Juego sucio

Este es el caso de Iván Moreno Rojas, hermano del alcalde de Bogotá; Carlos Romero, esposo de la secretaria de Gobierno de Bogotá; Mauricio Ospina, hermano del alcalde de Cali; Juan Camilo Londoño, hijo de la alcaldesa de Armenia; María Cristina Palau, hermana del alcalde de Tuluá, y Nora García Burgos, madre del alcalde de Montería.

Pues bien, un grupo de estudiantes de derecho de las universidades del Rosario y Andes presentó una demanda para que al menos estos seis candidatos al Senado de la República sean inhabilitados en su aspiración, por ser familiares de funcionarios de gobiernos locales. Según el grupo de estudiantes, liderado por Daniel Salamanca-Pérez y Paula Vargas, a partir de la reforma política de 2009 el Consejo Nacional Electoral (CNE) podrá revocar directamente las inscripciones de los candidatos que se encuentren inhabilitados. Consideran los demandantes que lo están en virtud del artículo 179, numeral 5 de la Constitución. La denuncia está también fundada en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece la obligación de garantizar el acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y que los Estados deben eliminar de sus legislaciones toda disposición contraria a ésta.

Los seis aspirantes alegan que por tratarse de curules al Senado, que se elige en circunscripción nacional, están exentos del régimen de inhabilidades. Su argumento no es más que una leguleyada pueril, porque es evidente que las ciudades donde sus parientes ejercen autoridad con capacidad de nombrar y contratar, forman parte del universo electoral nacional y es en éstas donde muy seguramente tienen el mayor caudal de votos, que definirán los resultados finales. Es esta circunstancia la que les otorga evidentes ventajas frente a los demás candidatos.

Me detengo en el tema precisamente porque es impresionante el abuso que algunos de los candidatos en cuestión están haciendo del aparato burocrático y de contratación de sus parientes, con fines electorales. Los rumores aturden y dan rabia. Hablan de las violaciones vulgares de las mínimas reglas de equidad, consustanciales con la democracia representativa.

Las elecciones legislativas quedaron reducidas a un pulso de fuerza entre las maquinarias políticas, aceitadas con la contratación pública, con la burocracia local y nacional, donde el voto ciudadano independiente queda ahogado. De allí que la composición del Congreso no presente renovación de fondo, y cuando se da es formal por el intercambio de curules entre parientes o protegidos, y ello a pesar de su temible desprestigio e impopularidad. Oportuna y democrática la demanda de los estudiantes para denunciar un nuevo abuso del viciado mecanismo electoral, que se da ante la mirada impotente de millones de ciudadanos con ganas de ejercer libremente su voto.