectador, Benedetti se mostró “optimista” porque, según dijo, no “concibo que alguien que se ha elegido popularmente le diga al pueblo que no puede votar”, y porque “no es viable decirle al pueblo que no se pronuncie sobre unos derechos laborales”.
Este martes se anunciará en la plenaria la discusión de la consulta, con el objetivo de que el debate arranque formalmente desde el miércoles. Si bien la intención inicial de la mesa directiva es que se dé una discusión abierta y a voto limpio, también está sobre la mesa la posibilidad de que algún senador proponga crear una comisión accidental que revise el tema antes de llevarlo nuevamente a plenaria.
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Sin embargo, en paralelo también avanzan otros dos frentes: la minirreforma laboral propuesta por el Partido Liberal —que también cuenta con el apoyo del Gobierno, que radicó un mensaje de urgencia— se debatirá en la Comisión Séptima, y la apelación al archivo de la reforma del Ejecutivo será abordada en una nueva cita de la comisión accidental, programada para las 11:30 de la mañana. Los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico), que integran esa célula junto con otros presidentes de las comisiones del Senado, ya radicaron un documento en el que respaldan la apelación argumentando que no hubo suficiente debate antes de que se negara el proyecto.
Todo esto ocurre en medio de uno de los momentos más tensos entre el gobierno de Petro y el Congreso. Este lunes, Cepeda publicó una carta abierta en la que pidió a sus colegas que sus votos no se vean influenciados por las “presiones” del Ejecutivo, al que acusó de estar llevando a cabo una “embestida sin precedentes contra los pilares del Estado”. En una misiva de una página, llamó a los senadores que pronto deberán decidir sobre la consulta en plenaria a no “dejarse amedrentar” y a votar “según su conciencia”.
Y es que en el Capitolio, el discurso del 1 de mayo, con sus expresiones y símbolos, fue interpretado por varios legisladores como una amenaza de revocar el Congreso si no se aprobaba la iniciativa de consulta. Benedetti respondió repitiendo que el presidente solo intentó transmitir que quienes no apoyen la propuesta no serían reelegidos en 2026. Fuentes del Senado también aseguran que parte de la decisión de no frenar la consulta es evitar que se lea como una represalia del Congreso ante las palabras del jefe de Estado.
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En cualquier caso, el tema se definirá por mayoría simple: la mitad más uno de los votos de los senadores presentes en la sesión, siempre y cuando se supere el quórum decisorio. Por eso, cada voto cuenta —y cada ausencia también. Por ejemplo, los 15 senadores conservadores serán decisivos. Por el lado de la oposición, tanto el Centro Democrático como Cambio Radical ya anunciaron su voto negativo, lo que suma 23 curules: 12 uribistas y 11 del partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Mientras tanto, el Gobierno asegura tener una base fija de al menos 25 votos: los de la bancada del Pacto Histórico, más los cinco de Comunes. A esa cifra se sumarían respaldos sueltos en otras bancadas, como los de los senadores León Fredy Muñoz e Inti Asprilla (Alianza Verde), quienes incluso acompañaron a Petro en la tarima el Día del Trabajo, y el del senador Antonio José Correa, de La U. De hecho, voces cercanas a la Casa de Nariño afirman que también cuentan con al menos la mitad de los votos del Partido Liberal (que tiene 14 curules en total) y del Partido de la U (10 curules).
Al Gobierno también le conviene que el proceso avance rápido. Una vez aprobado el concepto en el Senado, Petro tendría tres meses para convocar oficialmente la consulta —con la que no solo busca oxigenar sus reformas, sino también medir el pulso de cara a las elecciones de 2026—, lo que fijaría el plazo máximo hacia el 1 de septiembre. Además, con esa luz verde, podrían arrancar formalmente las campañas de los comités por el “sí”, ahora con financiación estatal.
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En todo caso, las encuestas recientes, como las de Datexco y Cifras y Conceptos, reflejan una imagen de favorabilidad del 45 % para el presidente, mientras que la consulta popular propuesta por su gobierno cuenta con un respaldo mayoritario del 57 %. Si el Senado aprueba finalmente la solicitud en los próximos 30 días, el proceso, que tendría un costo estimado de 700.000 millones de pesos, según la Registraduría, podría llevarse a las urnas en los primeros días de septiembre. El Gobierno se muestra confiado en que logrará movilizar a más de 13,6 millones de votantes, lo necesario para que sea válida. Incluso, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha hablado de lograr 15 millones de votos.
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