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La compraventa de cuatro oficinas en un exclusivo sector de Bogotá tienen bajo la lupa de las autoridades panameñas a cinco colombianos, que pasaron de codearse con la élite de la capital colombiana a estar señalados de lavado de activos en el país vecino. Se trata de las cabezas de Forex Investment Team (FIT), una empresa que, con la promesa de rentabilidades de hasta el 3% mensual sobre lo invertido, captó más de $7 millones de dólares de inversionistas que reclutaba en lujosos clubes y torneos de golf.
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El Espectador conoció una decisión de la justicia panameña con la que se reabrió la investigación por delitos financieros contra Jairo Sánchez Díaz, Margarita Báez, su hija María Margarita Garzón; Felipe Andrés García y Ainex Díaz. Los dos primeros fueron condenados en Colombia por captación de dinero, lavado de activos y no reintegro, pues la justicia concluyó que con FIT constituyeron una pirámide. Ellos se han declarado inocentes e interpusieron un recurso de casación en la Corte Suprema.
En septiembre de 2021, unos días antes de que el Tribunal de Bogotá condenara a Sánchez y Báez en segunda instancia, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá decidió reabrirles una investigación que había cerrado en 2015. Así, mientras en Colombia se comprobaba que “los acusados, por medio de la sociedad FIT, captaron dinero de por lo menos 80 personas, en cuantía de USD$ 7.073.517″, como reza la sentencia, en el país vecino crecían las sospechas de que una compraventa que pasó por su sistema financiero habría sido una operación de lavado de activos.
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Según la sentencia en su contra, los Sánchez Báez tras seducir a inversionistas en eventos sociales de las más altas esferas de Bogotá, los citaban a sus oficinas en el edificio World Trade Center, ubicado en la calle 100 con carrera 10, al norte de la ciudad. La Fiscalía comenzó a indagarlos en 2009 y, finalmente, les imputó cargos en 2014. Dos años más tarde, la Superintendencia de Sociedades intervino y congeló todos los bienes a su nombre. Menos las oficinas.
Al parecer, en diciembre de 2013, una sociedad panameña le vendió esas oficinas a un prestigioso laboratorio farmacéutico. La compañía extranjera que vendió los bienes se llama Semar International y estaba a nombre de María Margarita Báez, hija de una de las condenadas en Colombia. En total, le vendieron cuatro oficinas y cinco parqueaderos. A cambio, supuestamente, pactaron un pago de COP$2.310 millones. Las autoridades en Panamá tiene registro de que a ese país habría ingresado, al menos, la mitad de esa suma.
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Alrededor de USD$397.000 dólares ingresaron en 2013 a una cuenta de Helm Bank en Panamá. No obstante, esa cuenta bancaria estaba a nombre de una segunda sociedad llamada Tiny Capital Corp y, según registros de ese banco que hacen parte del expediente, habría sido por el pago de las oficinas del World Trade Center. Después de la millonaria venta se hicieron un par de transacciones más y finalmente fue cerrada en julio de 2014 por solicitud de María Margarita Garzón, según la decisión judicial.
Los fiscales de Panamá tienen indicios de que esos inmuebles “fueron adquiridos por los colombianos con dinero obtenido por supuesta actividad delictiva”. Sin embargo, en 2015 no había mayores claridades sobre cuál era el delito que habrían intentado tapar con la compraventa de las oficinas. Solo hasta 2021, ad portas de la sentencia contra los Sánchez Báez por el dinero que captaron con la pirámide FIT, fue que la investigación revivió.
Además, en Panamá ya tienen rastreados los movimientos bancarios de los cinco colombianos investigados y otras pruebas que remitió la Fiscalía. “Los documentos recibidos (de) las autoridades colombianas permiten en esta oportunidad demandar al juez para que proceda con la reapertura de la investigación, toda vez que hay elementos como la información bancaria y las sociedades Tiny Capital Corp, Bull and Bear Investmetn Corp. y Jesmar Panamá, que podrían estar relacionadas en la investigación”, dice en la decisión de la justicia panameña.
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Esta nueva arista del caso Forex se suma a las investigaciones que han desatado en Colombia denuncias por supuestos malos manejos de una alta funcionaria de la Fiscalía y por la nota con una extorsión que habría enviado una de las víctimas al condenado Jairo Sánchez. Todo un novelón judicial en el que se juegan fortunas de la élite bogotana, que ha acudido a todas las instancias buscando recuperar el dinero que, pensaron, sería invertido en el mercado de divisas Forex, y que terminó embolatado.
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