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Fue una de sus promesas de campaña: “Si soy elegido presidente, pondremos fin de inmediato al ataque de (Donald) Trump a la dignidad de las comunidades de inmigrantes. Vamos a restaurar nuestra posición moral en el mundo y nuestro papel histórico como refugio seguro para refugiados y solicitantes de asilo”, dijo Joe Biden en su discurso en la Convención Nacional Demócrata. Sin embargo, luego de casi tres años de gobierno, el presidente no solo ha fallado en desmantelar todo ese sistema de políticas antimigrantes de su predecesor, sino que estaría muy cerca de retomar aquellos puntos de la agenda republicana que sí había logrado desarmar.
Según Politico y CBS, la administración Biden se está preparando para implementar una nueva política de expulsión acelerada de migrantes en la frontera, muy similar al controvertido Título 42, la medida que instaló Trump para expulsar solicitantes de asilo con la excusa de proteger al país durante la emergencia sanitaria al inicio de la pandemia de covid-19.
Dicha política iría acompañada de un cambio en el mecanismo de las entrevistas de “miedo creíble”, el cual se usa para determinar si una persona que busca asilo enfrenta un peligro real de persecución en su país de origen antes de presentarse ante un juez de migración. Aquellos que no aprueben los nuevos estándares podrían enfrentarse a una expulsión acelerada. Este cambio dificultaría aún más la obtención de las aplicaciones de asilo.
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Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU), resaltó que, con estas medidas, Estados Unidos estaría incumpliendo su promesa de devolver a solicitantes de asilo de nuevo a una zona donde enfrentan peligro sin enfrentar una audiencia, la cual hizo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y organizaciones como Human Rights First han documentado los efectos que esto puede tener: más de 1.300 personas han sido secuestradas, violadas, extorsionadas o torturadas desde mayo, luego de ser devueltas a México para esperar por sus solicitudes de asilo.
No es la primera vez que Biden abraza la hoja de ruta de Trump frente a la migración: cabe destacar que el demócrata sostuvo el radical Título 42 durante sus primeros dos años de gobierno, incluso cuando los efectos de la pandemia disminuyeron. Pero la razón por la que Biden está considerando ahora de manera más abierta volver a estas políticas antimigrantes es simple: el presidente necesita asegurar más ayuda a Ucrania, y solo podrá obtenerla si le entrega una agenda antimigrante a los republicanos que controlan la Cámara de Representantes.
“Es impactante que la administración Biden esté de acuerdo con esto, pero parece que por razones políticas lo están contemplando. Es muy triste”, dijo Gelernt al medio Vox.
En medio de esta disposición de la Casa Blanca para aceptar cambios significativos en la política migratoria y en la seguridad fronteriza como moneda de cambio con los republicanos, hay dos consideraciones muy relevantes en la agenda. La primera es que los republicanos no están satisfechos solo con esas dos medidas que Biden tiene en la mesa: también buscan restringir el uso de la política de permisos humanitarios o el Beneficio Público Significativo para Personas que están Fuera de Estados Unidos (humanitarian parole, en inglés), la cual ha permitido que miles de personas en zonas de guerra, como los afganos y los ucranianos, puedan escapar a Estados Unidos. Y también piensan discutir una medida para permitir expulsiones aceleradas una vez se alcance un techo de arrestos en la frontera.
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Para la Casa Blanca, la posición del presidente resulta “consistente” con su enfoque de negociaciones en el pasado. “Entendemos que para llegar a un compromiso y lograr que se hagan las cosas en nombre del pueblo estadounidense, es necesario encontrar una manera bipartidista de hacerlo”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Pero los grupos defensores de derechos de la población migrante e incluso algunos miembros del Partido Demócrata le ha pedido a la administración Biden que considere estas medidas no solo por los efectos que tiene en los migrantes, sino el impacto que podría tener en su campaña.
“Arrojar a los inmigrantes debajo del autobús, algo que he visto suceder una y otra vez, no es una buena estrategia electoral”, le dijo la representante demócrata Pramila Jayapal (Washington-07), líder del Grupo Progresista del Congreso.
La segunda consideración que vale la pena rescatar en el debate de esta agenda migratoria es el giro que ha tenido hacia la derecha toda la búsqueda de soluciones para la crisis en la frontera. Incluso algunas figuras dentro del mismo Partido Demócrata han manifestado su deseo de que se tomen medidas más fuertes para contener la llegada de migrantes. El senador John Fetterman de Pensilvania dijo en una entrevista que su posición frente a la migración no es progresista y reclama medidas más estrictas. Por otro lado, el senador Mark Kelly de Arizona recalcó que “es fundamental que hagamos esto (adoptar el enfoque estricto que buscan los republicanos). También es fundamental para Ucrania”. Estas declaraciones de la semana pasada remarcan las fisuras que se van forzando al interior del partido del presidente. Nada conveniente entrando a un año electoral.
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