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En 2018, los funcionarios de seguridad israelíes lograron un golpe de inteligencia muy importante: documentos secretos que esbozaban, con lujo de detalle, lo que constituía un fondo de capital privado que Hamás usaba para financiar sus operaciones.
Los libros de contabilidad, robados de la computadora de un alto funcionario de Hamás, enlistaban activos valuados en cientos de millones de dólares. Hamás controlaba empresas de minería, cría de pollos y construcción de carreteras en Sudán; dos rascacielos en Emiratos Árabes Unidos; una promotora inmobiliaria en Argelia; y una firma inmobiliaria que cotiza en la bolsa de Turquía.
Los documentos, que revisó The New York Times, representaban una posible ruta para bloquear los fondos y los planes de Hamás. Los agentes que obtuvieron los expedientes los compartieron con su propio gobierno y con Washington.
No ocurrió nada.
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Durante años, ninguna de las empresas nombradas en los libros de contabilidad enfrentó sanciones por parte de Estados Unidos ni de Israel. Nadie denunció públicamente a las empresas ni presionó a Turquía, el núcleo de la red financiera, para que la frenara.
El Times revisó documentos de inteligencia y expedientes corporativos que se habían mantenido en secreto hasta ahora y entrevistó a decenas de funcionarios actuales de Estados Unidos, Israel, Turquía y la red financiera de Hamás. La investigación arrojó que los altos funcionarios israelíes y estadounidenses no dieron prioridad a información financiera —la cual tenían en la mano— que demostraba que decenas de millones de dólares fluían de esas empresas a Hamás en el momento exacto en que compraba armas nuevas y preparaba un ataque.
Ese dinero, según afirman ahora los funcionarios estadounidenses e israelíes, ayudó a Hamás a reforzar su infraestructura militar y ayudó a preparar el terreno para los ataques del 7 de octubre.
“Todos hablan de los fracasos de inteligencia que dieron lugar al 7 de octubre, pero nadie habla del fracaso para frenar el dinero”, indicó Udi Levy, exdirector de la división de guerra económica del Mosad, el servicio de inteligencia exterior de Israel. “El dinero —el dinero— es lo que permitió esto”.
Incluso después de que el Departamento del Tesoro finalmente impuso sanciones contra la red en 2022, los registros muestran que figuras vinculadas a Hamás lograron obtener millones de dólares al vender acciones en una empresa registrada en una “lista negra”. Ahora, el Departamento del Tesoro teme que ese dinero le permita a Hamás seguir financiando su guerra contra Israel y recuperarse una vez que termine.
Los dirigentes israelíes creían que Hamás estaba más interesado en gobernar que en luchar. Para cuando los agentes descubrieron los libros de contabilidad en 2018, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya estaba motivando al gobierno de Catar para que entregara millones dólares a la Franja de Gaza. Apostó a que el dinero les compraría estabilidad y paz.
Levy recordó haberle informado personalmente a Netanyahu en 2015 sobre las primeras labores de monitoreo de la cartera de Hamás. “Les puedo decir sin lugar a dudas que hablé con él sobre esto”, afirmó Levy. “Pero a él no le importó mucho”.
El jefe del Mosad durante el mandato de Netanyahu desmanteló el equipo especial de Levy, llamado Task Force Harpoon, que se enfocaba en interrumpir el flujo de dinero hacia grupos como Hamás.
Los exagentes del equipo especial se sintieron tan frustrados con la inacción que subieron algunos documentos a Facebook, con la esperanza de que algunas empresas e inversionistas los hallaran y dejaran de hacer negocios con compañías ligadas a Hamás.
En los años transcurridos tras el descubrimiento de 2018, la red financiera de Hamás se ha enterrado aún más en el sistema económico ordinario, según muestran los registros.
2015: Task Force Harpoon
Los funcionarios de seguridad e inteligencia de Israel pasaron años trabajando desde un complejo seguro en las afueras de Tel Aviv, Israel, a fin de monitorear el dinero de Hamás. Para 2015, ubicaron la que denominaron la “cartera de inversión secreta” de Hamás.
Las organizaciones terroristas suelen usar empresas ficticias para lavar dinero. Pero en este caso, los agentes israelíes vieron algo distinto y más ambicioso: una red multinacional de negocios reales que producían ganancias reales.
En papel, las compañías no parecían estar relacionadas, pero una y otra vez, los israelíes afirmaron haber identificado a las mismas figuras vinculadas a Hamás como accionistas, ejecutivos y miembros de consejos administrativos.
Había personas como Hisham Qafisheh, un jordano de barba blanca que estudió en Arabia Saudita y tenía un don para encontrar apoyo político. Una de sus empresas ganó un contrato de 500 millones de dólares para construir carreteras en Sudán.
Luego estaba Amer Al-Shawa, un hombre turco de ascendencia palestina que estudió ingeniería eléctrica en Ohio y hace poco se sometió a un interrogatorio de cinco meses en una cárcel emiratí bajo sospecha de financiar las operaciones de Hamás.
En la cima de todo estaba Ahmed Odeh, un empresario jordano con años de experiencia en Arabia Saudita. Los agentes israelíes descubrieron que el Consejo de la Shura de Hamás le había dado a Odeh capital semilla para armar y gestionar una cartera de empresas.
Hamás, el organismo rector de facto en Gaza, dependía sobre todo de Irán para financiar su brazo militar, pero también quería su propia fuente de financiamiento.
En aquel entonces, los servicios de seguridad israelíes contaban con un equipo de investigación sobre terrorismo y financiamiento llamado Task Force Harpoon. Este reunió a personas de todas las áreas de operación antiterrorista —espías, soldados, policías, oficiales, contadores, abogados— bajo la misma misión y les dio una línea directa de comunicación con el primer ministro.
Harpoon obtuvo información para reguladores financieros, agencias del orden público, políticos y aliados en Washington, lo cual permitió a Israel imponer sanciones financieras contra Irán y su organización representante, Hezbolá.
En ese entonces, el consenso entre los funcionarios israelíes era que Irán era la amenaza más grande. Tenía ambiciones nucleares y suministraba armas a las milicias tanto de Hamás como de Hezbolá en el Líbano. Así que, la mayoría de la atención del equipo especial se enfocó ahí.
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2016: Clausura
En 2014, una guerra entre Israel y Hamás dejó las fortificaciones de este último en ruinas y agotó su arsenal. Sin embargo, Hamás logró recuperarse.
Para 2016, el gobierno de Netanyahu ya había empezado a promover una estrategia para contener a Hamás al permitir que los cataríes enviaran dinero a Gaza. Netanyahu declaró que el dinero era para asistencia humanitaria. En privado, dijo a otros que estabilizar a Hamás le quitaría a él la presión de negociar un camino hacia un Estado palestino.
Ese mismo año, el nuevo director del Mosad, Yossi Cohen, desmanteló el equipo Harpoon como parte de la reorganización de la agencia.
Un grupo operativo nuevo, conformado por agentes y especialistas de inteligencia de otras agencias, continuó con el monitoreo del dinero, pero sin la estructura organizativa ni el acceso directo a los formuladores de políticas de más alto nivel. Al poco tiempo, este nuevo grupo hizo otro descubrimiento alarmante.
Hasta ese momento, había estimado que Hamás estaba tomando de 10 a 15 millones de dólares al año de las ganancias de sus empresas.
Luego, descubrieron que Hamás había vendido algunos de los activos de la cartera secreta, con lo que recaudó más de 75 millones de dólares. Ese dinero se envió a Gaza, donde se usó para reconstruir la infraestructura militar de Hamás.
Ahora, las autoridades israelíes concluyen que esta entrada de dinero no solo ayudó a Hamás a prepararse para los ataques del 7 de octubre, sino que también les dio a sus líderes la confianza de que tendrían el dinero suficiente para recuperarse después.
2018: La gran oportunidad
Aún no están claros los medios exactos por los que la inteligencia israelí obtuvo los libros de contabilidad, pero en 2018, el equipo consiguió las pruebas que tanto buscaba.
Los documentos contables fueron redactados por Mahmoud Ghazal, un hombre a quien los israelíes habían identificado como el contador para la cartera de Hamás.
Los libros de contabilidad abarcaban de 2012 a 2018 y contenían entradas y valuaciones para empresas que los agentes habían estado monitoreando en Arabia Saudita, Sudán, Turquía y otras naciones. Los registros también contenían nombres familiares, como los de Qafisheh y Al-Shawa.
Los documentos eran pruebas contundentes de algo que los israelíes sospechaban desde hace mucho: pese a lo que dijeran los registros públicos, Hamás tenía el control.
Los agentes de inteligencia de Arabia Saudita pronto reafirmaron este descubrimiento. A mediados de 2018, los sauditas arrestaron a Ghazal y a otros dos hombres que, según señalaban los expedientes corporativos, tenían puestos en 18 empresas de la cartera.
Durante el interrogatorio, Ghazal confesó que la cartera existía para transferir dinero a Hamás. También admitió que Odeh decidía a dónde se destinaba el dinero, justo como sospechaban los israelíes.
Los otros dos hombres les dijeron a sus interrogadores que eran accionistas solo de nombre. Sus acciones en realidad eran propiedad de Qafisheh. Según uno de los hombres, Qafisheh era una entidad operativa de Hamás.
Los sauditas compartieron los materiales con Washington, a sabiendas de que el gobierno estadounidense los compartiría con su aliado cercano, Israel. La monarquía saudita no tolera en absoluto a Hamás y tenía la esperanza de que Estados Unidos incluiría a las empresas en una “lista negra”.
A principios de 2019, el equipo especial israelí compartió los libros de contabilidad y la información recabada con funcionarios estadounidenses, esperando motivar sanciones financieras.
Pero luego no pasó nada.
El gobierno de Trump no tomó ninguna medida, e Israel, que estaba mucho más enfocado en conseguir que los estadounidenses sancionaran a Irán, no ejerció presión alguna para que se impusieran límites más urgentes.
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2019-ahora: Turquía
Aunque la cartera de inversiones incluía varios países, Turquía era crucial.
Bajo el mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan, Turquía no ha tipificado a Hamás como una organización criminal ni ha trazado restricciones claras para sus actividades en el país.
En 2019, Odeh estaba en Turquía, al igual que Qafisheh. En 2015, tras ser liberado de prisión en Emiratos Árabes Unidos, Al-Shawa regresó a Turquía.
Erdogan promovió con vehemencia la industria de la construcción en la nación, una buena noticia para la empresa principal de la cartera de Hamás: una promotora inmobiliaria de nombre Trend GYO.
Trend aprovechó el auge de la construcción impulsado por Erdogan. Trajo a un inversionista, Hamid Al Ahmar, con conexiones al presidente, y se reinventó como un fondo de inversión inmobiliaria, lo cual le daba ventajas fiscales en Turquía, y empezó a cotizar en bolsa.
El director general de Trend, Al-Shawa, declaró que no tenía ninguna facultad real en la empresa, ya que el consejo administrativo tomaba todas las decisiones. También negó tener vínculos con Hamás, pero comentó que sospechaba que otros miembros de Trend sí los tenían.
Odeh y Al Ahmar se rehusaron a comentar por medio de intermediarios. Trend se negó a pasar peticiones de comentarios a Qafisheh, y un portavoz dijo que ni él ni Al Ahmar estaban involucrados con la empresa. A través de su oficina de medios en el Líbano, Hamás rechazó hacer comentarios.
Los inversionistas extranjeros acudieron en bandada. En 2019, mientras Washington tenía en su poder los libros de contabilidad sin hacer nada al respecto, bancos estadounidenses y europeos poseían más del tres por ciento de las acciones que la empresa cotizaba en bolsa, en nombre de sus clientes.
Mientras perdía fuerza la propuesta de imponer sanciones, Hamás designó a un nuevo director de inversiones, Musa Dudin. A diferencia de sus predecesores, él era un conocido operador militar de Hamás.
Dudin también se mudó a Turquía y se rehusó a ofrecer comentarios mediante un intermediario.
Mientras tanto, los propietarios vinculados a Hamás empezaron a retirar su dinero. En 2019, Qafisheh vendió más de 500.000 dólares en acciones. En 2020, Al Ahmar vendió acciones con un valor de 1,6 millones de dólares.
Los dueños de la empresa también ganaban dinero por otros medios. Al-Shawa relató que el consejo administrativo lo obligó a otorgar contratos de Trend a una constructora, Qafisheh, propiedad de otros dos accionistas de Trend, la cual le pagó a esa empresa más de 7,5 millones de dólares de 2018 a 2022.
En una declaración escrita, Trend comunicó que le pagó a la firma constructora, “de conformidad con las prácticas comerciales y normas jurídicas” y que ya no tiene ninguna relación con la empresa.
Los agentes israelíes comprendieron que se les daría prioridad a las sanciones contra Irán por encima de Hamás, pero los retrasos los frustraban cada vez más. Con la paciencia agotada, exmiembros de Task Force Harpoon dieron un paso desesperado. En junio de 2021, subieron algunos de los expedientes financieros de Hamás a Facebook.
El objetivo era crear un rastro de migajas en línea que pudieran seguir periodistas, investigadores financieros y otros. La publicación de Facebook generó escasa cobertura mediática.
Finalmente, en mayo de 2022, el Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras contra la que llamó una expansiva red de financiamiento de Hamás. Odeh y Qafisheh fueron nombrados como financieros. Trend se incluyó en una lista negra del sector financiero, al igual que varias otras empresas relacionadas.
Todas aparecían en los libros de contabilidad que el equipo israelí les había dado a los estadounidenses tres años antes.
El precio de las acciones de Trend, que sigue cotizando en la bolsa de valores de Estambul, subió más del doble desde que se le añadió a la lista de sanciones. Durante el mismo periodo, dos accionistas sancionados de Trend vendieron 4,3 millones de dólares en acciones. Cuando se le preguntó si ese dinero se destinó a Hamás, el presidente del consejo administrativo de la empresa respondió que no lo sabía y que sería inapropiado preguntar.
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